
La entrada en vigor de la nueva actualización del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026 ha supuesto una modificación relevante en las condiciones laborales de quienes trabajan en el servicio doméstico.
Con la fijación del SMI en 40,70 euros diarios o 1.221 euros al mes en 14 pagas —lo que equivale a 17.094 euros brutos anuales—, el Ministerio de Trabajo ha establecido la cuantía base común para todas las actividades económicas, independientemente de la edad o el género de la persona trabajadora.
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Este cambio normativo afecta a unos 2,5 millones de personas en España y, en el caso específico de las empleadas y empleados del hogar, tiene consecuencias destacadas. Su régimen laboral particular, donde abundan tanto los contratos a tiempo parcial como los acuerdos por horas en diferentes domicilios, hace que la actualización del SMI cobre una especial importancia para el sector.
Para la prestación de servicios por horas y en régimen externo, la legislación fija desde ahora la retribución mínima por cada hora efectivamente trabajada en 9,55 euros. Esta cantidad incluye obligatoriamente todos los conceptos salariales exigidos y es la referencia cuando la jornada semanal es inferior a la completa.
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La diferencia respecto al año anterior es de 29 céntimos por hora —el mínimo por hora era de 9,26 euros en 2025—, lo que representa un incremento del 3,1% en consonancia con el aumento general del salario mínimo.
Mejoras prácticas y protección salarial
Para quienes desempeñan veinte horas semanales en el sector, esta subida puede suponer al final del año una mejora que supera los 300 euros brutos, si bien la cuantía exacta depende de cómo se distribuyan las horas y se paguen las pagas extraordinarias.
Este aumento adquiere un valor particular en un sector caracterizado por la frecuente fragmentación de las jornadas y la prestación de servicios en varios hogares, lo que convierte el cálculo por horas en la referencia central para verificar el cumplimiento del mínimo legal.
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La normativa vigente obliga a que las cantidades establecidas como salario mínimo se abonen siempre en dinero. Así, conceptos como alojamiento o manutención —que existen en determinados supuestos de empleo interno— no pueden descontarse para rebajar el salario efectivo por debajo del umbral legal.
Por tanto, el salario en especie queda excluido como vía para compensar o absorber la cuantía mínima que debe cobrarse en metálico, una garantía legal destinada a evitar que la retribución real se vea rebajada por estas prácticas. El refuerzo de esta protección resulta especialmente significativo de cara a asegurar la equiparación progresiva de los derechos laborales en el régimen de empleo doméstico frente al régimen general.
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Área de aplicación y efectos retroactivos
Aunque el acuerdo relativo al nuevo SMI se ha formalizado en febrero de 2026, la actualización tiene efectos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Esto significa que cualquier persona empleada del hogar puede reclamar las diferencias salariales ya devengadas si su nómina no se ajustó desde enero a los nuevos importes.
La revisión del salario mínimo no solo afecta al colectivo doméstico. También se ha aplicado a quienes desempeñan trabajos eventuales o temporales, siempre que sus servicios para una misma empresa no superen los 120 días.
En estos supuestos, el salario diario mínimo fijado incluye la parte proporcional de domingos, festivos y pagas extraordinarias: para 2026, la cantidad por jornada no puede ser inferior a 57,82 euros. Aunque este grupo no corresponde directamente al empleo doméstico, el alcance de la medida demuestra la voluntad de que el salario mínimo actúe como garantía retributiva transversal en distintos ámbitos.
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