El Gobierno ha oficializado este lunes la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, que alcanzará los 1.221 euros brutos en 14 pagas tras un incremento del 3,1% respecto a 2025. El acto de firma, celebrado en la sede del Ministerio de Trabajo y protagonizado por Yolanda Díaz, Pepe Álvarez y Unai Sordo, ha contado con la presencia destacada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La ausencia de la patronal en esta cita, que sí participó en la última subida del SMI en 2020, ha marcado el tono político del evento: Sánchez ha dirigido duras críticas hacia los representantes empresariales por desmarcarse del acuerdo y ha urgido a las compañías a implementar subidas salariales.
En su intervención, Pedro Sánchez ha reprochado a la patronal su negativa a respaldar este aumento del SMI y ha subrayado que “la patronal ha decidido no estar aquí”. El presidente ha defendido la medida argumentando que “no es admisible que en un contexto de bonanza económica se mire con lupa el salario de quienes cobran el mínimo mientras hay beneficios millonarios”.
“Cuando toca apretarse el cinturón nos lo apretamos todos y cuando toca repartir, lo hacemos todos. Que nadie nos diga que no podemos subir los salarios cuando los beneficios crecen. El Gobierno está haciéndolo con lo que está en su mano, el SMI y Función Pública. Le pido a la patronal que cumpla su parte, que paguen más. Que vayamos a la subida de sueldos allí donde aún no la hay”, ha insistido.
“Que nadie nos diga que no podemos subir los salarios cuando los beneficios crecen”
En la apertura del evento se ha recordado que lo habitual es que el jefe del Ejecutivo acuda únicamente a la firma de acuerdos avalados por todas las partes del diálogo social, como ocurrió durante la aprobación de la última reforma de las pensiones en 2024. Sin embargo, en esta ocasión, la ruptura del consenso con los empresarios ha provocado un cambio de escenario.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha valorado ante los asistentes que Pedro Sánchez “siempre ha estado donde tenía que estar, en el lado correcto de la historia”. Díaz ha resaltado que Gobierno y sindicatos han mantenido negociaciones intensas en distintas materias y ha reiterado la voluntad del Ejecutivo de avanzar en la agenda de reformas laborales.
Entre las próximas iniciativas, la ministra ha enumerado la aprobación del nuevo registro horario, la reducción de jornada, medidas contra las horas extraordinarias no remuneradas, mayor protección frente a despidos injustificados y la regulación de las plataformas digitales.
El SMI ha incrementado el 66% desde 2018
La revisión anual del salario mínimo representa una de las acciones económicas más significativas que el Gobierno puede implementar sin necesidad de convalidación parlamentaria, lo que impide a la mayoría de derechas en el Congreso bloquear la medida. En contraste, ese bloqueo sí ha afectado a otras propuestas del Ministerio de Trabajo, como la reducción de jornada.
El acto protocolario de este lunes ha tenido una mayor repercusión pública que en anteriores ocasiones al congregar a numerosos representantes sindicales y de asociaciones profesionales, así como a integrantes clave del Ejecutivo, entre quienes figuran la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Educación, Milagros Tolón; el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; la ministra de Seguridad Social y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Desde 2018, año en que Pedro Sánchez asumió la presidencia tras una moción de censura a Mariano Rajoy, el salario mínimo ha experimentado un incremento del 66%, pasando de 736 euros a los actuales 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. Durante ese mismo periodo, los precios han subido un 23%, lo que se traduce en una ganancia real de poder adquisitivo para quienes perciben el SMI de en torno a 40 puntos.
La reacción de CEOE y Cepyme
El nuevo acuerdo SMI refuerza el compromiso del Ejecutivo con los sindicatos para aprobar por decreto una cuestión pendiente: impedir que las empresas absorban la subida mediante la supresión de pluses salariales. Aunque esta condición ya se pactó en el anterior incremento, el Gobierno ha manifestado, esta vez, su disposición a concretarla mediante la vía del decreto, prescindiendo de la vía parlamentaria.
CEOE y Cepyme se han mostrado contrarias tanto al propio aumento del salario mínimo como a cualquier alteración de la normativa sobre pluses. Consideran que esta reforma invade la competencia parlamentaria. Además, han rechazado la propuesta fiscal presentada por Hacienda, que planteaba una deducción creciente para empresas con salarios por encima del mínimo, y la han calificado de “trilera” e “intervencionista”, tanto por su forma como por su contenido. Finalmente, la iniciativa ni siquiera se debatió en la mesa de negociación tras el rechazo conjunto de los empresarios y el Ministerio de Trabajo.
Por otra parte, el salario mínimo se mantendrá exento de retenciones por IRPF. A diferencia de años anteriores, en esta ocasión no ha habido fricción entre los ministerios de Trabajo y Hacienda respecto a este asunto. Pese a que Yolanda Díaz barajó la posibilidad de que el SMI comenzara a tributar, María Jesús Montero ha respaldado la continuidad de la exención, alineando así la política fiscal con las demandas del Ministerio de Trabajo. Con estos cambios, el acuerdo recién firmado y anunciado será oficial tras su ratificación prevista por el Consejo de Ministros.
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