Trabajo encara la negociación final de la subida del SMI para 2026 con la patronal aún en duda

El Ministerio de Trabajo se reúne este lunes a las 10:00 horas con sindicatos y patronal para avanzar en la negociación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2026. El encuentro se produce con un planteamiento ya definido por el Gobierno, pero con varios frentes aún abiertos en el ámbito político y empresarial que condicionan el alcance del acuerdo.

Sobre la mesa está la propuesta del Ejecutivo de elevar el SMI un 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que supondría un incremento de 37 euros al mes respecto a la cuantía vigente. La iniciativa incluye mantener la exención del IRPF y aplicar la subida con carácter retroactivo desde el 1 de enero una vez sea aprobada formalmente.

La propuesta, formulada a principios de enero por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, se ajusta a las recomendaciones del Comité de Expertos que asesora al Gobierno. Fuentes de la negociación apuntan a que CCOO y UGT están dispuestos a avalar este incremento, lo que acerca un acuerdo con las organizaciones sindicales.

La clave del acuerdo no está en el porcentaje de subida

Más allá del porcentaje de subida, el foco del encuentro de este lunes se sitúa en los elementos estructurales que acompañan al salario mínimo. El Ministerio de Trabajo llevará a la mesa una propuesta pactada con el Ministerio de Hacienda para flexibilizar la Ley de Desindexación, con el objetivo de permitir que la subida del SMI pueda trasladarse en alguna medida a los contratos públicos.

La Ley 2/2015 de Desindexación de la Economía Española prohíbe la actualización automática de los precios de contratos públicos, rentas y tasas en función del IPC u otros índices. Tiene como objetivo evitar aumentos automáticos y contribuir al control de la inflación, obligando a que cualquier revisión de precios se justifique mediante un análisis de costes específico en cada contrato. Este marco normativo impide, en la práctica, que subidas salariales como la del SMI se trasladen de forma directa a la contratación pública.

Esta cuestión constituye una de las principales demandas de la patronal. La CEOE sostiene que, sin mecanismos de indexación en la contratación pública, los incrementos del salario mínimo generan un impacto directo en sectores intensivos en mano de obra que operan bajo contratos de larga duración con la administración, cuyos precios no se actualizan automáticamente.

Desde el ámbito empresarial se argumenta que en sectores como los servicios públicos, el mantenimiento, la atención social, la restauración colectiva o los servicios energéticos, los salarios concentran una parte mayoritaria de los costes operativos, lo que dificulta absorber subidas salariales sin una revisión de las condiciones económicas de los contratos.

El Gobierno ha abierto la vía a una posible flexibilización de la normativa de desindexación como instrumento para facilitar un acuerdo más amplio, aunque esta modificación aún debe concretarse jurídicamente y formar parte de una propuesta formal dentro del diálogo social.

En paralelo, la negociación incluye también el debate sobre la reforma de las reglas de absorción y compensación salarial, una reivindicación sindical orientada a impedir que los complementos salariales neutralicen en la práctica las subidas del SMI, y que se vincula al proceso de transposición de la directiva europea de salarios mínimos.

Dos escenarios posibles

La reunión de este lunes abre dos escenarios. Por un lado, un acuerdo tripartito entre Gobierno, sindicatos y patronal que permita cerrar la subida del SMI de 2026 con consenso social amplio. Por otro, un pacto bilateral entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales, con la patronal al margen del acuerdo, un esquema ya repetido en anteriores ejercicios.

Desde el Ministerio de Trabajo subrayan que la aprobación del nuevo SMI no depende jurídicamente del respaldo empresarial, pero reconocen que el objetivo es alcanzar un acuerdo que permita ordenar su impacto económico y reducir las tensiones estructurales asociadas a su aplicación en sectores regulados por contratación pública.

A pocas horas del encuentro, la propuesta salarial está sobre la mesa y las posiciones de los actores están definidas, pero el resultado del diálogo social sigue abierto y pendiente de la negociación que se desarrolle en la reunión de este lunes.