El Gobierno acuerda implantar la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración Pública a partir de febrero

El Ministerio de Función Pública y las organizaciones sindicales mayoritarias del sector público han alcanzado un acuerdo para avanzar en la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales y el desarrollo del teletrabajo en la Administración General del Estado. El compromiso, según han informado CCOO, UGT y CSIF, se materializará a través de reuniones a lo largo del mes de enero con el objetivo de concretar ambas medidas, que afectarán exclusivamente al personal de la administración estatal, con la exclusión expresa de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

La medida no tendrá impacto sobre los empleados públicos de las comunidades autónomas ni de las entidades locales, ya que se circunscribe únicamente al ámbito de la Administración General del Estado. El acuerdo se ha producido en el marco del diálogo social abierto entre Función Pública y los sindicatos, dentro de las comisiones de seguimiento de los compromisos aún pendientes del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI y del nuevo Acuerdo Marco de Condiciones Laborales, firmado recientemente por las tres organizaciones sindicales.

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Según ha señalado el secretario de Administración del Estado de UGT Servicios Públicos, Carlos Álvarez, el compromiso del departamento que dirige la política de personal de la administración estatal pasa por implantar la jornada de 35 horas ya en el mes de febrero. De cumplirse este calendario, sería la primera vez en la historia de la Administración General del Estado que se establece de forma generalizada una jornada semanal de 35 horas para su personal funcionario y laboral.

Un cambio histórico en la jornada laboral estatal

En la actualidad, la jornada laboral de los empleados públicos de la administración estatal se sitúa en las 37,5 horas semanales. Aunque desde la década de los años noventa numerosas administraciones públicas, especialmente autonómicas y locales, comenzaron a adoptar la jornada de 35 horas, el ámbito estatal nunca llegó a aplicarla de forma efectiva. Esta situación se vio agravada en 2012, cuando los recortes derivados de la crisis financiera eliminaron la posibilidad de mantener o implantar esa reducción de jornada en el conjunto de las administraciones públicas.

La prohibición de establecer jornadas inferiores a las 37,5 horas se mantuvo vigente hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018. A partir de ese momento, distintas comunidades autónomas y ayuntamientos han ido recuperando progresivamente las 35 horas semanales, aunque la Administración General del Estado había quedado al margen de ese proceso hasta ahora.

Para hacer efectiva la reducción de jornada, los responsables de Función Pública han trasladado a los sindicatos su intención de reunirse durante el próximo mes con los distintos departamentos ministeriales. El objetivo de estos encuentros será concretar cómo se aplicará la nueva jornada en los diferentes ámbitos administrativos, teniendo en cuenta las particularidades de cada servicio. Según han explicado las organizaciones sindicales, estas concreciones podrían dar lugar a algunas excepciones en la aplicación de las 35 horas, en función de las necesidades organizativas o de la naturaleza de determinados puestos.

Teletrabajo y nuevos grupos de trabajo

Junto a la reducción de la jornada laboral, el acuerdo incluye el impulso del teletrabajo en la Administración General del Estado. No obstante, los sindicatos reconocen que su desarrollo requerirá más tiempo. Carlos Álvarez ha indicado que, aunque el teletrabajo comenzará a impulsarse también a partir del mes de enero, su implantación efectiva será más gradual, dada la necesidad de regular aspectos organizativos, tecnológicos y de control de la actividad.

El avance de estas medidas se enmarca en el seguimiento del nuevo Acuerdo Marco de Condiciones Laborales, que ya contempla, entre otros aspectos, una subida salarial para los empleados públicos. En este contexto, la comisión de seguimiento del acuerdo ha acordado volver a reunirse el próximo 29 de enero con el fin de constituir varios grupos de trabajo encargados de desarrollar el resto de compromisos pendientes.

En concreto, está prevista la creación de grupos específicos en materia de Igualdad, Digitalización e Inteligencia Artificial, Salud Laboral y Empleo Público. Estos equipos deberán abordar cuestiones relacionadas con la modernización de la administración, la incorporación de nuevas tecnologías, la prevención de riesgos laborales y la planificación de recursos humanos.

Además, el sindicato CSIF ha planteado la creación de tres nuevos grupos de trabajo adicionales. Las propuestas incluyen un grupo centrado en Promoción Interna y Clasificación Profesional, otro sobre Mutualismo Administrativo y Clases Pasivas, y un tercero dedicado a Derechos Laborales. Estas iniciativas pretenden ampliar el alcance del acuerdo y abordar reivindicaciones históricas del personal al servicio de la Administración General del Estado.