La justicia ‘salva’ del derribo una plaza de toros que fue construida volando pinos con explosivos y reduce la pena de prisión para el alcalde que pasó del PSOE al PP

El tribunal señala que la plaza es ilegal, pero que su derribo perjudicaría a los vecinos

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La plaza de toros de
La plaza de toros de Almoguera

El municipio de Almoguera, en Guadalajara, seguirá teniendo su plaza de toros. La Audiencia Provincial de la región ha rebajado la condena de prisión impuesta inicialmente por un juzgado de lo Penal al exalcalde de la localidad, Luis Padrino Martínez, que construyó esta instalación taurina en una parcela de monte reforestado. Fue condenado a 36 meses de prisión y una multa de 8.640 euros por los delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio.

Ahora, la Audiencia reduce a 15 meses la pena de prisión (lo que impide su encarcelación) y a 4.344 euros la sanción económica. Los magistrados han tenido en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas del procedimiento, que ha durado más de siete años. La sentencia señala que la plaza de toros fue construida de forma ilegal, pero no ordena su derribo.

Esta historia comienza casi por el final, en 2018, cuando un vecino del municipio denunció la construcción de la plaza de toros, después de que, en 2003, Padrino cambiara el plan urbanístico del municipio para recalificar el uso de una parcela de 70.000 metros cuadrados prevista originariamente para edificar unas 35 viviendas protegidas. Se trataba de suelo rústico que había sido reforestado. Para poder hacer la plaza de toros, el Ayuntamiento dirigido por Padrino no dudó en talar pinos que habían sido plantados 16 años antes en la zona, llegando a utilizar voladuras con barrenos.

Nueve años después, en septiembre de 2012, la plaza de toros fue inaugurada tras pagar 556.000 euros. Tras la denuncia, de 2018, la investigación judicial y el juicio, Padrino fue condenado en diciembre de 2023 a tres años de prisión, multa e inhabilitación, y obligó a la demolición de la plaza de toros, derribo que deberían pagar todos los condenados de manera solidaria (junto a Padrino, fueron juzgados la exinterventora municipal y la exarquitecta). También debían restaurar el estado original de la parcela donde está la plaza de toros.

Luis Padrino, cuando era alcalde
Luis Padrino, cuando era alcalde de Almoguera. (Canal Castilla-La Mancha)

Padrino, obviamente, recurrió. Uno de los aspectos más relevantes de esta última sentencia es que la Audiencia Provincial de Guadalajara ha dejado sin efecto la orden de demoler a cargo de los tres condenados la plaza de toros. La ponente de la sentencia, en este caso la presidenta de este tribunal, Elena Mayor Rodrigo, entiende en su fallo que “en este caso concreto se aprecian razones excepcionales que justifican que se mantenga la obra ilegalmente impulsada”. Y eso que el tribunal reconoce que “la construcción de la plaza de toros se realizó en suelo no urbanizable y, además, la construcción es no autorizable de acuerdo con la legalidad vigente en el momento de la construcción”. No obstante, aunque “la obra se realizó contrariando la regulación más esencial establecida para la ordenación de los usos del suelo rustico, se trata de una obra pública, propiedad del Ayuntamiento y utilizada por sus ciudadanos, quienes en última instancia se verían perjudicados con dicha demolición, pues les impediría hacer uso de unas instalaciones en cuya construcción se estuvo de acuerdo por todo el Pleno”.

Luis Padrino ha sido un alcalde peculiar, y muy longevo en su periplo político. Llegó a la Alcaldía de esta pequeña localidad manchega (1.400 vecinos) en junio de 2001. Primero fue regidor durante muchos años bajo las siglas del PSOE (elecciones de 1991, 1995, 1999, 2003 y 2007). Hasta que los socialistas le echaron en el verano de 2007, después de que Intereconomía hiciera pública una grabación en la que se ofrecía como intermediario para recalificar una finca de 300 hectáreas que pertenecía a un famoso empresario entonces imputado en el ‘Caso Malaya’. Consiguió mantener la Alcaldía, primero como independiente en 2011, luego en la candidatura del PP (en las elecciones de 2015) y finalmente como independiente en los comicios de 2019. En 2023 se volvió a presentar con ‘Hablamos Almoguera’, consiguiendo tres concejales. Ese año apoyó una moción de censura para dar el bastón de mando al actual alcalde, Antonio Barona (PSOE). Tras ese pacto, renunció al acta de concejal.

¿Y la Junta?

Fernando Jabonero, licenciando en Ciencias Físicas, ex concejal del PSOE en otro municipio de Guadalajara (Pastrana) y cofundador de la plataforma ‘Stop Corrupción’, ha presentado una solicitud ante el Gobierno regional de Castilla-La Mancha para que derribe la plaza, ya que el Ayuntamiento de Almoguera “no ha incoado expediente de disciplina urbanística, no ha declarado la nulidad de los actos que permitieron la obra y no ha ordenado la demolición, pese a tratarse de una infracción urbanística grave e insubsanable”.

Jabonero se pregunta por qué la Junta no se personó en la causa penal, ya que los árboles que fueron talados estaban en un monte consorciado, es decir, aunque el suelo es de titularidad municipal, la gestión y la copropiedad del vuelo forestal (la masa arbórea) corresponden a la Junta. “Es indiscutible que el Ejecutivo autonómico tiene interés patrimonial y que el deber de su defensa es imperativo para sus autoridades y funcionarios”.

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Infobae ha intentado, sin éxito, hablar con el actual alcalde de Almoguera. Respecto a las otras dos acusadas, la exinterventora municipal y la exarquitecta honorífica de este municipio, la Audiencia Provincial las ha absuelto del delito contra la ordenación del territorio por el que habían sido condenadas a la pena de un año y seis meses de prisión, además de una multa de 12 meses a razón de 12 euros al día, y la inhabilitación para cualquier empleo relacionado con la construcción por dos años.

Según el tribunal, “no participan en dicho delito, sino que cometen otro distinto, específico, de prevaricación urbanística”, por el que han sido condenadas a nueve meses y un día de prisión, seis meses y un día de multa a razón de 12 euros al día e inhabilitación para cualquier cargo o empleo público por tiempo de 3 años, 6 meses y un día.