Dimite la concejala del Ayuntamiento de Alicante por la adjudicación de una vivienda pública valorada en 200.000 euros

La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, ha presentado su dimisión después de trascender que figura entre las adjudicatarias de una vivienda pública en la playa de San Juan, una de las zonas más privilegiadas de Alicante. La promoción es la única de protección oficial desarrollada en la ciudad en las dos últimas décadas.

Su adjudicación no está sola. En el foco también se encuentran el arquitecto municipal Francisco Nieto y dos hijos de la hasta ahora directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman. La noticia se conoció este jueves, publicada por el diario Información. Horas más tarde, el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ordenó la apertura de un expediente para esclarecer si existieron irregularidades en la adjudicación de estas viviendas, ubicadas, según el citado medio una urbanización de 134 pisos de tres y cuatro dormitorios con piscina, gimnasio, club social y pistas de pádel y polideportiva, entre otros servicios comunes.

La edil ha explicado que adopta esta decisión para que la investigación “pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo”, tras haber entregado toda la documentación solicitada y al encontrarse actualmente de baja por maternidad, según ha informado Europa Press. Ya esta mañana ha dimito Pérez-Hickman.

Barcala ha asegurado que la concejala de Urbanismo, arquitecta de profesión, adquirió la condición de adjudicataria de una de las viviendas públicas investigadas en la playa de San Juan “cinco años antes” de entrar en política. Esta misma respuesta también se la dio la concelaja a la Información, cuya vivienda está situada en una quinta planta, con 89,39 metros cuadrados, más una plaza de garaje de 12,29 m² y un trastero de 10,45 m² útiles por un importe total que supera los 200.000 euros.

El alcalde ha hecho un “llamamiento” a que “se modifique la normativa de acceso a viviendas sociales” y se ha mostrado “convencido” de que esa petición la van a recoger “la Generalitat” y “el Gobierno de España”. También ha mostrado “máxima contundencia a la hora de depurar las responsabilidades”. “Caiga quien caiga, sea lo que sea”, ha apostillado.

En relación a la normativa actual, ha afirmado que “la normativa autonómica tiene que garantizar que solo y exclusivamente” aquellas personas “que cumplen los requisitos de vulnerabilidad” puedan acceder a una vivienda social. El primer edil ha subrayado: “No voy a permitir, bajo ningún concepto, que alguien que no está en situación de vulnerabilidad, alguien que no puede, que no debe acceder a una vivienda social, acceda a ella y deje sin vivienda a alguien que realmente la necesita”. Ha extendido esta postura a “todas las viviendas que tanto el Ayuntamiento como la Generalitat como la iniciativa privada promuevan en la ciudad de Alicante”.

La oposición irá a la Agencia Antifraude

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha instado al alcalde a “asumir responsabilidades” por la polémica. “Pervertir el sistema para que familiares directos obtengan un piso en un asunto tan serio como este es indecente. El señor Barcala tiene que asumir responsabilidades, porque la Comunidad Valenciana no puede ser un espacio donde el poder sea sinónimo de privilegios”, ha asegurado este viernes.

En la misma línea, el grupo socialista municipal ha anunciado que llevará a la Agencia Antifraude lo que considera un “pelotazo urbanístico” y ha concluido que se trata “del mayor escándalo” en la ciudad coincidiendo con “un momento de crisis habitacional y de la vivienda en toda España”.

*Con información de EFE y Europa Press