La Comisión Europea ha avanzado este martes en su intención de excluir de las redes de telecomunicaciones y otras infraestructuras críticas de los países miembros a proveedores extranjeros de alto riesgo como las tecnológicas chinas Huawei y ZTE, planteando que las recomendaciones de seguridad para las redes 5G que realiza Bruselas sean obligatorias.
“Las amenazas de ciberseguridad son riesgos estratégicos para nuestra democracia, economía y estilo de vida”, ha argumentado la vicepresidenta ejecutiva de la CE, Henna Virkkunen, en referencia a la propuesta de reformar la Ley de Ciberseguridad de la Unión, alegando que estos peligros no se tratan solo de simples retos técnicos.
Según la mandataria, esta paquete de medidas es un paso importante para asegurar la soberanía tecnológica europea y garantizar “una seguridad mayor para todos”, por lo que la UE ofrecerá todos los medios necesarios para “proteger mejor las cadenas de suministros de las infraestructuras críticas y combatir de manera decisiva del ciberataques”.
Así, la reforma de la Ley de Ciberseguridad, que todavía debe ser negociada con los Estados miembros y el Parlamento Europeo, prevé la eliminación obligatoria de riesgos de las redes europeas de telecomunicaciones móviles provenientes de proveedores de terceros países de alto riesgo. Por el momento, Bruselas aporta criterios para identificar estas compañías, pero, una vez se apruebe la legislación, que contará con una ‘lista negra’, los países tendrán hasta tres años para cancelar sus contratos con los proveedores vetados.
Según adelantó Virkkunen, la norma todavía “no define país o compañía alguna” porque esto se hará una vez se hayan realizado las evaluaciones de riego concretas. En el caso de las redes 5G, la vicepresidenta del CE ha confirmado que la UE facilitará un “catálogo de proveedores de servicios problemáticos” y vigilará a los Estados para que, en el plazo establecido, dejen de participar en contratos con ellas.
Bruselas señaló a España por su contrato con Huawei
En 2023, desde Bruselas ya se había señalado a las tecnológicas Huawei y ZTE como proveedores que presentan “riesgos sustanciales más altos” que otros competidores en el sector del 5G, comprometiéndose a evitar la exposición de sus comunicaciones corporativas a las redes móviles de estas dos compañías. Además, respaldó decisiones de países de la UE que excluyeron a estas empresas por considerarlas de riesgo y animó al resto de Estados miembros a tomar medidas similares.
Tras esta advertencia, en septiembre de 2025, la vicepresidenta ejecutiva de la CE señaló el “riesgo de injerencia extranjera” que planteaba el contrato que el Ministerio del Interior de España tuvo con Huawei para el almacenamiento de escuchas telefónicas judiciales del sistema SITEL, alegando que creaba “una dependencia” en un sector crítico.
Desde el Ministerio del Interior aseguraron entonces que el sistema OceanStor Dorado era un sistema estanco, que no permitía el acceso de terceros a ningún tipo de información y que la contratación de sistemas de almacenamiento de Huawei "no comporta ningún riesgo para la seguridad y cumple con los niveles requeridos en el Esquema Nacional de Seguridad, regulado en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo”.
Además de reforzar la protección frente a amenazas extranjeras, la reforma busca simplificar las normas regulatorias, racionalizar la recopilación de datos sobre ataques ransomware y facilitar la supervisión de las entidades transfronterizas con la función de coordinación reforzada de ENISA, agencia que ganará medios para ayudar a las empresas y gobiernos a entender las amenazas y prepararse ante ellas.
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