El Senado invierte 65.340 euros en renovar los teléfonos móviles del personal: cambiará 140 dispositivos que tienen tres años de antigüedad

La Mesa del Senado ha aprobado la adjudicación de un contrato por valor de 65.340 euros destinado a la renovación de hasta 140 teléfonos móviles de gama media para el personal de la Cámara Alta. La decisión se apoya en un criterio técnico: los terminales anteriores habían superado ya los tres años de vida útil, el periodo que la propia institución considera razonable para este tipo de dispositivos en un entorno profesional. El acuerdo figura en la documentación del suministro a la que ha tenido acceso Europa Press y se enmarca en la política ordinaria de actualización de medios materiales del Senado.

El contrato ha sido adjudicado a la empresa CentroMIPC S.L., que será la encargada de distribuir los nuevos teléfonos. En el expediente administrativo, la Cámara justifica la operación señalando que los móviles en uso habían agotado su ciclo funcional, lo que hacía “oportuna” su sustitución para garantizar la continuidad del servicio y evitar incidencias derivadas de la obsolescencia tecnológica.

Un contrato que viene de 2020

El origen de esta renovación se remonta a febrero de 2020, cuando entró en vigor el anterior contrato de servicios de comunicación móvil del Senado. Aquel acuerdo contemplaba el suministro de un terminal por cada línea telefónica de perfil 2, con un modelo concreto y una capacidad de almacenamiento de 64 gigabytes. Inicialmente estaban previstos 140 dispositivos, aunque finalmente se entregaron 154, después de que la empresa adjudicataria incluyera una mejora en su oferta que añadía un 10% de terminales adicionales como stock libre.

Ese contrato preveía expresamente la posibilidad de renovar los teléfonos una vez superados los 25 meses de duración inicial del servicio, un hito que se alcanzó en mayo de 2022. Sin embargo, los dispositivos continuaron utilizándose hasta completar tres años de uso efectivo, el umbral que ahora ha servido de referencia para impulsar la nueva adjudicación. La operación aprobada por la Mesa pretende, según la documentación interna, mantener un parque móvil homogéneo y funcional sin introducir cambios sustanciales en el tipo de terminales ni en su nivel de prestaciones.

Los nuevos teléfonos irán destinados principalmente a trabajadores del Senado. Los senadores, por su parte, disponen de móviles y tabletas de una gama superior, entregados al inicio de la legislatura, en línea con una política de dotación diferenciada según el perfil institucional y las funciones desempeñadas dentro de la Cámara.

Tecnología para una institución clave

El Senado forma parte, junto con el Congreso de los Diputados, de las Cortes Generales. Su papel institucional incluye la elaboración y revisión de las leyes, la función de cámara de segunda lectura y el ejercicio de control al poder ejecutivo. Para desarrollar estas tareas, la Cámara Alta necesita contar con recursos materiales y tecnológicos adaptados a las exigencias actuales de funcionamiento y coordinación.

En este contexto, los teléfonos móviles se consideran una herramienta básica de trabajo, tanto para la comunicación interna como para la gestión cotidiana de la actividad parlamentaria. Desde la institución se subraya que la renovación periódica de estos equipos responde a criterios de eficiencia y continuidad del servicio, y no a una ampliación de medios. La actualización tecnológica se presenta como una necesidad para evitar problemas de compatibilidad con aplicaciones, sistemas de seguridad o redes de comunicación.

Otro contrato para móviles de “última generación”

De forma paralela, el Senado ha adjudicado otro contrato para la adquisición de 180 teléfonos móviles de gama media y de última generación, con un coste total de 54.000 euros. En este caso, los dispositivos estarán asignados a miembros de la Cámara y han sido adjudicados a una pequeña y mediana empresa que, según el expediente, ofrece terminales avanzados, de manejo sencillo y adecuados para las necesidades del trabajo parlamentario.

El pliego de prescripciones técnicas establecía una serie de requisitos precisos: los teléfonos debían ser de última generación, ergonómicos y contar con una garantía mínima de tres años. Además, debían ser nuevos, plenamente operativos, con la misma configuración para todos los usuarios, libres de operadora y conformes con la normativa nacional y europea en materia medioambiental, compatibilidad electromagnética, reducción de radiación y seguridad.

El documento excluye expresamente el suministro de prototipos o dispositivos reacondicionados. Cada móvil deberá entregarse con su cable y adaptador de corriente, de forma separable, para cumplir con la Guía de contratación ecológica del Senado y con el apartado dedicado a contratación pública ecológica del I Plan Estratégico de Gestión Sostenible del Senado 2012-2024. La empresa adjudicataria asumirá tanto la administración como la logística de la entrega y la documentación técnica asociada a cada equipo.

El precedente de Apple y la diferencia de cifras

La renovación de teléfonos móviles no es una práctica inédita en la Cámara Alta. En 2023, el Senado aprobó una inversión muy superior para sustituir los smartphones y tabletas de 256 senadores. Aquel pliego de condiciones solo podía ser satisfecho por dispositivos de la compañía Apple y fijaba un presupuesto de 940.000 euros, ampliable hasta 1.137.400 euros con IVA, para la adquisición de teléfonos y tabletas de alta gama, además de fundas, cargadores y auriculares.

El contraste entre aquella operación y las adjudicaciones actuales es notable. Frente a los casi un millón de euros de entonces, los contratos ahora aprobados suman poco más de 119.000 euros. Según se desprende de la documentación, la diferencia responde al tipo de dispositivos, al perfil de los destinatarios y a la finalidad del suministro. A mediados de 2025 ya se produjo una compra similar, con la adquisición de 140 móviles para asistentes y trabajadores del Parlamento por un importe de 103.363 euros, con el mismo objetivo de renovar los teléfonos del personal y garantizar su operatividad dentro de la Cámara Alta.