Qué piden los médicos en huelga: un estatuto propio, mejoras en las guardias y jubilación anticipada

Al menos dos tercios de los médicos y facultativos de toda España están llamados a dos jornadas de huelga que comienzan este miércoles 14 de enero. La Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), conformada por 15 sindicatos y asociaciones médicas nacionales y regionales, ha convocado los paros en protesta contra el Estatuto Marco, norma que regula las condiciones laborales de todos los profesionales sanitarios.

El Ministerio de Sanidad negocia la actualización de este texto desde hace más de tres años con los sindicatos presentes en el Ámbito de Negociación, la mayoría de corte generalista, con los que habría alcanzado un preacuerdo a finales de año. Sin embargo, los sindicatos exclusivamente médicos se consideran discriminados en los borradores del anteproyecto de ley publicados y exigen la creación de un estatuto propio, que regule de forma única las particularidades de su profesión.

Se trata de una pretensión que la cartera de Mónica García ha rechazado en más de una ocasión, pues considera que provocaría una ruptura dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS). No obstante, parece ser una reclamación a la que los sindicatos médicos no están dispuestos a renunciar y que ha provocado la convocatoria de una primera huelga en 2026 en Madrid, Cataluña, País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Murcia y Asturias, así como en todos los centros de atención primaria.

Las razones de la huelga de médicos

Las guardias, actualmente obligatorias y de 24 horas, es el punto que más mueve a los facultativos del país. El borrador propuesto por Sanidad introduce un cambio relevante: reduce la duración máxima de la guardia continuada a 17 horas, de modo que ningún médico tendrá que trabajar más de ese tiempo seguido en presencia física, con descansos obligatorios antes y después del turno y sin que tengan que recuperar posteriormente esas horas.

No obstante, los sindicatos ven esta modificación como insuficiente y recuerdan que la propia norma incorpora excepciones “voluntarias” para volver a alcanzar las 24 horas de jornada originales. Las organizaciones y sindicatos médicos reclaman que las guardias dejen de ser obligatorias, algo que Sanidad rechaza al considerar que impediría garantizar “el derecho a la protección de la salud de los ciudadanos”.

La remuneración de estas jornadas también es un punto conflictivo, pues las horas de guardia (extraordinarias para los sindicatos) se pagan siempre por debajo de la hora ordinaria. Las organizaciones reclaman que el pago de las guardias esté por encima de la jornada ordinaria y que el tiempo extra invertido en el trabajo cuente para su jubilación.

Sin embargo, el ministerio alega que la remuneración depende de las comunidades y advierte que imponer una cuantía mínima estatal podría vulnerar competencias autonómicas y hacer que el artículo sea invalidado por el Tribunal Constitucional. Algo similar ocurriría con la jubilación anticipada que piden los sindicatos: Sanidad entiende que tocar este asunto excede las competencias del Estatuto Marco.

Además, los sindicatos exigen “una jornada justa”. Actualmente, los médicos pueden trabajar una jornada máxima de 48 horas en cómputo semestral, que el ministerio quiere reducir a 45 horas. Los facultativos, sin embargo, exigen una reducción hasta las 35 horas, algo que ya disfrutan otras profesiones del SNS.

Las comunidades del PP piden incluir a los sindicatos médicos en las negociaciones

En medio de las tensiones con los médicos, Mónica García se ha dirigido a las comunidades autónomas para conocer su postura ante las reclamaciones de los facultativos, pues entiende que afectan directamente “al desarrollo de las políticas autonómicas de recursos humanos”. En respuesta a su misiva, las consejerías dirigidas por el Partido Popular han exigido que el ministerio “rectifique el rumbo” e incluya en las negociaciones a todos los actores implicados en la reforma, entre ellos los sindicatos médicos y otros ministerios, como Hacienda. Entienden que, hasta ahora, se han alcanzado “preacuerdos parciales con una parte de los profesionales”, excluyendo a otros.

Los consejeros del PP han trasladado su “voluntad la gestión ”claramente sectaria" que se ha hecho del proceso y que la ministra pretenda ahora “trasladar la responsabilidad a las comunidades autónomas de una situación caracterizada por la falta de rigor, la ausencia de informes y un evidente clima de confrontación”. Para ellos, la carta de García “parece responder más a una estrategia de proyección mediática que a un verdadero ejercicio de cooperación institucional”.