Aunque las negociaciones del Estatuto Marco parecen avanzar con algunos sindicatos, las organizaciones exclusivamente médicas se mantienen en pie de guerra. La Agrupación Por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), que aglutina varios sindicatos autonómicos, ha convocado dos jornadas de huelga para los días 14 y 15 de enero en reclamación de un estatuto propio que regule las condiciones particulares de la profesión médica.
La organización ha llamado a la huelga a un total de 175.000 facultativos de todo el país, repartidos por gran parte de la geografía nacional. Los paros, anunciados en el mes de noviembre, buscan que el conflicto abierto entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos exclusivamente médicos “no se enfríe”, según ha expresado Apemyf en un comunicado. “La profesión médica ha dicho basta ante el maltrato continuado de las administraciones y mantiene intacta su determinación para seguir movilizándose si no se atienden sus demandas”, han asegurado.
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El centro de la disputa es el Estatuto Marco, norma que regula las condiciones laborales de todos los sanitarios en España. Tras un año intenso de reuniones y movilizaciones, los sindicatos generalistas del Ámbito de Negociación (CSIF, CCOO, UGT, SATSE-FSES y CIG-Saúde) parecen encaminados al acuerdo con el Ministerio de Sanidad, pero los médicos han dicho sentirse excluidas de las conversaciones y discriminadas en los textos acordados. Por ello, han reclamado su propio estatuto, que contemple las particularidades de la profesión, como las guardias. Es una reclamación a la que el Ministerio de Sanidad se ha negado en rotundidad, pues considera que segregaría el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Huelga de médicos en España
Apemyf ha convocado dos días de paros a través de las organizaciones sindicales que lo conforman. La agrupación cuenta con la participación de Metges de Catalunya, el sindicato madrileño Amyts, el Sindicato Médico de Euskadi (SME), el Sindicato Médico de Navarra (SMN), el Sindicato Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA), el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA), el Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA), el Sindicato de Médicos de Aragón (CESM Aragón), el Sindicato Médico de Galicia (SIMEGA), el Sindicato Médico Avanza Valencia, la Asociación Médicos Unidos por sus Derechos (MUD), la Asociación MIR España (AME), el Sindicato Asociación Avanza Médica (Murcia), el Sindicato Médico de La Rioja, el Sindicato de Médicas y Médicos de Atención Primaria (SMP) y el Sindicato de Médicos y Facultativos de Madrid (SIME).
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La convocatoria de huelga afectaría, por tanto a todos los médicos de atención primaria y a gran parte de los facultativos de atención hospitalaria del país. Los paros serán secundados en la Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco, Galicia, Canarias, Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja.
En la capital, además, se ha convocado una manifestación el miércoles 14 de enero a las 10:00 horas, que partirá del Congreso de los Diputados y concluirá frente al Ministerio de Sanidad. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han mostrado su apoyo a la huelga, pero no la secundarán.
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Sanidad pide la opinión de las comunidades autónomas
En el marco de las movilizaciones médicas convocadas, el Ministerio de Sanidad ha decidido consultar a las comunidades autónomas para conocer su postura respecto a las reclamaciones de los facultativos. En una dirigida a las consejerías, la ministra Mónica García ha solicitado a las regiones que se posicionen ante cuestiones como la aprobación de un estatuto propio del personal médico, el establecimiento de un precio de la hora de guardia superior al de la hora ordinaria de trabajo o la voluntariedad de las jornadas de guardia en sí.
En el escrito, García destaca que se ha alcanzado un preacuerdo con el resto de sindicatos para aprobar un nuevo Estatuto Marco, que “ha permitido consolidar una reforma largamente esperada”. La ministra considera que las peticiones de los médicos “exceden el contenido propio del Estatuto Marco” y afectan directamente “al desarrollo de las políticas autonómicas de recursos humanos”, por lo que solicitan “la valoración de las comunidades autónomas” al respecto.
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