La polémica del Hospital de Torrejón llega a los tribunales: un juzgado investiga cuatro denuncias por “posibles irregularidades”

Un juzgado de instrucción de Torrejón de Ardoz ha abierto una investigación respecto a la gestión del Grupo Ribera del Hospital público de Torrejón. Las pesquisas se inician después de que la Fiscalía de Alcalá de Henares haya unificado cuatro denuncias por posibles irregularidades en el centro, “que consistirían en diversas manipulaciones con la finalidad de aumentar el rendimiento económico en detrimento de la prestación adecuada de los servicios sanitarios a los ciudadanos", según ha publicado el diario El País.

El Hospital de Torrejón, centro público de gestión privada, saltó a las cabeceras mediáticas después de que dicho periódico publicase varios audios en los que se escuchaba a Pablo Gallart, CEO de Grupo Ribera y entonces encargado de la gestión del hospital, pedir a sus subordinados “desandar el camino” que habían comenzado en 2022 para reducir sus listas de espera. El empresario buscaba así aumentar los beneficios del hospital público y animaba al resto de altos cargos a “identificar qué procesos no son contributivos para el EBITDA [rentabilidad antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones]“. Posteriormente, Gallart hablaba de encontrar mecanismos que les permitiese ”captar o no captar" nuevos pacientes, según lo rentable que fuese.

Tras la publicación de El País, el sindicato de enfermería SATSE apuntó a que el Servicio de Urgencias del centro había recibido órdenes de modificar el triaje para asignar criterios de gravedad menores o mayores, sin tener en cuenta criterios clínicos, para reducir tiempos de espera de patologías más leves, a expensas de tardar más en atender a personas con un cuadro de mayor gravedad. Asimismo, el centro fue acusado de dar órdenes a sus trabajadores de reutilizar material sanitario de un solo uso.

Cuatro denuncias contra el Hospital de Torrejón

La investigación iniciada por el juzgado de Torrejón de Ardoz responde a cuatro denuncias recibidas por la Fiscalía: una procedente del PSOE, del abogado Francisco Javier Flores Vaquerizo, de la asociación Defensor del Paciente y de una fuente anónima. El ministerio público unificó después las cuatro, que han motivado el inicio de las pesquisas judiciales.

Dado que el juzgado ya ha abierto una causa en el caso, la Fiscalía ha procedido a archivar sus diligencias, si bien ha estimado que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación, según informa El País.

La Comunidad de Madrid no encuentra irregularidades

Tras conocerse los audios de Gallart, la Comunidad de Madrid abrió una inspección en el Hospital de Torrejón, que concluyó que no había ninguna irregularidad en el centro. La Consejería de Sanidad madrileña censuró las manifestaciones realizadas por Gallart, pero defendió que las listas de espera del centro se encontraban en niveles por debajo de la media para la región. Asimismo, negó que existieran evidencias de que el hospital reutilizase productos sanitarios de un solo uso.

Un segundo informe del Ejecutivo autonómico concluyó que las Áreas de Calidad y Seguridad del Paciente cumplían con los objetivos marcados por el Servicio Madrileño de Salud y que se había trabajado “correctamente en todas las áreas auditadas”. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, aseguró posteriormente que por el momento no se habían detectado irregularidades y achacó la polémica a un intento de tapar la corrupción del Gobierno central.

Este miércoles, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha remarcado que la investigación judicial se trata de un trámite previo y ha recordado que no se ha detectado “irregularidad alguna”. “Tampoco esperábamos menos de la Fiscalía. Es un trámite previo y ordinario que no presupone absolutamente nada”, ha justificado