
La violencia machista no cesa. 2025 terminó con 47 mujeres y tres menores de edad asesinados y, en apenas dos semanas de lo que llevamos de 2026, ya han sido confirmados cuatro crímenes machistas, además de que una mujer que fue agredida por su pareja el pasado 8 de enero en Calella, Barcelona, se encuentra en muerte cerebral. El último crimen es el de una mujer de 78 años en Badajoz a manos de su pareja, un hombre de 81 años que le propinó una brutal paliza. Con la confirmación de este caso, los feminicidios asciende a cuatro este año y a un total de 1.346 desde 2003, año en el que se empezaron a recopilar estos datos.
Este martes el Ministerio de Igualdad tuvo que rectificar y elevar de 46 a 47 el número de mujeres asesinadas por violencia machista en 2025, al confirmar el crimen de una mujer de 27 años a manos de su pareja en las Islas Baleares el pasado 3 de febrero.
Además de la mujer de 78 años asesinada en Badajoz, las otras víctimas mortales de este año eran María Isabel, de 58 años y madre de tres hijos, que fue asesinada por su marido, un hombre de 60 años, en Olvera (Cádiz); Czarina, de 43 años y madre de cinco hijos -dos de ellos menores-, a quien asesinó su marido en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que a Pilar, de 38 años, fue su expareja, un hombre de 61 años, quien la mató en Quesada, Jaén.
Pero además de los feminicidios, que son sin duda la expresión más extrema de la violencia de género y suponen una de las vulneraciones más graves de derechos humanos, existen otras muchas formas de maltrato y abuso que tratan igualmente de controlar, amedrentar, acosar y humillar a las mujeres, como son la violencia psicológica, la física, la sexual o la económica. Por ello, explica a Infobae España la psicóloga Bárbara Zorrilla Pantoja, combatir la violencia machista exige un enfoque integral, lo que incluye “aumentar los recursos públicos” destinados a la protección de las víctimas, mediante el fortalecimiento de la red de refugios, la mejora de la atención psicológica y jurídica, la garantía de medidas de seguridad eficaces y la respuesta ágil de los servicios sociales y policiales.
Pero también resulta imprescindible "invertir en educación en igualdad desde la infancia" para prevenir la reproducción de patrones de discriminación y violencia. Y es que, aunque existen programas que promueven la igualdad de género en las aulas, su aplicación no es uniforme en todo el territorio y muchas veces depende de la voluntad de los centros educativos o de los recursos disponibles, por lo que este sigue siendo uno de los grandes retos en España.

La persistencia, además, de estereotipos y roles tradicionales tanto en el entorno escolar como en el familiar dificulta la transmisión de valores igualitarios. Garantizar una educación en igualdad real y efectiva requiere un compromiso sostenido de las instituciones, la formación del profesorado y la implicación de toda la comunidad educativa.
“Hay que tener claro que la causa de la violencia de género es la desigualdad entre hombres y mujeres, y es el machismo imperante en nuestra sociedad. Hasta que no empecemos a educar en igualdad desde la más temprana infancia en resolución pacífica de conflictos, en relaciones afectivas saludables, y acabemos de verdad con todos los roles y estereotipos de género que seguimos viendo a diario tanto en redes sociales como en otros medios de comunicación, tendremos los mismos resultados”, advierte Zorrilla Pantoja.
Implicar al entorno de las víctimas y aplicar perspectiva de género
La especialista en violencia de género también destaca la necesidad de atender los casos que aún permanecen ocultos, promoviendo “una cultura de identificación de las situaciones de violencia de género, tanto por las víctimas y su entorno, como por todos los operadores que intervienen” en la materia. “Sería importante implicar al entorno de las víctimas con campañas de sensibilización y con formación, ayudándoles a entender cuáles son las señales de alarma y dándoles estrategias y caminos sobre formas de proceder, sobre cómo ayudar a las mujeres”.

Remarca, asimismo, la importancia de reforzar la atención psicológica y social para mujeres y menores, con apoyos continuos y suficientes recursos, porque, “aunque los equipos están integrados por profesionales especializadas, la alta demanda provoca listas de espera y una frecuencia de atención insuficiente, lo que dificulta la reparación del daño y aumenta el riesgo de que los problemas se cronifiquen”.
Por otro lado, para la especialista también es clave que policías, jueces y fiscales apliquen la perspectiva de género en su trabajo, así como que las instituciones refuercen la formación de estos profesionales para mejorar la respuesta frente a la violencia machista.
Más desafíos
Otros de los retos que quedan pendientes es la aprobación de una ley específica sobre violencia económica, destinada a facilitar a las mujeres el acceso a un empleo digno y a una vivienda segura. Y otro debate que podría centrar la atención política este 2026 es el de la abolición de la prostitución, una cuestión prioritaria para el PSOE que, sin embargo, enfrenta grandes obstáculos, ya que esa ley no figura en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ni en el acuerdo de Gobierno con Sumar, lo que dificulta su avance en un Parlamento muy dividido.

Avances y polémicas en 2025
Pese a que la violencia machista sigue sin dar tregua, también cabe destacar que en 2025 hubo avances importantes con la puesta en marcha de nuevas medidas. El renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género amplió el foco al reconocer la violencia económica y digital como formas de violencia machista, mientras que los juzgados de violencia sobre la mujer asumieron más competencias “para ofrecer una atención judicial más cercana y con enfoque de género”, aunque los jueces especializados alertaron sobre la sobrecarga que enfrentan estos órganos desde hace años.
El Gobierno, además, presentó un anteproyecto de ley contra la violencia vicaria enfocado en proteger a los hijos e hijas usados como instrumento de maltrato hacia las mujeres.
El 2025 también estuvo marcado por la polémica de los fallos técnicos en las pulseras antimaltrato. La Fiscalía reportó en su memoria anual deficiencias en el sistema Cometa -gestionado por Vodafone y Securitas- que obstaculizaron durante meses el acceso de los juzgados a los movimientos de los agresores. Esta situación, según explicó el Ministerio Público, provocó numerosos sobreseimientos y absoluciones por incumplimientos de órdenes de alejamiento. Posteriormente, la Fiscalía aclaró que las víctimas no quedaron desprotegidas y que los casos se referían solo a supuestos de incumplimiento de órdenes de alejamiento y no a los procedimientos de violencia de género en sí.
El escándalo de estos dispositivos desató un terremoto político que acabó con la reprobación de la ministra Redondo en el Congreso, quien, pese a los fallos, sostuvo que la seguridad de las víctimas no estuvo comprometida.
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas ha anunciado que este año investigará la gestión de las pulseras antimaltrato, al igual que también examinará las ayudas vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) destinadas al servicio de teleasistencia para víctimas de violencia de género (Atempro) y la apertura de centros de crisis de violencia sexual, que abrieron con casi dos años de retraso.
** El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
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