De huir de tu maltratador a sufrir “vejaciones y amenazas” en un centro de acogida en Madrid: “Estos recursos no pueden estar en manos del mejor postor”

Fue una empleada de un centro de acogida para víctimas de violencia de género en la Comunidad de Madrid la que después de tres años de trabajo decidió denunciar ante la Fiscalía el “trato vejatorio, amenazas y acoso” que sufrían las usuarias en esas instalaciones, cuya ubicación no se puede desvelar para proteger tanto su seguridad como la de sus hijos, según ha publicado RTVE. La Fiscalía ha puesto el caso en manos de un juzgado de Arganda del Rey por las “deficiencias” en el funcionamiento del centro y el “trato discriminatorio” que habrían recibido las mujeres.

Entre las denuncias presentadas por usuarias y extrabajadoras figuran episodios de maltratos, abusos, vejaciones, amenazas y coacciones. Una de las situaciones más graves incluyó la prohibición de dar agua a un bebé bajo el argumento de que “usaba muchos pañales”, lo que derivó en que el niño terminara deshidratado en el hospital. Según los testimonios recogidos por RTVE, las monitoras y responsables del recurso se referían a las mujeres con motes y sobrenombres, criticando su aspecto físico, peso o forma de vestir, además de que las residentes también señalaron el mal estado de las habitaciones y la baja calidad de la comida.

“Nos insultan”, “te amenazan constantemente con servicios sociales o echarte a la calle”, “si llegas cinco minutos tarde, tienes una amonestación”... son algunos de los testimonios de las mujeres de este centro con capacidad para 22 personas y donde las víctimas pueden permanecer hasta un máximo de un año. “He pasado de tener miedo a un hombre a tener miedo a estas mujeres”, resumía otra de las usuarias.

El centro depende de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, aunque es gestionado por la asociación Trama, una entidad privada. Desde el departamento que dirige Ana Dávila informan a Infobae España que la Dirección General de la Mujer recibió una denuncia de la Casa de las Mujeres de Vallekas con testimonios sobre esos supuestos tratos vejatorios que las usuarias recibían en el centro, pero el caso quedó archivado a finales de mayo “al no observarse indicios de delito”. No obstante, la Consejería ha ampliado el expediente informativo interno “para recabar toda la información posible sobre la atención que allí se presta” y asegura que “tomará todas las medidas oportunas en función de los resultados de estos procedimientos”.

Este periódico también se ha puesto en contacto con la asociación Tramas, pero no ha recibido respuesta.

“Los profesionales deben contar con formación especializada”

Los centros de acogida dirigidos a mujeres víctimas de violencia de género funcionan bajo un modelo de gestión externalizada: la administración abre un proceso de licitación al que concurren empresas privadas y la adjudicataria se encarga posteriormente tanto del funcionamiento del recurso como de la contratación del personal. Esos profesionales, explica la psicóloga Bárbara Zorrilla Pantoja, deberían contar con formación especializada en perspectiva de género para atender de forma adecuada a las usuarias de este tipo de centros, mujeres que han sufrido maltrato por parte de sus parejas o exparejas, pero “no siempre cuentan con esa experiencia ni sensibilidad”.

“Estos recursos, al igual que los destinados a las personas mayores o al infancia y en general los relacionados con asuntos sociales, no pueden dejarse en manos del mejor postor", señala la psicóloga, que tilda de “inadmisible” los hechos denunciados por las usuarias de ese centro en Madrid. “Son los equipos de estos centros quienes deben proteger y velar por el bienestar de esas mujeres, que llegan con mucho dolor y necesitan espacio, tiempo y apoyo para la reparación. Cuando el daño proviene de los propios equipos, las mujeres experimentan una tremenda revictimización, lo que pone en evidencia fallos en el sistema", sostiene, por lo que considera fundamental que las autoridades realicen una investigación profunda sobre lo ocurrido.

Si el sistema de protección a las víctimas está fallando, añade, “hay que tomar medidas y revisar también la gestión que se está haciendo por parte de estas empresas privadas”, si bien esta psicóloga asegura que la mayoría de los trabajadores de este tipo de centros de acogida que ha podido conocer cuentan con “una amplia formación y experiencia en la materia”.