
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca ha fijado el 10 de febrero como fecha para el desahucio de las ocho exmonjas que permanecen en el monasterio de Belorado, en la provincia de Burgos. La decisión llega tras dos resoluciones judiciales que ordenaban el abandono voluntario del recinto en el plazo de un mes. Asimismo, en caso de no proceder a la “entregas y desalojo” voluntario, desde los tribunales se ha advertido sobre la posibilidad de un procedimiento de lanzamiento si no se cumple la orden.
De este modo, el Arzobispado de Burgos ha comunicado que la salida forzosa tendrá lugar para las 9:30 de ese día, tras haber agotado todos los recursos legales ordinarios previos. Dichos documentos judiciales, dictados por la Sección Civil y de Instrucción del juzgado responsable, serían: un auto de ejecución provisional emitido el 30 de diciembre de 2025 y en un decreto fechado el 5 de enero.
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El primer auto ordena que las exmonjas dejen “libre y expedito” el inmueble, mientras que el segundo fija la fecha y hora exactas del lanzamiento si no se produce la entrega voluntaria. En este sentido, el Arzobispado de Burgos ha explicado que contra el auto de ejecución provisional “no cabe recurso”, y que, aunque el decreto de lanzamiento puede recurrirse en revisión, ese trámite no suspende sus efectos, por lo que todas las decisiones seguirán su curso.

Un lanzamiento aplazado en dos ocasiones
La medida afecta a las exreligiosas, calificadas como “cismáticas” por el Arzobispado, que fueron excomulgadas en junio de 2024 por un delito de cisma. La disputa sobre la propiedad del monasterio se remonta a la sentencia dictada el 31 de julio de 2025 por el mismo juzgado, que reconoció la titularidad del inmueble a la Iglesia católica y ordenó el desalojo de las exmonjas.
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Inicialmente, el juzgado fijó el 12 de septiembre como fecha para el desahucio si no se producía el abandono voluntario, pero la jueza accedió a retrasarla hasta el 3 de octubre a fin de permitir la presentación de recursos ante la Audiencia Provincial de Burgos. Posteriormente, el lanzamiento fue suspendido mientras se resolvían los recursos interpuestos por las exmonjas. De acuerdo con la información de EFE, el proceso se reactivó tras su desestimación, lo que condujo a la emisión de los recientes autos.
Con esta última sentencia, el juzgado ha precisado que el inmueble debe quedar a disposición de las religiosas clarisas del Monasterio de Santa Clara, quienes se consideran las legítimas beneficiarias de la posesión. La orden judicial establecía un plazo improrrogable de un mes para hacer efectiva la salida. Por eso, si no se cumple, el lanzamiento se ejecutará el 10 de febrero a las 9:30 horas, sin que la presentación de nuevos recursos modifique la fecha prevista.
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Delitos por apropiación indebida agravada
Recordemos que el pasado 28 de noviembre, la Guardia Civil llevó a cabo la detención de dos exreligiosas, una de ellas exabadesa del monasterio de Las Clarisas de Belorado, y de un anticuario leonés en el marco de la ‘Operación MIRUM-CID’. La investigación apunta a su supuesta implicación en delitos de apropiación indebida agravada relacionados con bienes catalogados del monasterio de Santa María de Bretonera (Burgos).
Las autoridades habrían detectado la presencia de varias obras de arte en el mercado de antigüedades que podrían pertenecer al patrimonio histórico del citado cenobio. Por lo que los agentes iniciaron una investigación ante la sospecha de sustracción o transmisión no autorizada de estos objetos. Durante las indagaciones, se identificó la venta por internet de piezas históricas del monasterio burgalés y la aparición en una tienda de antigüedades de Madrid de una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII, también procedente del monasterio. Afortunadamente, esta última pieza ha sido recuperada y está bajo custodia judicial.
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Del mismo modo, la Guardia Civil registró el monasterio de Santa María de Bretonera de Belorado y de Santa Clara de Orduña (Bizkaia), debido a estas acusaciones. En este último, se halló un notable conjunto de obras de arte que habían sido trasladadas sin autorización desde el monasterio burgalés. Todas las piezas intervenidas están pendientes de inventario y han quedado a disposición de la autoridad judicial. Igualmente, el anticuario que recibió algunas de las piezas fue detenido y está acusado de un delito continuado de receptación, por adquirir bienes catalogados sin exigir documentación que acreditara su lícita procedencia.
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