Cómo quedará el sueldo de los funcionarios en 2026: subidas salariales ya en marcha y una revisión ligada a la inflación

La aprobación del incremento del 2,5% en 2025 y del 1,5% fijo para 2026, con revisión ligada al IPC, beneficiará a 3,5 millones de empleados públicos y busca recuperar poder adquisitivo tras años de ajustes

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Funcionarios públicos en un edificio administrativo. (José Antonio García Cordero)
Funcionarios públicos en un edificio administrativo. (José Antonio García Cordero)

El 2025 ha cerrado dándole una alegría a los empleados públicos españoles. Tras semanas de negociaciones entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos mayoritarios, y después de pasar por el Consejo de Ministros, el Congreso dio luz verde el pasado 11 de diciembre a una nueva subida salarial para los funcionarios. Un acuerdo que no solo ha tenido efectos inmediatos en este año que termina, sino que marca el camino de las nóminas de los trabajadores del sector público de cara a los próximos años.

La convalidación del real decreto contó con el amplio respaldo de la Cámara Baja: 309 votos a favor, el rechazo de Vox y la abstención de Junts. Incluso el Partido Popular, partido líder de la oposición, aprobó esta medida, que afecta a cerca de 3,5 millones de trabajadores del sector público en todo el país. A partir de ahora, el texto continuará su tramitación como proyecto de ley, aunque los próximos pasos ya están fijados.

El acuerdo aprobado estableció un incremento del 2,5% para 2025, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de ese año, y una subida adicional del 1,5% fijo para 2026, que se aplicará sobre las nóminas ya actualizadas. Además, se introduce un componente variable vinculado a la evolución de los precios. Así, si la inflación de 2026 alcanza o supera el 1,5%, los salarios se incrementarán un 0,5% adicional en enero de 2027. En ese escenario, la subida correspondiente a 2026 podría alcanzar el 2% consolidado.

Qué cambios han notado ya los funcionarios en su nómina

Este esquema forma parte de un marco plurianual pactado entre el Gobierno y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, que prevé un aumento acumulado de alrededor del 11% entre 2025 y 2028. El objetivo declarado es doble: recuperar parte del poder adquisitivo perdido en los últimos años y ofrecer estabilidad salarial en un contexto económico todavía marcado por la volatilidad de la inflación.

El impacto que más han notado los trabajadores públicos ha sido el de la nómina de diciembre de 2025. La norma permite que los empleados públicos del Estado cobren en esa nómina tanto la subida del 2,5% correspondiente al año como los atrasos acumulados desde enero. La cantidad variará en función del grupo profesional, el nivel profesional y los complementos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el acuerdo firmado este jueves entre el Gobierno, UGT y CSIF, que incluye una subida salarial para los funcionarios del 11% entre 2025-2028, es un "muy buen acuerdo" y ha agradecido a las organizaciones sindicales firmantes su trabajo y paciencia para lograr un acuerdo para 3,5 millones de trabajadores. (Fuente: La Moncloa)

Los funcionarios con los salarios más altos habrán recibido un pago extra superior a los 1.600 euros, mientras que en las categorías intermedias se tradujo en varios cientos de euros adicionales. En cualquier caso, supone un alivio económico para muchos funcionaros tras un ejercicio marcado por el encarecimiento del coste de la vida.

Por qué 2026 es una fecha clave

Pero, más allá del impacto inmediato en 2025, también es importante qué va a ocurrir en 2026. La subida del 1,5% fijo garantiza un incremento consolidado en las nóminas, independientemente de cómo evolucione la economía. A ello se suma el mecanismo de revisión ligado al índice de precios al consumo (IPC), que actúa como una red de seguridad frente a posibles repuntes de la inflación.

Tras años de congelaciones salariales, ajustes derivados de la crisis financiera y de la pandemia, el Gobierno busca con este sistema evitar que los salarios públicos vuelvan a quedarse rezagados frente a los precios. También pretende modernizar las retribuciones del sector público y hacerlas más competitivas en comparación con otros ámbitos laborales, en un momento en el que atraer y retener talento se ha convertido en un reto para muchas administraciones.

Unos salarios ligados a la inflación

La introducción de un componente variable es un punto clave. Y es que, si el IPC de 2026 se sitúa en niveles elevados, los funcionarios también verán reflejado ese aumento de los precios en su salario, recibiendo más en su nómina, aunque sea con un año de desfase. De este modo, el acuerdo intenta equilibrar la sostenibilidad de las cuentas públicas con la protección del poder adquisitivo de los empleados.

En la práctica, esto significa que las nóminas de 2026 no están completamente cerradas. Todo dependerá de cómo evolucione la inflación a lo largo de ese año. Si los precios se mantienen contenidos, la subida quedará en el 1,5%; si no, el incremento será mayor, consolidándose en 2027.