El Congreso aprueba la subida salarial de los funcionarios para 2025 y 2026 con el apoyo del PP

El Congreso de los Diputados ha respaldado este jueves el incremento salarial de los empleados públicos, estableciendo un alza del 2,5% para 2025 y del 1,5% para 2026. La medida beneficiará a 3,5 millones de trabajadores del sector público y ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular, mientras que Vox se ha posicionado en contra. La convalidación de este real decreto se ha producido con 309 votos a favor, 32 en contra y 7 abstenciones de Junts, y ahora continuará su tramitación como proyecto de ley.

Aun así, tanto el PP como la ultraderecha han criticado al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, por aprobar mediante decreto ley la subida salarial del 11% para los funcionarios hasta 2028. Ambos han cuestionado la falta de diálogo previo con los grupos parlamentarios.

En el ámbito del sector público estatal, la subida correspondiente a 2025, de manera retroactiva desde el 1 de enero, se abonará en una nómina adicional este mismo mes. Esta subida afectará a 540.000 trabajadores. Asimismo, las demás administraciones públicas deberán fijar sus propios calendarios para el pago de los importes y atrasos correspondientes a 2025.

PP y Vox cuestionan la falta de diálogo y el retraso en la subida salarial

Durante el debate en el Congreso, el ministro Óscar López ha destacado que la medida beneficiará a más de tres millones de empleados de todas las administraciones públicas. “Lo merecen los héroes de la UME, que salvan vidas en mitad de cualquier tormenta. Lo merecen los veterinarios y veterinarias del Estado, que trabajan a contrarreloj para atajar la peste porcina. Lo merecen los agentes forestales, o los profesores de la universidad pública, o los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que protegen nuestra seguridad”, ha defendido López.

Por su parte, desde Vox, el diputado Pablo Sáez ha cuestionado que el aumento salarial se haya aprobado mediante decreto ley, argumentando que refleja una “ausencia de política presupuestaria” y un retraso del Gobierno en la implementación de la subida, que llega “para final de año”.

Por su parte, el portavoz del PP, Ángel Ibáñez, ha advertido que la medida limita la capacidad de reacción de las comunidades autónomas, muchas de las cuales ya tienen presupuestos elaborados sin contemplar esta revalorización. A pesar de las críticas, Ibáñez ha reiterado el compromiso de su partido con la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos y con la estabilidad laboral en el sector.

La senda de estabilidad se rechaza otra vez y allana el camino a los presupuestos

Por otro lado, la Cámara Baja ha rechazado, por segunda vez, la senda de estabilidad para el periodo 2026-2028, lo que pone fin a los trámites previos y permite al Gobierno presentar los presupuestos del año que viene.

Esta propuesta ha sido rechazada con 177 votos en contra del PP, Vox, Junts y UPN, mientras que 166 diputados han votado a favor, además de haber 5 abstenciones, entre ellas las de Podemos y la exdiputada de Sumar Àgueda Micó. Esta votación reproduce prácticamente el resultado de la primera senda, que ya fue tumbada a finales de noviembre.

A pesar del rechazo, esta segunda votación cumple formalmente con los pasos previos exigidos para la tramitación presupuestaria. El Ejecutivo podrá presentar las cuentas de 2026 en cualquier momento, tomando como referencia los objetivos de estabilidad incluidos en el plan fiscal estructural remitido a Bruselas el año pasado, en lugar de los que fueron rechazados esta semana.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el Gobierno seguirá adelante con la presentación de los Presupuestos de 2026. Las cuentas se elaborarán tomando como referencia una senda fiscal más estricta para las comunidades autónomas, con el objetivo de garantizar un mayor control del gasto y la estabilidad financiera.

*Con información de agencias.