Policías nacionales van a demandar judicialmente a Interior por no permitir la afiliación a sindicatos externos e interprofesionales dentro del cuerpo

El Sindicato Reformista de Policía (SRP), sin representación actualmente en la Junta, pero con el apoyo de miles de agentes y en alza, ha anunciado este jueves que recurrirán a los tribunales para reclamar el derecho a la sindicación libre y la plena negociación colectiva. Denuncian que siete años después de la llegada del actual Ejecutivo en coalición, la ausencia de avances por parte del Ministerio del Interior es tangible y persisten restricciones que, según la organización, vulneran no solo la Constitución Española sino también los tratados internacionales que el Estado ha suscrito en materia de derechos laborales y sindicales.

“La negativa sistemática de reconocer la negociación colectiva a los trabajadores-as del CNP constituye una forma de discriminación institucional que impide la defensa de sus condiciones laborales y la participación activa en la mejora del servicio público de seguridad”, aseguran en un comunicado y destacan la continuidad preocupante entre las políticas heredadas de gobiernos anteriores y las actuales, advirtiendo que “la herencia del anterior gobierno no ha merecido la atención de un gobierno progresista para adecuarlas a un cuerpo civil con necesidades sindicales como el resto de empleados públicos”.

“En este contexto anunciamos la presentación formal de una demanda judicial en próximas fechas, exigiendo el reconocimiento efectivo del derecho a la sindicación libre o el poder confederarnos con sindicatos presentes en la Función Pública, conforme a lo establecido en el Convenio 87 de la OIT, el artículo 28 de la Constitución Española, y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, explican en el comunicado.

“Se limitan libertades que otros funcionarios disfrutan”

Añaden que varios dirigentes nacionales de SRP solicitaron recientemente a la Dirección General de la Policía una respuesta oficial sobre la posibilidad de afiliarse a sindicatos fuera del entorno policial, haciendo uso de las garantías constitucionales que amparan la presentación de “peticiones individuales y colectivas” (artículo 29 de la Constitución). El colectivo denuncia que “esta acción legal de petición no está siendo atendida conforme a derecho”, y enfatizan la necesidad de que los poderes públicos ofrezcan “respuestas pronta y de fondo conforme a lo expresado por nuestros representantes sindicales”.

El comunicado subraya que el déficit normativo vigente “limita derechos y libertades fundamentales que otros funcionarios y el resto de la ciudadanía disfrutan”, una exclusión que, remarcan, no puede justificarse por la naturaleza civil del cuerpo policial. SRP repudia expresamente que “la libertad sindical no puede ser un privilegio: es un derecho inalienable de toda persona trabajadora, sin excepción”, insistiendo en que el colectivo policial sigue siendo relegado a “una situación social de marginalidad sindical”.

“Lamentablemente este sindicato, no convencional con respecto al sistema actual, anuncia tener que acudir a la justicia ordinaria para evitar por más tiempo tener que aceptar la discriminación sindical actual en el Cuerpo Nacional de Policía, y observar con mucha tristeza que nuestras continuas demandas y propuestas en el ejercicio de las funciones sindicales han sido ignoradas en éstos últimos siete años por la cúpula policial, al servicio del actual gobierno”, agregan.

Por último, agradecen a los sindicatos UGT, CCOO y USO sus declaraciones públicas y resoluciones de congresos, “a todos luces insuficientes para el actual Ministro del Interior”, en favor de “un cambio normativo que establezca un marco de negociación en el CNP, con las mismas garantías establecidas al resto de los funcionarios de las Administración General del Estado, Policías Locales y Autonómicas”.