Marlaska no conocía la condena al comisario de Lleida porque no aparecía en su expediente: la ley obliga a borrar los antecedentes pasado un tiempo

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este martes en el Senado la actuación de su departamento en el nombramiento y posterior cese del comisario Antonio José Royo Subías como jefe de la Policía Nacional en Lleida. El ministro ha asegurado que ni él ni la Dirección General de la Policía conocían la condena firme por acoso sexual que pesaba sobre el mando policial. Esa información, ha explicado, ya no figuraba en su expediente administrativo en el momento de la designación. La condena, dictada en 2003 por hechos ocurridos en 1999, había sido legalmente cancelada conforme a los plazos previstos en la normativa vigente, que obliga a eliminar determinados antecedentes una vez transcurrido un tiempo.

Grande-Marlaska ha dado explicaciones durante el Pleno de la Cámara Alta, en respuesta a una pregunta de la senadora de Esquerra Republicana de Catalunya Sara Bailac. El debate se ha producido después de que el Ministerio del Interior cesara este lunes a Royo Subías apenas unos días después de su nombramiento. La decisión se adoptó tras hacerse pública la existencia de esa condena por acoso sexual a una subordinada. El ministro ha subrayado que la reacción fue inmediata desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos. La información llegó al departamento a través de “terceras personas”, según ha indicado. A partir de ahí, ha afirmado, no hubo margen para la duda.

Según ha explicado el titular de Interior, la persona competente para realizar este tipo de nombramientos es el director general de la Policía. En este caso, actuó con arreglo a la información disponible en el expediente profesional del comisario. En ese expediente, ha insistido Marlaska, ya no constaba la condena dictada dos décadas atrás. “Algunos datos tienen que desaparecer de los expedientes pasado el tiempo”, ha recordado, en referencia a los mecanismos legales de cancelación de antecedentes.

Una condena por acoso sexual a una subordinada

Royo Subías fue condenado en junio de 2003 por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. El tribunal lo consideró autor de un delito de acoso sexual agravado por prevalerse de su condición de superior jerárquico. La sentencia le impuso una multa de 1.080 euros y la obligación de indemnizar a la víctima con 3.000 euros. El fallo no incluía ninguna pena accesoria de inhabilitación. En aquel momento, el Código Penal no contemplaba la pérdida de la condición de funcionario para este tipo de delitos. Esa previsión no se incorporó hasta una reforma legal aprobada en 2022.

El ministro ha incidido en este punto para contextualizar la situación administrativa del comisario. Ha subrayado que, pese a la gravedad de los hechos, la condena no impedía legalmente su continuidad en el cuerpo ni su acceso a determinados destinos. “Otra cosa es que si una persona es condenada por hechos de esa naturaleza, ya pierda la condición de policía. Pero esa no era la situación”, ha señalado. Con ello, ha querido marcar la diferencia entre la responsabilidad penal ya cumplida y las consecuencias administrativas previstas por la ley vigente en cada momento.

El daño a la confianza

Durante su intervención, Grande-Marlaska ha reconocido que este episodio puede causarle “mucho daño”. No solo en el plano político, sino también en el personal. A su juicio, el caso puede afectar a la confianza de las víctimas de violencia sexual o de género en las políticas públicas impulsadas desde su ministerio. Tras reiterar el compromiso de Interior con la lucha contra todo tipo de agresiones sexuales, ha defendido que la única respuesta posible era el cese inmediato del comisario.

“He dado la orden del cese inmediatamente”, ha afirmado ante el Pleno. Ha añadido que le resulta indiferente que esa decisión sea recurrida en los tribunales. “Porque lo primero son los valores, las convicciones”, ha dicho. En ese sentido, ha insistido en que su principal preocupación es el mensaje que se traslada a la sociedad. “Lo primero, evidentemente, es mirar a quien tengo que mirar y pedir disculpas, que es a cualquier víctima de violencia, de violencia sexual o violencia de género”, ha apostillado.

En su réplica a la senadora de ERC, el ministro ha recordado que la condena se dictó hace 20 años. Ha apelado también a las “posibilidades de rehabilitación” que reconoce el ordenamiento jurídico. Ha defendido que la actuación del Ministerio del Interior fue “en todo momento efectiva, directa y sin ningún tipo de contemplaciones” una vez que se conocieron los hechos. Según ha reiterado, no existió ningún intento de minimizar la gravedad del caso ni de sostener el nombramiento.

Grande-Marlaska ha vuelto a insistir en que la condena ya no figuraba en el expediente del comisario. El hecho de que se haya conocido ahora se debe, precisamente, a la intervención de personas ajenas al procedimiento administrativo. A su juicio, esa actuación fue “perfecta”, porque permitió corregir la situación de forma inmediata. El cese se produjo pocos días después de que Royo Subías tomara posesión como máximo responsable de la Policía Nacional en Lleida, en un nombramiento que se había hecho efectivo el pasado 9 de diciembre.