Los Mossos d’Esquadra han culminado el desalojo de un antiguo instituto de Badalona, convertido en un asentamiento ocupado de personas migrantes. El B9 de Badalona, un instituto público abandonado, acoge desde hace dos años una comunidad que ha llegado a alcanzar las 400 personas.
Es el Ayuntamiento de Badalona el que ha solicitado el desalojo a los Mossos d’Esquadra, mediante resolución judicial del Juzgado Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona del pasado 12 de diciembre, “que autoriza la entrada y ejecución del Acuerdo de Gobierno del referido Ayuntamiento para recuperar la propiedad”. “Tal y como me comprometí, empieza la desokupación de los 400 okupas ilegales del B9 en Badalona”, ha expresado el alcalde Xavier García Albiol en su cuenta de la red social Twitter (ahora X).
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El desalojo ha comenzado este miércoles alrededor de las 8:00 horas de la mañana. Al lugar se han acercado un centenar de personas, en apoyo a los migrantes expulsados del edificio abandonado. Según han informado los Mossos en un comunicado, los servicios sociales municipales han estado presentes durante el operativo para prestar asistencia a las personas afectadas así como efectivos del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).
Illa defiende un desalojo “con valores” que cumple la ley
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido el proceso de desalojo culminado por los Mossos d’Esquadra, que su gobierno acompaña “con valores, para hacer las cosas bien hechas, y está ayudando a atender a todos los que hay que atender”.
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Durante la sesión de control al president, la líder parlamentaria de Comuns, Jésica Albiach, ha denunciado el desalojo, que se realiza “en invierno y sin alternativa habitacional“. “Es una vergüenza, es una vulneración de los derechos humanos. Antes ha llegado la Policía Nacional a hacer los controles de extranjería que los servicios sociales”, ha protestado. La diputada ha reclamado aprobar la iniciativa legislativa popular de Regularización Ya, respaldada por el Congreso en abril de 2024. Illa ha justificado que “hay que cumplir las leyes”. En este caso, pesaba un mandato judicial para proceder al desahucio, “que no ha instado el Gobierno de Cataluña, sino el Ayuntamiento de Badalona”.
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