Portugal afronta este jueves su primera huelga general desde 2013 con una convocatoria a nivel nacional impulsada por las dos principales centrales sindicales del país, la Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP) y la Unión General de Trabajadores (UGT). Ciudadanos de todo el país protestan hoy contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno del primer ministro y presidente del Partido Social Demócrata Luís Montenegro. Las organizaciones califican el paquete legislativo, denominado “Trabalho XXI”, como un “retroceso social” que amenaza derechos consolidados, aumenta la precariedad y limita la acción sindical.
La tensión ha ido escalando a lo largo de la semana y, a medida que se acercaba la fecha de la protesta, sectores clave como la aviación, el ferrocarril, el metro, la sanidad y la educación han confirmado su adhesión a las movilizaciones. Según informan medios locales, la huelga cuenta con el respaldo de un amplio conjunto de sindicatos y provocará importantes disrupciones en transporte, servicios públicos y escuelas, con especial impacto en Lisboa y Oporto.
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El origen del conflicto se sitúa en verano de este año, cuando presentó la propuesta de reforma el Ejecutivo liderado por la coalición de centroderecha Alianza Democrática, formada por los socialdemócratas de Montenegro junto con CDS-Partido Popular, aunque ha dependido frecuentemente en esta lesgilatura del apoyo de la ultraderecha para lograr la mayoría parlamentaria. Pese a intentar avanzar en negociaciones con sinicatos y patronal, no se han logrado acuerdos relevantes que alivien la tensión y el Gobierno insiste en que el actual Código de Trabajo necesita desprenderse de su “rigidez” para flexibilizar el mercado laboral.
La huelga general de este jueves será la más importante en más de una década, en plena intervención de la troika, cuando el país protestaba contra las políticas de austeridad del entonces primer ministro Pedro Passos Coelho. Piquetes sindicales comenzarán en la noche del miércoles y habrá manifestaciones en Lisboa, Oporto, Braga, Évora, Faro, Coimbra, Leiria, Santarém, Setúbal y Viana do Castelo, entre otras localidades.
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Más contratos temporales y menos garantías contra los despidos
La reforma modifica más de 100 artículos, una amplitud que explica la magnitud de la respuesta sindical. Entre los cambios más polémicos destacan la facilitación de despidos por causa justificada, con reducción de garantías procesales, pero también la ampliación del uso de contratos temporales, especialmente para jóvenes, justificado por la falta de experiencia.
Otro de los puntos criticados por los sindicatos ha sido la posibilidad de externalizar servicios después de despidos colectivos, que para estas organizaciones abre la puerta a la sustitución encubierta de trabajadores por subcontratas con peores condiciones. La polémica recuperación del llamado banco de horas individual, que permitiría jornadas de hasta 50 horas semanales y 150 horas adicionales anuales sin pago de horas extra, también ha sido citada por ambos sindicatos como un paso atrás en derechos laborales.
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Además, la prevalencia de acuerdos individuales de empresa sobre convenios sectoriales, que según CGTP y UGT, fragmentaría la negociación colectiva y debilitaría la capacidad de negociación salarial, ha sido uno de las medidas de discordia en las negociaciones. Finalmente, las limitaciones al derecho de lactancia y horarios flexibles para padres de hijos con discapacidad o enfermedad crónica, que pasarían a depender de criterios organizativos de la empresa,
Aunque en los últimos días el Gobierno retiró algunas de las medidas más impopulares, como los recortes en formación obligatoria o ciertas penalizaciones vinculadas a bajas médicas, los puntos centrales siguen intactos, lo que ha motivado a las centrales a mantener la convocatoria.
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El Gobierno cuestiona la huelga con potencial de paralizar el país
En declaraciones del pasado 5 de diciembre durante su intervención en la Asamblea de la República, Montenegro, el primer ministro mostró su descontento con las movilizaciones, calificándolas de “política” y preguntando “para reclamar qué” se ha convocado la huelga. También acusó a la CGTP de no querer llegar a un acuerdo pese a la iniciativa del Ejecutivo y aseguró de que otros sindicatos han caído en la “trampa” de la mayor central lusa. Aun así, el jefe del Gobierno afirmó respetar plenamente el derecho de huelga “y el ejercicio legítimo de ese derecho”, recalcando que su Ejecutivo mantiene la voluntad de seguir negociando.
La huelga nacional afectará de forma generalizada al país. Las principales aerolíneas cancelarán la mayoría de vuelos, manteniendo solo los trayectos mínimos legales y con grandes restricciones en los aeropuertos de Lisboa y Oporto. El transporte público también sufrirá paros: la empresa ferroviaria CP solo ofrecerá el 25% de sus rutas, el Metro de Lisboa no funcionará y los autobuses Carris operarán doce líneas esenciales, mientras los ferris en el Tajo circularán solo en horas pico y con capacidad limitada.
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En el sector educativo, el movimiento sindical prevé cerrar prácticamente todas las escuelas públicas y trasladar muchas clases universitarias a plataformas online. En sanidad, se mantendrán solo los servicios críticos (urgencias, oncología, diálisis, UCI), mientras que las consultas y cirugías programadas quedarán suspendidas. Igualmente, las oficinas de la administración pública funcionarán con plantillas mínimas o no abrirán.
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