El Gobierno de Ayuso tilda de “disparate” el Estatuto Marco y acusa a Mónica García de “mentir” y “señalar” a las comunidades autónomas

El nuevo Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) propuesto por el Ministerio de Sanidad es un “disparate” a ojos del Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso. Este lunes, consejera de Sanidad, Fátima Matute, lo ha calificado en estos términos y ha acusado a la ministra, Mónica García, de “mentir” y “señalar” a las comunidades autónomas.

“Es un Estatuto Marco lesivo-regresivo, el Estatuto Marco había que modificarlo porque lleva 20 años vigente y evidentemente la asistencia ha cambiado y entonces ella [Mónica García] lo que hace es sacar cosas de los cajones en el Ministerio para hacer ver que hace cosas, pero el problema es que le falta el saber cómo hay que trabajar y el procedimiento”, ha afirmado la consejera en una entrevista para esRadio. Sus críticas llegan un día antes de que la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) vaya a convocar cuatro jornadas de huelga nacional desde este martes al viernes para mostrar el rechazo de la profesión al nuevo Estatuto Marco.

Para la consejera madrileña, el borrador “confunde legislación” y “no deja horas de descanso suficientes”. “Crea un Estatuto Marco que es un disparate y encima crea falsas expectativas porque ni ha tasado nada con Función Pública, ni ha tasado nada con el Ministerio de Hacienda y, desde luego, no ha tasado nada con las comunidades autónomas porque miente”, ha añadido.

Ataque a la promesa del Ejecutivo de tumbar la ley que permite la privatización

Matute también se ha mostrado contraria el “ataque” a la ley contra la privatización, ya que cree que la ministra “no sabe de lo que está hablando”. En este sentido, ha defendido un modelo liberal de sanidad “que funciona y que es excelente”, algo que se está demostrando con “datos tozudos”, frente al modelo que pretende el Gobierno de “neocomunismo mal entendido” que lleva a un sistema sanitario “cubano, nicaragüense o norcoreano”.

Estos calificativos llegan después de que el domingo, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunciara que su equipo ya trabaja para derogar la Ley 15/97 que permite la gestión privada del Sistema Nacional de Salud . En una entrevista con El País, García consideraba que la colaboración público privada en la sanidad “se ha pervertido”, para convertirse en “una parásita público-privada”, motivo por el que elaborarán una nueva normativa de gestión pública “para poner coto a este tipo de prácticas” en referencia al escándalo que ha saltado en la sanidad pública madrileña.

Una exclusiva de El País reveló que el CEO de Ribera Salud, empresa privada gestora del Hospital Universitario de Torrejón, pidió a sus subordinados aumentar las listas de espera y rechazar pacientes para incrementar los beneficios del centro.

El diario tuvo acceso a unos audios grabados durante una reunión del hospital público, en la que Pablo Gallart, CEO de Ribera Salud, indicaba que el centro había hecho un esfuerzo para reducir las listas de espera entre 2022-2023, para luego pedir“desandar el camino”con el objetivo de alcanzar “un EBITDA [rentabilidad antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones”. Posteriormente, proponía rechazar pacientes no cápita (de fuera de la población de referencia del hospital) que no resultasen rentables. Posteriormente, se revelaron instrucciones que pedían reutilizar material sanitario de un solo uso.