El Gobierno de Ayuso rescinde el contrato con la empresa que se encargaba del mantenimiento de las bibliotecas porque puso en riesgo a los visitantes y no cambiaba ni las bombillas

El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso acaba de rescindir el contrato con la empresa que se encargaba del mantenimiento y conservación de las bibliotecas autonómicas porque no estaba cumpliendo con su trabajo. De hecho, esta firma (Clide Mantenimiento) puso en riesgo la seguridad de los visitantes y ni siquiera cambiaba las bombillas que se estropeaban. La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte aprobó la rescisión de este contrato el pasado 25 de octubre y ha impuesto una sanción de 414.000 euros por daños y perjuicios. Para Más Madrid, este es otro ejemplo de lo que pasa “cuando conviertes la gestión pública en un mercadillo”, ya que se adjudicó este contrato a la empresa que presentó la oferta económica más barata.

El contrato se adjudicó en noviembre de 2023 a esta empresa, domiciliada en Madrid. Hasta 12 firmas se presentaron a la licitación, pero Clide Mantenimiento se llevó el servicio tras presentar una oferta económica ventajosa: haría el trabajo durante dos años por 852.944 euros (IVA incluido). La Comunidad de Madrid estaba dispuesta a pagar un máximo de 1.176.475 euros. El objeto del contrato es el “mantenimiento, conservación y reparación” de los edificios que son sede de las 13 bibliotecas que dependen del Ejecutivo autonómico, además de los seis módulos de ‘Bibliometros’ ubicados en instalaciones del suburbano madrileño. Los trabajos también incluyen obras de jardinería en ocho de las bibliotecas que cuentan con zonas verdes.

El contrato incluye “un mantenimiento integral” de estas bibliotecas. Por “integral” la Consejería incluye “el conjunto de trabajos de mantenimiento normativo, preventivo, predictivo, conductivo y correctivo de las instalaciones y sistemas de los inmuebles, así como la conservación y reparación de los mismos, necesarios para mantener cada inmueble en condiciones de uso durante su período de vida útil, optimizando el consumo energético, previniendo los posibles riesgos que puedan comprometer su seguridad y protegiendo su entorno de posibles agresiones”. Estamos hablando de la red de saneamiento, fontanería, climatización, electricidad, sistemas audiovisuales, telecomunicación, protección contra incendios, puertas y ascensores.

El servicio contratado también incluía que la empresa adjudicataria debía reparar y montar el mobiliario de las bibliotecas (estanterías, mesas, sillas, mostradores, carros...); mantener cortinajes, persianas y toldos; la limpieza de graffitis; la limpieza general de las instalaciones; la sustitución de banderas y enseñas de los edificios; la conservación de los vidrios que tienen muchos de estos edificios e incluso el control y prevención de la legionella. Una parte importante del contrato también obligaba a la empresa a la conservación de las zonas ajardinadas de estos centros. Las averías urgentes debían ser reparadas en menos de tres horas. Las bibliotecas que dependen de la Comunidad tienen 3.350 plazas de consultas (de las que 3.013 son de lectura) y cada año son visitadas por 2,8 millones de personas.

La empresa Clide Mantenimiento empezó a prestar el servicio a finales de 2023 y lo mantuvo en 2024. Pero a principios de 2025, la Consejería de Cultura se cansó de los incumplimientos de esta firma y empezó el procedimiento para rescindir el contrato. La Administración alega que Clide no ha designado “un técnico responsable que cumpla con los requisitos exigidos en los pliegos”. Se exigía un ingeniero o un arquitecto. Tampoco se “ha dispuesto del número mínimo de trabajadores con la titulación y experiencia requeridas”. La firma no ha prestado el servicio de jardinería, porque Clide no ha pagado a la subcontrata a la que encargó estos trabajos. Otro de los incumplimientos es que “no se han realizado las operaciones de mantenimiento comprendidas en el contrato por falta de personal cualificado requerido en el mismo”.

La falta de liquidez de Clide, además, “ha limitado la adquisición y disponibilidad de materiales necesarios para el mantenimiento correctivo, sustituciones y reparaciones”. La Consejería destaca que “la falta de ejecución de esos mantenimientos correctivos esenciales han comprometido gravemente la seguridad de las personas y operatividad de los centros”. Según un portavoz de la Consejería, esa expresión “debe entenderse en su acepción estrictamente técnica, conforme a la terminología empleada en los procedimientos de gestión y conservación de edificios e instalaciones públicas. Resulta necesario subrayar que dicha expresión no implica la existencia de riesgos directos, inminentes ni reales para las personas usuarias o para el personal de las bibliotecas, ni describe situaciones de peligro que hayan comprometido la integridad física de los ocupantes. Su utilización responde únicamente a criterios de valoración técnica en el marco del expediente de resolución contractual”, asegura el mismo portavoz.

Ahora, contrataciones puntuales

La empresa también ha incumplido “la atención de avisos, urgentes y no urgentes”. Por no hacer, la empresa no ha sido capaz de “realizar los trabajos de sustitución de bombillas en las zonas de gran altura ni la revisión y mantenimiento preventivo de la estructura y cubiertas, fachadas y cubiertas de difícil acceso”. Este diario ha intentado hablar con algún portavoz de Clide, pero ni su web ni su teléfono están operativos.

“Esto es lo que pasa cuando conviertes la gestión pública en un mercadillo: adjudicas al más barato y acabas pagando el doble en chapuzas, impagos y servicios que no llegan. ¿La consecuencia? Bibliotecas con ventanas rotas, alarmas que no funcionan, cerraduras estropeadas y ascensores sin arreglar. Una empresa que se lleva el dinero de los madrileños sin cumplir el servicio y que nos costará el doble. No es eficiencia, es el modelo Ayuso, precariedad disfrazada de gestión”, señala la diputada Diana Paredes, de Más Madrid. El Gobierno regional, tras resolver el contrato, ha impuesto a esta firma una sanción por daños y perjuicios de 414.309 euros.