
Las diferencias en el gasto público en educación entre comunidades autónomas alcanza los 3.700 euros por alumno al año entre las dos regiones que más y que menos invierten, una brecha que se ha duplicado desde el año 2000. Así lo ha puesto de manifiesto Lorenzo Serrano, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).
Serrano ha subrayado que el País Vasco encabeza el gasto por alumno -con más de 9.000 euros-, mientras que Madrid se sitúa en el extremo opuesto -con menos de 6.000 euros-, y ha advertido de que esta distancia no solo no se ha reducido, sino que ha crecido de forma significativa en las últimas dos décadas.
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El experto ha hecho un análisis de los datos que proporciona el Ministerio de Educación y Formación Profesional y las comunidades autónomas en el marco de las jornadas organizadas por la Red de Investigadores en Financiación autonómica y Descentralización financiera en España (RIFDE).

Las decisiones políticas marcan el gasto
En su informe, Serrano subraya que la brecha de inversión entre regiones “plantea que no solo se explican por la desigualdad de recursos determinada por la infrafinanciación autonómica, sino que se deben también a la decisión política de cada gobierno regional”, según recoge un comunicado. De hecho, insiste en que el esfuerzo que realiza cada autonomía en educación, medido como porcentaje de los ingresos netos disponibles, varía de forma notable: Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana, que figuran entre las regiones más afectadas por la infrafinanciación, destinan cerca del 30% de sus recursos a educación, mientras que Navarra o Asturias apenas superan el 20%.
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Además, existen diferencias relevantes en la distribución del gasto entre enseñanza pública y privada. País Vasco y Madrid dedican más de una cuarta parte de su gasto público educativo a centros educativos privados, frente al 8% que destinan Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura. El peso de los conciertos educativos marca una de las principales diferencias entre los sistemas autonómicos.

España se recupera de la crisis de 2008 pero sigue a la cola de la UE
El gasto público en educación en España ha seguido una tendencia al alza tras la caída sufrida durante la crisis de 2008, alcanzando en 2023 -último año de análisis- su máximo en lo que va de siglo, con 63.040 millones de euros, frente a los 45.752 millones de 2002. Sin embargo, este crecimiento no se ha traducido en un mayor peso dentro del gasto público total, ya que actualmente representa un 9,9%, frente al 11,5% que suponía a principios de siglo.
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El avance en los últimos años no ha permitido alcanzar la media europea en gasto público en educación medido en porcentaje del PIB. Históricamente, España, se ha situado por debajo de la media y en 2023 todavía está 0,5 puntos porcentuales por debajo del 4,7% de la EU-27. Una diferencia que supera los 2 puntos si se compara con los países europeos mejor posicionados como Suecia, Finlandia o Bélgica.
Los retos del futuro de la educación
Durante su intervención, Serrano ha alertado sobre los desafíos que afronta el sistema educativo español, entre los que destaca la previsión de un descenso del 12% en la población en edad de estudiar, según las nuevas proyecciones demográficas. Esta reducción afectará de manera desigual a los distintos niveles educativos, por lo que ha recomendado reasignar los recursos en función de las necesidades específicas de cada etapa. El investigador ha insistido en que el objetivo fundamental debe ser la mejora de las competencias efectivamente adquiridas por el alumnado, más allá de los años de escolarización.
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Entre las prioridades, el investigador ha señalado la necesidad de seguir impulsando la Formación Profesional, especialmente la FP Dual, y de alinear la formación y las competencias con las demandas del mercado laboral. Asimismo, considera esencial continuar con la lucha para reducir la tasa de abandono educativo temprano, que todavía se sitúa en el 13% en España. Serrano también se muestra preocupado por el envejecimiento de las plantillas docentes, el aumento de la incapacidad temporal en el sector y la irrupción de la inteligencia artificial.
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