
El último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales demuestra con cifras un problema estructural: el acceso a la sanidad, la educación y los servicios sociales en España depende en gran medida del territorio en el que se viva. Las diferencias en inversión entre comunidades son evidentes y dibuja un mapa desigual de derechos básicos.
En 2024, Navarra lideró el gasto social por habitante con 4.500 euros, mientras que la Comunidad de Madrid cerró la lista con 2.702,80 euros. Así, la brecha supera los 1.797 euros anuales por persona. Por otra parte, en términos de esfuerzo presupuestario también hay contrastes: Murcia destinó el 64,7% de sus cuentas a estas políticas el pasado año, frente al 47,6% de Navarra, que en este caso ocupa la última posición en ranking
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Una década de contrastes
Desde la crisis de 2013, cuando el gasto autonómico cayó por debajo de los 100.000 millones de euros, las comunidades han ido recuperando inversión social, especialmente tras la pandemia. En 2023 se alcanzaron los 159.393,8 millones, un 25,13% más que cinco años antes.
No obstante, la evolución no ha sido homogénea. Entre 2019 y 2024, Extremadura incrementó su inversión en políticas sociales un 37,86%, frente al escaso 14,97% de Cataluña y Madrid. La subida media nacional fue de 658,10 euros por habitante, pero en Madrid la subida se limitó a 381,30 euros, mientras que en Navarra superó los 1.174 euros.
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Quién gasta más y quién menos
Si se mide el esfuerzo relativo, Murcia, Castilla y León y Andalucía encabezan la lista, con más del 64% de su presupuesto dedicado a sanidad, educación y servicios sociales. Sin embargo, en el extremos opuesto se encuentran Navarra, Cataluña y Baleares, que no alcanzan la media nacional del 59,1%.
En cuanto a euros por habitante, el liderazgo corresponde a Navarra, País Vasco y Extremadura, que superan los 4.000 euros por ciudadano. Siendo la Comunidad de Madrid y Cataluña las regiones que menos invierten por persona, muy lejos de la media española de 3.277 euros. Cabe destacar que un navarro recibe cada año más de 1.400 euros adicionales en gasto social respecto a un extremeño, la primera comunidad de régimen común tras los territorios forales.
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En la sanidad, la mayor brecha
El gasto sanitario se aumentó 14.815 millones de euros entre 2019 y 2024, creciendo un 22% en el conjunto del país, aunque con notables diferencias por regiones. Aragón, Extremadura y Andalucía lideraron el aumento con más de un 34%, mientras que Madrid (10,8%), Cataluña (8,2%) y Murcia (3,1%) quedaron muy por debajo.
En lo referente al gasto anual por habitante en 2024, las diferencias son muy acusadas: en Asturias, el gasto sanitario alcanzó los 2.318 euros por persona, 802,70 euros más que en la Comunidad de Madrid, que dedicó 1.415,30 euros, quedando al final de la lista. El País Vasco (2.222,70 euros), Navarra (2.170,90 euros) y Extremadura (2.164,60 euros) también superaron ampliamente la media de 1.717,30 euros por ciudadano.
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Madrid se queda atrás en educación
La inversión educativa también refleja disparidad. Mientras Murcia, País Vasco y Andalucía dedicaron un 25,1%, un 23,6% y un 23,5% respectivamente de sus presupuestos a la educación, Navarra (15,8%), Asturias (16,6%) y Cataluña (17,5%) se quedaron rezagadas y muy por debajo de la media nacional de 20,3%.
En cifras absolutas (euros anuales por habitante), el País Vasco lidera el gasto educativo con 1.608,50 euros, seguido de Navarra (1.492,20 euros) y Extremadura (1.300,10 euros), frente a los apenas 910 euros de la Comunidad de Madrid, la única región que invierte menos de 1.000 euros al año por persona en educación.
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En cuanto a servicios sociales, el País Vasco, Baleares y Galicia fueron los territorios que más aumentaron su presupuesto entre 2019 y 2024. Aunque, en este caso, Navarra vuelve a destacar en gasto por habitante (836,90 euros), 177,40 euros más que la segunda de la lista, Extremadura, y 463,20 euros más que la última, Baleares, que destina apenas 273,90 euros por persona. Asimismo, Asturias es la comunidad que mayor parte de su presupuesto dedica a esta partida (9,7%).
Derechos básicos que no se garantizan en igualdad de condiciones
El informe advierte que no todas las comparaciones son equivalentes: los sistemas forales de Navarra y País Vasco, o la organización insular en Baleares y Canarias, condicionan los datos. Aun así, la conclusión es clara: el acceso a derechos sociales fundamentales en España no está garantizado en igualdad de condiciones, sino que depende del código postal.
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