Acciona ‘castiga’ a un directivo que denunció la corrupción de su superior: apartado sin funciones, sin equipo y con una bajada de sueldo

Acciona está ‘castigando’ a un directivo que denunció en el canal ético de la compañía a su superior por prácticas corruptas. El año pasado este trabajador tuvo que ser readmitido después de que el Juzgado de lo Social Número 11 de Sevilla declarara nulo su despido por vulneración de sus derechos fundamentales. La compañía, una de las grandes empresas españolas en los sectores de las infraestructuras, las energías renovables, el agua y los servicios, le ha dejado sin equipo, no le está dando funciones y le ha reducido su retribución tras quitarle un complemento salarial. Otros cuadros intermedios de la empresa destinados en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana se han marchado voluntariamente contrariados por el “mal ambiente” de trabajo, con las relaciones con sus jefes y con el procedimiento de contratación con el que se opera.

Acciona, que está siendo investigada en la ‘caso Cerdán’ por el presunto amaño de obras públicas, ha despedido a varios de sus directivos: Justo Vicente Pelegrini, que era CEO de Acciona Construcción en España, Portugal y Norte de África; Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, ambos directores de Zona. Los tres aparecen en los informes de la UCO que vinculan a Acciona con el pago de mordidas al ex secretario de organización del PSOE. En el caso de este directivo despedido, readmitido y apartado dentro de la compañía, Infobae España ha preguntado a Acciona que pasó con la denuncia interna que puso contra su superior Francisco Javier López Buciega, director de ‘Citizen Services’ de Acciona. No ha habido respuesta.

Este diario, no obstante, ha sabido de tres fuentes distintas que la empresa le comunicó hace unos días que la investigación interna contra López Buciega está cerrada y para que este directivo denunciante no moleste más, Acciona ha decidido no recurrir la sentencia en primera instancia, por lo que su readmisión es definitiva. Sus condiciones de trabajo, no obstante, no son las que dejó cuando se fue. El equipo que trabajaba con él ha sido eliminado, ahora depende orgánicamente de una persona que antes dependía de él y le han quitado atribuciones, lo que ha supuesto una pérdida salarial significativa. Infobae España se ha puesto en contacto con este trabajador, que no ha querido hacer comentarios.

Como ya publicó Infobae España en septiembre de 2024, Acciona despidió a un directivo de la filial Acciona Servicios Urbanos SL, su delegado en Andalucía, Extremadura, Canarias, Ceuta y Melilla. El despido se ejecutó en febrero de 2022 alegando motivos económicos. Tres meses antes, en diciembre de 2021, este directivo había denunciado de manera anónima en el canal ético de la empresa (que sigue activo en la página web) a su superior, Francisco Javier López Buciega, alias ‘burundanga’ dentro de la compañía. En esa denuncia relataba “un modus operandi consistente en presionar a los funcionarios de los organismos públicos para que adelanten los borradores de los pliegos antes de que sean públicos”. Para ello, se usaba una cuenta de correo ajena a la empresa para que enviaran a Acciona los pliegos antes de que fueran publicados “y poder tener la ventaja competitiva frente al resto de licitantes para preparar con más tiempo la oferta o concurso en cuestión”.

El denunciante, descubierto

Este directivo, que aportó pruebas, amenazaba incluso con acudir a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) si no cambiaban las políticas internas. Acciona puso al frente de esta denuncia a Joaquín Collado, un ex alto mando de la lucha antiterrorista en la Guardia Civil fichado hace años por Acciona y que sigue en la compañía. Hay que recalcar que esta empresa tiene como director del área de seguridad internacional a José Manuel Sánchez Corbí, ex jefe de la UCO de la Guardia Civil, la misma unidad que investiga ahora ‘el caso Cerdán’. Según los documentos judiciales a los que ha tenido acceso este diario, Collado acabó elaborando un informe en el que dejaba claro que el denunciante era este directivo en cuestión, cuando se supone que el canal ético salvaguarda el anonimato de los trabajadores que mandan mensajes.

El denunciante, antes de ser descubierto, también señaló que tenía más pruebas de otros amaños que implicaban a los Ayuntamientos de Toledo, Zamora, Coslada y Alicante. La respuesta de la empresa fue despedir a este directivo en febrero de 2022 y la suspensión cautelar de empleo y sueldo de su jefe, López Buciega, que solo fue apartado unas semanas y luego volvió a su puesto. El directivo despedido acudió entonces a los tribunales y un juzgado de Sevilla anuló su despido. Se incorporó en junio de 2024. El tribunal condenó a Acciona a su readmisión “en su puesto y condiciones de trabajo”, con abono de los salarios de tramitación, a razón de 254,83 euros brutos diarios. Además de pagarle una indemnización de 15.000 euros por daños y perjuicios.

Pero no ocupa el mismo puesto. Ya no tiene equipo. Como responsable de zona solo le han asignado un 20% de la geografía que gestionaba con anterioridad. Según han señalado varios trabajadores, “no tiene funciones ni contenidos, no le aceptan sus propuestas ni le informan de los proyectos que se ejecutan en su nueva zona geográfica. Además, le han quitado un suplemento salarial que ronda los 20.000 euros al año. La empresa no ha querido limpiar la mierda”. Un portavoz de Acciona explica que este tema es “un asunto estrictamente laboral, derivado de una reestructuración departamental de ASUMA (Acciona Servicios Urbanos y Medioambientales) que afectó a varios empleados en toda España. El empleado fue readmitido en su momento en cumplimiento de la sentencia laboral. La salida se produjo en medio de un proceso de reorganización. Cuando se produjo su reincorporación la estructura había cambiado. Su posición actual es equivalente a la que tenía en su momento. La readmisión se realizó conforme a lo estipulado en la sentencia de lo laboral”.

Marchas voluntarias

El ambiente no es el mejor en la empresa. Cuadros medios de la empresa destinados para gestionar los contratos que la compañía se ha llevado en los municipios de San Agustín de Guadalix, Coslada, Colmenar Viejo y Torrevieja se han marchado de la empresa, cansados de las “formas” de sus superiores y de los procedimientos de contratación que operan dentro de la compañía. Acciona acaba de adjudicarse el contrato de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria en San Agustín del Guadalix (Madrid) durante los próximos diez años por 15 millones de euros. El mismo portavoz de Acciona antes mencionado señala que “no ha habido más denuncias” ni quejas internas contra López Buciega.

La compañía ya presta este mismo servicio en otros municipios madrileños como Colmenar Viejo, Coslada, Alcobendas y Madrid. En Coslada, por ejemplo, el Ayuntamiento, gobernado por un tripartito del PSOE, Más Madrid y Podemos-IU, ha decidido imponer una sanción de 9,3 millones de euros a la UTE que gestiona este contrato (FCC y Acciona) por saltarse 756 jornadas de trabajo pactadas en ese contrato. En Tortosa (Tarragona), el Ayuntamiento acaba de abrir otro expediente sancionador a la empresa, concesionario del servicio de limpieza de la vía pública y recogida de residuos, por el incumplimiento de varios puntos del contrato. En Palencia, el Consorcio Provincial de Residuos ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional contra Acciona por un presunto delito de desobediencia tras el cierre unilateral del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de la localidad.