La tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid, a juicio: el “IBI dos” de la capital pone en juego 300 millones de euros en enero

Madrid está haciendo historia. El futuro de la tasa de basuras del Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida irá al Tribunal Superior de Justicia de la capital. Esto quiere decir que se podría tumbar la ordenanza y obligar al Consistorio a devolver cerca de 300 millones de euros, correspondientes a la recaudación total estimada de dicha tasa (296.066.167 euros, según los presupuesto de 2025 del Ayuntamiento de Madrid). El motivo: un recurso impulsado por la Asociación Española de asesores Fiscales (Aedaf), que no se dirige a un recibo concreto, sino contra la norma entera, lo que acelera el proceso y abre la puerta a una cascada de reclamaciones masivas.

Desde Aedaf sostienen que la ordenanza es ilegal porque no cumple el principio de “pago por generación”, es decir, que quien más residuos produce, más paga. En este sentido, la organización defiende que “la tasa no se calcula en función de la generación de residuos de los ciudadanos”, sino en otros ajenos como el valor de la vivienda, según han explicado a Infobae España.

Así, según los asesores fiscales, el 82% del importe se calcula según el valor catastral del hogar, mientras que solo el 19% depende de la basura que se genera y del grado de separación de residuos en los barrios. Para la organización, esto convierte la tasa en un impuesto patrimonial encubierto. “Nos encontramos con una ‘IBI dos’, en lugar de una tasa que se determine en función de la generación de residuos”, insisten desde Aedaf.

Pagar... Y después reclamar

Además, los asesores fiscales critican que ni el número de personas que viven en la vivienda, ni el comportamiento real de separación de residuos influyen en la cuota: “No se tienen en cuenta el número de personas que viven en cada vivienda, ni la actuación de cada contribuyente en la separación de residuos, ni la generación individualizada de los mismos”, resumen.

Si el TSJM da la razón a los asesores fiscales, la ordenanza sería nula de pleno derecho y el Ayuntamiento tendría que devolver lo cobrado a quienes hayan recurrido su recibo antes de que sea firme: “El Ayuntamiento tendría que devolver los importes cobrados a aquellos contribuyentes cuyas liquidaciones no hayan devenido firmes […] los contribuyentes deberían recurrir la liquidación recibida”, sentencia la organización.

Aedaf desmiente al Gobierno central

Para imponer la ley en los ayuntamientos, el Gobierno de Pedro Sánchez aseguró que la tasa deriva de una exigencia europea. Sin embargo, desde la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) afirman que la UE no obliga a crear una tasa específica. La Directiva de 2018 obliga a mejorar la gestión de residuos, pero no crear nuevos impuestos.

Del mismo modo, ANIHPL ha criticado que la Ley 7/2022 deja un enorme vacío e “inseguridad jurídica”, con criterios dispares entre los municipios. Por ello, muchos ya llaman a este tributo “la plusvalía número dos”.

Una bomba de recaudación de casi 3.500 millones de euros

La tasa podría convertirse en el segundo ingreso municipal más importante de España, con una recaudación potencial de 3.500 millones, por delante de la plusvalía municipal. No obstante, los inspectores advierten que, aun así, los ayuntamientos afrontan un agujero de 2.000 millones, ya que los servicios de basuras cuestan más de los que se ingresa.

Para 2025, los presupuestos prevén un gasto de 5.325 millones en residuos, frente a 3.488 millones de ingresos. Por ello, ANIHPL prevé “severos problemas presupuestarios” si los tribunales anulan la tasa actual.

Aedaf no plantea una cifra alternativa, sino un cambio de modelo para cumplir la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, “obliga a las entidades locales a establecer una tasa específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos”.

El futuro de los ayuntamientos, en juego

Entre tanto, el Ayuntamiento de Madrid se ha visto envuelto en críticas y reclamaciones mientras denunciaba el desamparo del Gobierno central, otros consistorios, como el de Leganés y Alcobendas, ha optado por ser prudentes. Esperarán a la sentencia de la TSJM. Mientras tanto, Aedaf exige “una cuantificación acorde con la realidad de la gestión de los residuos”.