El Ayuntamiento de Madrid rectifica el diseño de su tasa de basuras creada para cumplir con la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Tras mes y medio de críticas vecinales y de la oposición, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida anunció el jueves 23 de octubre, en Junta de Gobierno, que a partir de 2026 el cálculo incorporará el número de personas empadronadas por vivienda.
El nuevo esquema elimina la tarifa de generación única por barrio y establece diez tramos en función de los empadronados en cada inmueble, desde una persona hasta diez o más, tomando como referencia el 1 de enero de 2026.
Según detalló el Consistorio, la cuota se calculará con una tarifa básica -ligada al valor catastral- y una tarifa por generación, que atiende a la cantidad de residuos y a la calidad de la separación en los 131 barrios de la ciudad, según los datos aportados por el Parque Tecnológico de Valdemingómez.
Con este rediseño, el recibo medio previsto para 2026 será de 142,6 euros, prácticamente la misma cifra que en 2025, con ligeras variaciones según el número de empadronados. Según señaló El País, el recibo sube de 141 a 142,6 euros de media.
Además, el Ayuntamiento mantiene que la tasa no incluye los costes de limpieza viaria, a diferencia de otros municipios; de haberlos incorporado, habrían duplicado prácticamente las cuotas. El número de inmuebles sujetos al pago ronda los 1,7 millones, con exenciones ya aplicadas a garajes y trasteros vinculados a vivienda, solares y edificios en ruina.
Asimismo, se mantienen reducciones para familias numerosas -según valor catastral y categoría- y una bonificación del 100% para perceptores del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínima de Inserción.
El Ayuntamiento culpa al Gobierno central
La delegada del Área de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo presentó la modificación como un ajuste para dotar a la tasa de mayor “equidad y seguridad jurídica en su cálculo” y “acercarla todavía más al objetivo de ‘quien contamine paga’”, según recogió Europa Press.
En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, defendió también que “en Madrid se ha trabajado de forma rigurosa” y criticó que el Ejecutivo central impusiera “de forma unilateral” la obligación de que los ayuntamientos repercutan en los ciudadanos el coste real de la gestión de residuos.
Este martes 28 de octubre, durante el Pleno de Cibeles, la delegada ha insistido en que los cambios buscan una ordenanza “coherente y solvente desde el punto de vista jurídico” y ha denunciado que la tasa “ataque la autonomía municipal”, en un contexto de “ausencia de normativa” clara.
La oposición pide más cambios
La rectificación ha sido valorada como positiva por la oposición, pero no zanja, a su juicio, otras “injusticias” del tributo, como no tener en cuenta la renta, los hábitos de reciclaje a nivel doméstico o el impacto de los pisos turísticos en el centro.
Para intentar mitigar el malestar social, el Ayuntamiento ha decidido acompañar la reforma con una rebaja del IBI: el tipo general baja del 0,428% al 0,414%, lo que supondrá 30,8 millones menos de recaudación en 2026, según sus cálculos.
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