Los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, han cerrado un pacto con varios de sus socios parlamentarios para reforzar la protección de los inquilinos. El acuerdo, sellado este martes en el Congreso, incluye como novedades la prohibición expresa de trasladar al arrendatario tasas o tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la fijación de límites a los precios de los alquileres de temporada y de habitaciones.
Las medidas se incorporan como enmiendas transaccionales a la proposición de ley impulsada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNF para ordenar el mercado de alquileres no permanentes, una iniciativa que encara ahora su fase de ponencia. El texto avanza con el respaldo del bloque que habitualmente sostiene al Ejecutivo, aunque su futuro no está garantizado. El proyecto deberá superar la votación en la Comisión de Vivienda y, finalmente, el examen del Pleno, donde Junts podría inclinar la balanza si decide alinearse con la oposición PP y Vox.
Topes para los alquileres de habitaciones y un marco nuevo para los de temporada
Una de las principales modificaciones acordadas, establece que el precio de los alquileres de habitaciones debe estar sometido a regulación. El objetivo, con esto, es evitar que la suma de rentas por habitaciones dentro de una misma vivienda supere el límite que se fija para el arrendamiento completo del piso. Con esta fórmula, tanto PSOE y Sumar, como ERC y Bildu, pretenden cerrar lo que consideran un resquicio utilizado por algunos propietarios para sortear los topes fijados en áreas tensionadas.
Además, los inquilinos que opten por alquilar una habitación pasarán a estar amparados por las mismas garantías de quienes firman un contrato de vivienda completo. Entre esas garantías se incluyen las limitaciones a la fianza, las restricciones a subidas de precios y la prohibición de cargar honorarios o comisiones al arrendatario, como ocurre con los contratos de alquileres ordinarios.
De igual manera, el texto redefine los requisitos para formalizar contratos de alquiler de temporada. A partir de ahora, solo podrán firmarse por un máximo de 12 meses y siempre que exista una causa debidamente justificada, como motivos laborales, académicos o similares. El endurecimiento pretende frenar el uso fraudulento de esta modalidad, que en ocasiones se ha empleado para eludir la regulación de los alquileres de larga duración.
El acuerdo añade también un mecanismo adicional para combatir la temporalidad prolongada. Si no existen causas justificables o si se encadenan contratos de temporada con los mismos inquilinos, la relación pasará automáticamente a considerarse de larga duración, con una vigencia mínima de cinco años, o siete si el arrendador es una empresa.
Fin a los “pagos extra”: veto a trasladar impuestos y tasas al inquilino
La otra modificación relevante afecta directamente a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Los grupos del Gobierno, junto a ERC y Bildu, han pactado prohibir explícitamente que en un contrato de alquiler se trasladen al arrendatario cargos adicionales que no estuvieran recogidos en el contrato previo. La enmienda menciona de forma expresa todo tipo de cuotas, servicios, gastos generales, tasas municipales, cánones o contribuciones especiales.
La medida apunta directamente a la práctica, cada vez más extendida, de repercutir al inquilino el IBI u otros pagos asociados al inmueble. Aunque la LAU ya recogía límites a este tipo de cargas, el nuevo redactado busca “cerrar dudas interpretativas” y acabar con la posibilidad de introducir nuevas obligaciones económicas mediante cláusulas adicionales.
Con este cambio, el Ejecutivo y sus socios buscan reforzar el equilibrio en las relaciones contractuales y evitar que el arrendamiento vaya acumulando costes que, en la práctica, encarezcan el alquiler más allá de la renta pactada.
Una ley con apoyo inestable y un trámite decisivo por delante
Pese al amplio respaldo en la fase de ponencia, con votos favorables de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos, el futuro de la ley está lejos de estar garantizado. Tanto PP como Vox ya han avanzado su rechazo a un texto que consideran intervencionista y perjudicial para la oferta de vivienda en alquiler. En este escenario, el papel de Junts será determinante: si se suma a la oposición conservadora, el proyecto legislativo podría quedar bloqueado en el Pleno.
Para el Gobierno, la norma forma parte del paquete de reformas con las que busca avanzar en la aplicación de la Ley de Vivienda y responder al incremento de precios en el mercado del alquiler, especialmente en áreas metropolitanas y zonas tensionadas por la presión turística y la escasez de oferta.
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