La Fiscalía de Menores de Sevilla ha acordado este lunes la apertura de una investigación formal contra el colegio concertado Irlandesas de Loreto, después de la muerte de Sandra Peña, una alumna de 14 años que se quitó la vida el pasado martes tras meses denunciando ser víctima de acoso escolar. La decisión del Ministerio Público llega tras las conclusiones de la inspección educativa de la Junta de Andalucía, que detectó graves incumplimientos en la actuación del centro ante las denuncias de la familia.
Fuentes de la Fiscalía confirmaron que se ha abierto un expediente de supervisión para analizar la actuación de los responsables del colegio, con el objetivo de determinar si cumplieron con sus obligaciones en materia de protección de menores. Este procedimiento busca una “evaluación más completa” de lo que hicieron —y, especialmente, de lo que no hicieron— los directivos de las Irlandesas de Loreto. Si del examen se desprendiera la posibilidad de la comisión de algún delito, la Fiscalía abriría diligencias penales de investigación.
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De manera paralela, el Ministerio Público ha puesto en marcha un expediente de reforma juvenil centrado en el presunto acoso sufrido por la menor. Con él se pretende identificar a las alumnas que podrían haber participado en los insultos, humillaciones y vejaciones hacia Sandra, y determinar si existe responsabilidad penal en su conducta. Según la información facilitada por la familia, tres compañeras de clase sometieron a la adolescente a un hostigamiento continuado durante meses.
La Junta constata fallos graves en la actuación del colegio
La decisión de la Fiscalía se produce tras recibir el informe de los inspectores de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que la pasada semana concluyeron que el colegio no activó el protocolo contra el acoso escolar pese a los indicios existentes, entre ellos dos denuncias formales de la familia. Tampoco se aplicó el protocolo de prevención de conductas autolíticas, a pesar de que la menor había intentado quitarse la vida con anterioridad.
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El expediente administrativo abierto por la Junta fue remitido a la Fiscalía para que valorara la posible existencia de responsabilidades penales. Desde la Consejería se subraya que, en caso de acreditarse un incumplimiento grave del concierto educativo, el centro podría perder la financiación pública de la que actualmente se beneficia. “Será la Fiscalía la que determine las posibles responsabilidades, así como la titularidad del centro la que deba actuar depurando las responsabilidades de su personal conforme a los requerimientos enviados”, precisaron fuentes de la Administración autonómica.
El colegio Irlandesas de Loreto pertenece a la Fundación Mary Ward, entidad titular de varios centros concertados en Andalucía y otras comunidades. Hasta el momento, la dirección del centro sevillano no ha emitido comunicado alguno sobre el expediente ni sobre los hechos que rodean la muerte de la alumna.
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La familia denuncia la inacción del centro
La familia de Sandra Peña sostiene que la dirección del colegio ignoró sus advertencias. El tío de la menor, Isaac Villar, portavoz de los padres, ha explicado que la madre acudió en dos ocasiones a la dirección para denunciar el acoso que su hija sufría en clase. La primera queja se presentó a finales del segundo trimestre del pasado curso, después de que Sandra relatase en casa los episodios de humillación a los que era sometida. “No hicieron nada”, lamentó Villar, insistiendo en que el colegio no ofreció ni apoyo emocional ni medidas concretas para protegerla.
Ante la falta de respuesta institucional, la familia decidió buscar ayuda profesional por su cuenta. Desde julio, la adolescente recibía terapia psicológica privada, y fue su psicóloga quien elaboró un informe detallando el sufrimiento que padecía. Con ese documento, la madre regresó al centro en septiembre y exigió que separaran a su hija de las tres compañeras que presuntamente la acosaban. Pese a la insistencia, el colegio no modificó la situación.
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La familia ha anunciado que emprenderá todas las acciones legales posibles para depurar responsabilidades. Entre las opciones que se barajan figura la interposición de una denuncia penal contra los responsables del colegio por presunta omisión del deber de protección.
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