La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha advertido que el colegio Irlandesas de Loreto de Sevilla, en el que estudiaba la menor de 14 años que presuntamente se quitó la vida tras sufrir acoso escolar, podría perder su concierto educativo “si el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave” de las obligaciones derivadas del mismo.
Fuentes de la Consejería han precisado que será la Fiscalía la que determine las posibles responsabilidades penales, mientras que la titularidad del centro deberá depurar internamente las responsabilidades de su personal conforme a los requerimientos enviados por la administración autonómica. “A partir de ahí, en el caso de que el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave del concierto, se podría determinar su retirada por parte de la Junta”, han explicado.
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El centro no activó los protocolos obligatorios
El pasado 16 de octubre, la Consejería confirmó que el colegio Irlandesas de Loreto no activó ni el protocolo de acoso escolar ni el de conductas autolíticas, tal y como obliga la normativa vigente. Este incumplimiento, según el departamento que dirige María del Carmen Castillo, motivó la apertura inmediata de un expediente administrativo y la remisión de toda la información disponible a la Fiscalía.
La Inspección Educativa, según comunicó la Junta, actuó “de forma inmediata” para recabar los testimonios de la dirección del centro, así como el registro documental de todas las comunicaciones y actuaciones llevadas a cabo por el colegio tras conocerse la situación de la menor. Los inspectores levantaron acta de sus intervenciones y elevaron un informe de propuesta de medidas a la Consejería.
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La Consejería sostiene que el centro estaba obligado a activar ambos protocolos en cuanto tuvo conocimiento de la posible existencia de acoso o de indicadores de riesgo en la alumna. El protocolo de acoso escolar implica la evaluación y seguimiento de los casos por parte de un equipo especializado, así como la comunicación a la familia y a la inspección educativa. El de conductas autolíticas, por su parte, obliga a una intervención inmediata para garantizar la seguridad del menor y la derivación a los servicios sanitarios o psicológicos correspondientes.
Investigación en manos de la Fiscalía y del Defensor del Pueblo Andaluz
La Fiscalía Provincial de Sevilla ya ha asumido la investigación para esclarecer las posibles responsabilidades penales derivadas de la muerte de la joven. En paralelo, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha anunciado la apertura de una investigación de oficio para analizar el funcionamiento de los protocolos contra el acoso escolar en este caso.
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Maeztu ha elevado una queja formal ante la autoridad educativa y ha subrayado la necesidad de reforzar la prevención en los centros. “Los protocolos tienen que funcionar”, declaró, recordando que no basta con que existan mecanismos normativos si no se aplican correctamente cuando surgen indicios de acoso o maltrato.
La actuación de Maeztu se produce en un contexto de creciente preocupación institucional por el aumento de los casos de acoso escolar en Andalucía. La memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía de 2024 recoge que se incoaron un total de 75 expedientes de reforma —procedimiento penal aplicable a menores de entre 14 y 18 años— por acoso escolar en la comunidad. La mayoría, 62, se concentraron en Málaga, mientras que en Sevilla no constaban casos registrados en el último ejercicio, según los datos oficiales.
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Presión social sobre el colegio
La muerte de la menor, identificada como Sandra Peña, ha sacudido a la sociedad sevillana. La joven, de 14 años, falleció tras precipitarse desde la azotea del edificio en el que residía junto a su familia, en la calle Rafael Laffón. Sus padres, en medio del duelo, han difundido públicamente su imagen para denunciar la situación de acoso que, según relatan, sufría desde hacía tiempo por parte de un grupo de compañeras del mismo centro.
En los días posteriores a la tragedia, decenas de padres y madres se concentraron ante las puertas del colegio Irlandesas de Loreto para exigir responsabilidades y reclamar mayor transparencia en la gestión de los casos de acoso. Algunos de los asistentes aseguraron que “no es la primera vez” que se denuncian comportamientos similares en el centro.
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El suceso ha generado también una ola de solidaridad hacia la familia de Sandra, con numerosos mensajes de apoyo en redes sociales y muestras de cariño en el entorno deportivo en el que participaba la menor. Sin embargo, el debate público se ha centrado en la actuación del colegio y en la posible pasividad ante las señales de alerta.
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