
El ambiente en el colegio de las Irlandesas de Loreto, un centro privado concertado de Sevilla, ha quedado completamente alterado desde el suicidio de Sandra, una alumna de 14 años, el pasado martes. La menor había denunciado en dos ocasiones sufrir acoso escolar dentro del centro, pero la dirección no activó el protocolo previsto por la normativa andaluza. Desde entonces, el colegio vive entre la conmoción, el silencio institucional y el malestar de una comunidad educativa dividida entre el dolor y la indignación.
Frente a la casa de la familia de Sandra siguen encendidas las velas en su memoria, mientras que las paredes del colegio están cubiertas de pintadas que acusan a la dirección de “encubrir” el acoso. El País detalla que algunos de esos mensajes señalan con nombre y apellido a tres alumnas supuestamente implicadas en el hostigamiento, cuyos nombres también circulan por redes sociales. A la entrada del centro, varios agentes de la Policía Nacional custodian la zona desde hace días, mezclándose con los padres que acompañan a sus hijos y con vecinos que se acercan movidos por la curiosidad o la preocupación.
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Padres entre la alarma y la desconfianza
Según relata El País, las familias de los alumnos más pequeños intentan maquillar como pueden la tensión que se respira cada mañana. Una madre le dice a su hijo que las paredes decoradas lo están “por Halloween”, mientras otra señala el coche de policía estacionado frente a la puerta como si fuera parte del paisaje habitual. Pero el ambiente es de inquietud, y los gestos de los padres lo delatan.
En declaraciones recogidas por El País, varias familias han contado que sus hijos han sido increpados o señalados en la calle por llevar el uniforme del colegio. “Están combatiendo el acoso con acoso”, lamenta una madre. Otro padre advierte: “Muchos niños se sienten observados, juzgados por el simple hecho de pertenecer al centro”. Ninguno quiere dar su nombre por miedo a que sus hijos sean reconocidos.
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El viernes pasado, según el mismo medio, un grupo de desconocidos arrojó huevos y piedras al patio de Infantil, el más expuesto a la vía pública. “Algunos iban encapuchados y gritaron ‘asesinos’ durante el recreo”, cuenta un padre. Desde ese día, muchos estudiantes han optado por no acudir a clase o por hacerlo vestidos de calle para evitar ser identificados. “Mi hijo fue señalado en el autobús, una señora dijo: ‘Ese niño va a ese colegio’. Desde entonces le he prohibido llevar el uniforme”, explica otra madre a El País.
La conmoción por el caso también ha estallado en redes sociales, donde centenares de usuarios han expresado su indignación y su desconfianza hacia el colegio y las instituciones educativas. En la red social X se han difundido numerosos mensajes cargados de enfado, algunos con un tono abiertamente hostil hacia el centro y sus responsables.
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Entre las publicaciones más compartidas, varios usuarios acusan al colegio de “encubrir” el acoso y de “adiestrar a los alumnos en el silencio”, mientras otros piden que se revisen las ayudas públicas a los colegios concertados. También abundan los comentarios que describen el centro como “una casa del terror”, en referencia a testimonios de padres que aseguran haber vivido episodios de hostigamiento en el pasado.
El debate digital se ha tornado especialmente bronco en las últimas horas, con mensajes que incluyen insultos y descalificaciones hacia el profesorado y las familias vinculadas al caso. Algunos internautas reclaman “responsabilidades políticas” y denuncian la falta de eficacia de los protocolos contra el acoso escolar. La oleada de comentarios ha incrementado la presión social sobre el colegio y ha contribuido a alimentar un clima de hostilidad que preocupa a las familias del alumnado.
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El silencio de la dirección y la actuación de las autoridades
El País asegura que la dirección de las Irlandesas de Loreto no ha respondido a las preguntas del diario sobre si ha denunciado las pintadas o el lanzamiento de objetos. “Están reunidos”, es la única respuesta que los periodistas han recibido. En cambio, el Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado al mismo medio que los servicios municipales de limpieza iniciarán la retirada de las pintadas tras recibir la solicitud de la Policía Nacional.
Fuentes policiales citadas por El País señalan que el despliegue en torno al centro responde a un dispositivo preventivo habitual en situaciones de gran atención mediática. Niegan que se haya activado por motivos de seguridad excepcionales, aunque reconocen que el clima emocional en la zona es “delicado”.
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La Fiscalía de Menores mantiene abierta la investigación sobre la muerte de Sandra. Según El País, el Ministerio Público analiza el informe remitido por la Consejería andaluza de Educación, que a su vez ha pedido al centro que explique por qué no se activó el protocolo contra el acoso escolar. La Policía, de momento, no ha podido acceder al teléfono móvil de la joven, lo que impide comprobar si el hostigamiento continuó fuera del ámbito escolar, como ha señalado Isaac Villar, tío de la menor, al citado diario.
En las inmediaciones del colegio, el ambiente se mantiene crispado. El País describe cómo una mujer increpó a una trabajadora del centro gritándole “¡sinvergüenza!” y recordando que también sus hijos habían sufrido acoso en el mismo lugar. El episodio refleja la fractura emocional que atraviesa la comunidad educativa, atrapada entre la exigencia de responsabilidades, la defensa de los menores que siguen asistiendo al centro y un silencio institucional que, por ahora, se mantiene intacto.
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