El sistema de atención a la dependencia en España enfrenta una presión creciente y una desigualdad territorial alarmante. Según el último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, 284.020 personas se encontraban en listas de espera a 1 de octubre de 2025, de las cuales 133.414 esperan valoración y 150.606 tienen derecho a prestaciones, pero aún no las reciben.
Esto refleja un incremento con respecto a 2024 de 13.695 personas, es decir, un 5,1% más en los primeros nueve meses de año.
Cada 15 minutos muere un dependiente
El informe denuncia que 25.060 personas han fallecido durante la espera: 13.713 sin haber sido valoradas y 11.347 con derecho reconocido pero recibir la prestación.
“Cada 15 minutos muere un dependiente sin recibir las ayudas de la ley”, alerta la asociación. La situación es especialmente grave en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y Murcia, donde se concentra dos tercios de los casos.
“La interminable dilación de muchos procedimientos tiene como consecuencia que muchas personas salgan de la lista de espera por fallecimiento sin haber recibido las prestaciones a los que tenían derecho”, añade el informe.
Retrasos que se acercan al año
El tiempo de tramitación de un expediente ha pasado de 334 días a 349 días entre enero y septiembre de 2025. En comunidades como Murcia (563 días), Andalucía (559 días) y Canarias (478 días), la espera roza los 500 días.
Solo cinco territorios cumplen el plazo legal de seis meses: Castilla y León (113 días), País Vasco (130), Aragón (152), Ceuta y Melilla (154) y Castilla-La Mancha (169).
El 12,5% de los solicitantes espera algún tipo de trámite, con mayor concentración en Canarias (33 %), Murcia (22,4 %) y Cataluña (19,9 %), mientras que Cantabria, Galicia y Navarra registran los porcentajes más bajos.
Desigualdad territorial y reducción de plazas
Otro de los puntos del informe es la desigualdad territorial. Es decir, en Canarias (+22,6%) y Galicia (+14%) han incrementado el número de personas con derecho a prestación, mientras que La Rioja (-1,4%) y Cantabria (-0,5%)han visto descender estas cifras.
Además, durante 2025 se han reducido las plazas en residencias (804 menos) y en centros de día (969 menos), mientras que el aumento de beneficiarios se ha logrado “reconociendo prestaciones más baratas y reduciendo las plazas de residencias y de centros de día”.
El 34% de las personas desatendidas son grandes dependientes o severos, con necesidades de apoyo extenso y continuado.
Financiación en disputa
Sobre la financiación, la asociación denuncia que en 2024 “el Gobierno central redujo al 27% su porcentaje de financiación de la dependencia”. De los 12.843 millones de euros destinados a la atención a la dependencia, las comunidades aportaron 72,9%, mientras que el Estado contribuyó con 27,1%.
Sin embargo, desde el Ministerio de Derechos Sociales, se rechaza esta interpretación. “No es cierto que no haya aumentado la inversión en dependencia en estos dos últimos años”, reclaman.
En total, el Estado habría transferido 4.516 millones de euros en 2024, sumando niveles mínimos y acordado, cotizaciones de cuidadoras no profesionales y el Plan de Recuperación.
Para 2025, se prevé un aumento adicional de 200 millones de euros en financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
El rostro de la dependencia
El perfil de la persona dependiente en España refleja desigualdad de género y edad: casi dos tercios son mujeres (62%) y un tercio hombres (37%). Tres de cada cuatro tienen más de 65 años, y los mayores de 80 años representan el 53% del total.
Además, el 56% de las personas atendidas en domicilio carecen de servicio de teleasistencia, y 65.647 lo reciben como prestación única, de las cuales el 42 % reside en la Comunidad de Madrid.
A pesar de haber incrementado el número de beneficiarios en 81.371 personas respecto a 2024, la Asociación de Directores y Gerentes alerta que “el ritmo es claramente insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y atenciones”.
La combinación de listas de espera largas, prestaciones más económicas y disparidad territorial deja a miles de dependientes en riesgo, algunos con desenlaces fatales.
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