Han pasado 40 años desde la introducción del aborto en la legislación española, pero la interrupción del embarazo sigue siendo un procedimiento realizado casi en su totalidad en la sanidad privada. En 2024, se llevaron a cabo 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), un incremento del 3% respecto al año anterior. Del total, un 21,25% fueron realizadas en centros públicos (22.563), un ligero aumento en comparación a otros años, pero que sigue siendo insuficiente para atender la demanda de la sociedad española.
Los datos publicados por el Ministerio de Sanidad muestran que estas intervenciones se realizan en 248 centros repartidos por todo el país, 48 más que en el año 2015. La mayoría (169) son de titularidad pública, pero asumen un porcentaje ínfimo de las IVE realizadas.
La sanidad privada hace frente actualmente al 78,74% de todos los procedimientos, llegando a realizar la totalidad de las IVE en algunas comunidades autónomas. Pese a que la reforma de 2023 instó a los centros públicos a garantizar “el personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo”, en algunas regiones las IVE son inexistentes o anecdóticas dentro de la sanidad pública.
Extremadura realizó cero abortos en su sanidad pública
A nivel comunitario, los centros públicos de dos comunidades autónomas no comunicaron ninguna interrupción del embarazo en 2024: se trata de Extremadura y Castilla-La Mancha, que restringieron este derecho a la atención privada para toda su población. Mientras Extremadura, gobernada por el PP, llevó a cabo 1.487 IVE en sus centros privados, Castilla-La Mancha, con el PSOE de Emiliano García-Page al frente, registró dos de los 3.579 abortos en centros públicos, según el informe de Sanidad.
La situación se replica en las dos ciudades autónomas: ni Ceuta ni Melilla —también a cargo del PP— ofrecieron la interrupción del embarazo dentro del INGESA. En total, los dos enclaves españoles registraron 165 procedimientos, todos ellos en clínicas de titularidad privada.
En el resto del territorio, Andalucía realizó 19.787 interrupciones del embarazo en el año 2024, pero solo el 0,03% se dieron en su sanidad pública. Le siguen Madrid (0,47%), Murcia (0,93%), Asturias (1,93%), Aragón (2,30%) y el País Vasco (4,32%), todas ellas por debajo del 5%. En otras regiones, sin embargo, el Sistema Nacional de Salud (SNS) dio el sorpasso: el 88,49% de los abortos realizados en Cantabria fueron dentro de la sanidad pública, ejemplo que siguen en Galicia (77,02%), La Rioja (76,11%), Navarra (74,82%), Baleares (61,30%) y Cataluña (55,67%).
El Gobierno busca introducir el aborto en la Constitución
Este jueves, el Gobierno ha anunciado que propondrá ante el Congreso de los Diputados una reforma constitucional para incluir el derecho al aborto en la Carta Magna. La respuesta del Ejecutivo surge después de que el Ayuntamiento de Madrid aprobase una propuesta para informar a las mujeres que deseasen ejercer ese derecho de un presunto síndrome postaborto, que carece de evidencia científica.
“En un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos, España da un paso más para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas”, han expresado desde la Moncloa. De aprobarse, España se convertiría en el segundo país del mundo en proteger el aborto en su máxima norma, después de que Francia lo lograse en marzo de 2024. Sin embargo, el panorama parlamentario no pinta demasiado positivo: para llevar a cabo el procedimiento por reforma ordinaria, tal y como pretende el Gobierno, se necesitaría una mayoría de tres quintos, tanto en el Congreso como en el Senado.
No obstante, al tratarse de un derecho de los españoles, el aborto podría añadirse al Título I de la Constitución, en el capítulo “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas”. En este caso, la Carta Magna exige seguir una revisión constitucional, que requiere una mayoría de dos tercios en ambas cámaras parlamentarias, la disolución inmediata de las Cortes y convocatoria de elecciones.
Por el momento, el Partido Popular ya ha mostrado su rechazo a la propuesta gubernamental. “El debate termina aquí”, han afirmado fuentes de Génova recogidas por EFE, que no ven necesario blindar el derecho al aborto en la Constitución.
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