AENA se atrinchera en la gestión centralizada frente a las autonomías del PP y la presión de los inversores privados

La presión de varias comunidades autónomas para acceder a la gestión aeropuertos españoles han encendido las alarmas en AENA y entre sus principales accionistas privados.

La gestora aeroportuaria, que controla 46 aeródromos en España y afronta un plan de inversión sin precedentes de 12.888 millones de euros hasta 2031, ha reiterado su negativa a cualquier forma de cogobernanza, defendiendo la “gestión integrada de la red de aeropuertos”.

“El actual marco normativo español impide que los gobiernos autonómicos entren en la gestión de los aeropuertos regionales”, sentenció Maurici Lucena, presidente y consejero delegado de AENA, durante las Jornadas Empresariales de S`Agaró.

El directivo quiso trasladar un “mensaje de tranquilidad a los accionistas, trabajadores y clientes”, asegurando que no habrá cambios en el modelo.

Inquietud entre los inversores privados

El detonante ha sido la carta emitida por Chris Hohn, fundador del fondo británico TCI y primer accionista privado de AENA con un 6% del capital. En la misiva, el inversor advierte de un “escalada de presiones regulatorias y políticas” que, de prosperar, pondrían en riesgo el valor de su inversión.

TCI considera que fragmentar la red nacional o ceder competencias a las autonomías sería “ilegal e inconstitucional” y generaría “burocracia, inseguridad jurídica y un encarecimiento de la financiación”, según ha publicado Expansión.

No obstante, AENA ha comunicado de la misma manera a CNMV (Comisión nacional de Mercados y Valores) y firmada por la secretaria del consejo, Elena Roldán Centeno, la ausencia de propuestas concretas.

“Ninguna propuesta, proyecto o decisión política que conozca AENA ha alcanzado el grado de concreción y madurez que requiriera una actuación de la Sociedad, que sería inmediata y contundente”, escribía la gestora aeroportuaria.

El futuro de El Prat y Girona

Desde los partidos independentistas catalanes se reclama de forma insistente la cogestión del aeropuerto de Barcelona-El Prat, siendo Junts el principal precursor de esta causa al registrar una propuesta en el Congreso para constituir una filial de AENA en los aeropuertos de El Prat, Girona, Reus y Sabadell, con el objetivo de corregir la “visión centralizadora” que concentra el tráfico en Barcelona.

Por su parte, Lucena se ha mostrado optimista sobre el crecimiento del aeropuerto de Girona que, según dijo, absorberá parte de la demanda hasta que se acaben las obras de ampliación de El-Prat. “Si todo va bien, acabará en el año 2033”, explicó.

La ampliación permitirá a Barcelona-El Prat recibir más vuelos de largo radio y aspirar a convertirse en un hub internacional, aunque, según Lucena, “eso dependerá de lo que dicte el mercado”.

Baleares y Andalucía alzan la voz por la gestión

Más allá de Cataluña, varias comunidades gobernadas por el PP (Partido Popular) también se han sumado a las reivindicaciones autonómicas.

El Parlament balear aprobó en septiembre una iniciativa para reclamar la cogestión del aeropuerto de Palma de Mallorca (Son Sant Joan). La propuesta plantea la creación de una “AENA balear” de titularidad mixta, con el argumento de que la isla necesita una gestión más cercana a sus necesidades.

El Ejecutivo balear sostiene que el actual esquema prioriza los beneficios comerciales frente a la planificación territorial. La iniciativa, sin embargo, choca con la posición de Aena y con la estructura legal del sistema aeroportuario español, protegido por la Constitución y por el hecho de que el Estado controla el 51% del capital a través de ENAIRE.

En paralelo, La Junta de Andalucía ha abierto la puerta a un modelo similar para sus aeropuertos. Articulando las críticas del PP andaluz, reprochan a AENA que “prima los ingresos de las tiendas y parkings frente a las inversiones en pistas y terminales”.

El Ejecutivo autonómico sostiene que una mayor capacidad de decisión permitiría mejorar la competitividad turística y logística de la región. Desde AENA, sin embargo, se replica que fragmentar la red nacional introduciría “inseguridad jurídica” y “burocracia innecesaria” en un momento donde la gestora ha hecho la mayor inversión de su historia.

Guerra abierta por la gestión de los aeropuertos

La compañía, cuyo accionista mayoritario sigue siendo el Estado (51%), defiende que el sistema actual ha demostrado ser eficiente y competitivo. En su comunicación a la CNMV, subrayó que “la preservación del modelo actual cobra especial relevancia en este momento en el que la sociedad inicia un periodo de fuertes inversiones”.

No obstante, las tensiones políticas continúan en aumento y la presión de aerolíneas e inversores han obligado a AENA a reaccionar con firmeza: “Adoptará las decisiones oportunas en defensa de la aplicación de la legalidad vigente, del interés societario de AENA y de los derechos de todos sus accionistas (públicos y privados)”, sentencia en comunicación.

Mientras tanto, el mercado ya ha tomado nota. Tras la publicación de los comunicados, los títulos de Aena cedieron un 2% en la apertura de la sesión.