Desde 2009, las mujeres que han usado la pulsera antimaltrato suman 21.000 casos. Ninguna ha sido asesinada y hoy 4.515 llevan el dispositivo activo. Sin embargo, vista la polémica recién generada por la Memoria de la Fiscalía General del Estado, cabe plantearse la pregunta, ¿quién es el responsable cuando el sistema falla?
La Memoria de la Fiscalía General del Estado afirma que durante la transición del sistema ‘Cometa’ de Telefónica a Vodafone y Securitas, la justicia no pudo acceder a los movimientos de agresores. Esto ha provocado sobreseimientos provisionales y absoluciones. Mientras tanto, ninguno de los implicados asume la responsabilidad de lo sucedido.
¿Cómo funcionan las pulseras?
Las pulseras telemáticas están gestionadas por el Ministerio de Igualdad y operadas por empresas privadas adjudicatarias. Su principal función es actuar como barrera entre una víctima y su agresor, enlazando la tobillera del investigado o condenado con el dispositivo que porta la víctima.
A través de mecanismos de radiofrecuencia y GPS, se activan alarmas instantáneas si el maltratador se acerca o si se manipula el dispositivo.
Hasta ahora, los resultados de este sistema han prevenido lo peor, alertando a cuerpos policiales y órganos judiciales en caso de disrupciones. Ahora, según la Fiscalía, la tecnología está fallando.
La respuesta de las autoridades
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha respondido a las acusaciones tras la polémica, declarando que las pulseras funcionaban en todo momento y que seguirían funcionando, aunque reconoció algunos errores “puntuales”.
La ministra ha explicado que el sistema en sí no falló. El problema, dijo, ocurrió durante el traspaso de datos de Telefónica a una UTE formada por Vodafone y Securitas. Durante el traslado, que se prolongó hasta marzo de 2024, no se podía acceder a los movimientos de los maltratadores. Pero Redondo ha afirmado que el impacto fue mínimo: “Prácticamente, ninguno quedó en libertad de forma injusta. Solo afectó al 1% de los casos”.
El Ministerio de Igualdad ha acusado a la Fiscalía de “hacer valoraciones sin datos”. La Fiscalía, por otra parte, ha precisado que, si bien al principio habló de una “gran cantidad” de casos, en realidad solo fueron “puntuales”.
La situación, sin embargo, es más complicada en municipios pequeños, donde, dada la complejidad de respetar la distancia mínima de 500 metros o la demora a nivel técnico en las zonas con mala cobertura, ha llevado a algunas víctimas a renunciar a esta medida de protección.
¿Quién es el responsable?
Si bien la gestión depende del Ministerio de Igualdad, que es el que licita y supervisa el contrato, la ejecución cae en manos de las empresas privadas.
Esta situación revela la necesidad de controles más exigentes y protocolos de emergencia que garanticen la continuidad del servicio en casos como el que ha causado la polémica.
Las reacciones
Varias organizaciones feministas piden transparencia, responsabilidad y compromiso para que situaciones como la presente no se repitan.
También piden que las víctimas estén involucradas de manera activa en la situación, y que reciban información clara sobre el estado de los propios dispositivos y las medidas que se tomarán de aquí en adelante. No es posible un compromiso cuando están en juego la seguridad y las vidas de muchas mujeres, afirman.
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