La línea 7B del Metro de Madrid reabrirá en noviembre tras tres años cerrada: 73 casas demolidas y cientos de familias afectadas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que la línea 7B del Metro de Madrid, cerrada de forma indefinida desde 2022, volverá a funcionar a finales de noviembre de 2025. La reapertura de este tramo, conocido como MetroEste, debería suponer un alivio para los miles de usuarios que llevan años recurriendo a transportes alternativos. Sin embargo, en San Fernando de Henares nadie celebra del todo la noticia: la infraestructura que prometía modernidad y conexión ha acabado por convertirse en una pesadilla urbanística y social.

Detrás de la reapertura hay una historia marcada por fallos técnicos, negligencia política y dramas vecinales. La línea, inaugurada en 2007 bajo el mandato de Esperanza Aguirre (PP), se presentó como un símbolo de progreso, pero desde sus primeros meses arrastró filtraciones, hundimientos y daños en viviendas.

Un metro que hunde casas

Los problemas comenzaron poco después de que el metro echase a andar. El subsuelo de San Fernando, formado por terrenos yesíferos atravesados por aguas de alta salinidad, no era el mejor candidato para soportar túneles. El contacto de esa agua con los yesos provocó la disolución progresiva del terreno, un fenómeno que se tradujo en grietas en las calles, deformaciones en los edificios y filtraciones constantes en los túneles.

Las primeras alertas llegaron en forma de pequeñas fisuras en viviendas cercanas. Más tarde aparecieron grietas más severas, puertas y ventanas que ya no cerraban, y suelos inclinados. La línea pasó por varias reparaciones parciales, con cierres temporales y refuerzos de emergencia, pero nunca se atacó el origen del problema.

La situación se volvió insostenible en agosto de 2022, cuando el tramo entre San Fernando y Hospital del Henares fue clausurado indefinidamente. El motivo: la seguridad ya no estaba garantizada ni para los usuarios ni para los vecinos.

Dos años más tarde, en 2024, el cierre se amplió hasta el tramo Barrio del Puerto–San Fernando, lo que dejó seis estaciones sin servicio y convirtió la línea en un fantasma dentro de la red de Metro. La Comunidad reconoció entonces que la evolución del terreno era “muy negativa” y que las medidas previas habían sido insuficientes.

Vecinos expulsados de sus domicilios

Mientras los trenes dejaban de pasar, los vecinos sufrían el peor golpe. En total, 73 viviendas han tenido que ser demolidas por los daños irreparables en su estructura. Otras 260 siguen en pie, pero presentan desperfectos reconocidos oficialmente, que van desde grietas superficiales hasta problemas graves de cimentación.

Las cifras de afectados varían según las fuentes: la Comunidad habla de 183 personas desalojadas de manera permanente, pero las asociaciones vecinales elevan la cifra a más de 600 familias impactadas, si se suman quienes han perdido sus casas, quienes viven con daños sin reparar y quienes han visto cómo el valor de su vivienda se desplomaba.

Las prisas electorales

El origen del desastre tiene mucho que ver con la política. La línea 7B fue inaugurada en mayo de 2007 por Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid. Su gobierno del Partido Popular había impulsado la obra a contrarreloj, con el objetivo de cortar la cinta antes de las elecciones autonómicas.

Los técnicos habían advertido de que el terreno no era apto sin medidas adicionales de consolidación, pero las advertencias se dejaron de lado. Se priorizó la foto de la inauguración sobre la seguridad a largo plazo. Desde entonces, los sucesivos gobiernos regionales han gestionado el problema con soluciones parciales, retrasando una actuación integral que solo llegó cuando la situación se había vuelto insostenible.

Las asociaciones de afectados denuncian una falta de transparencia y lentitud en las indemnizaciones. El Ejecutivo regional ha admitido ya la responsabilidad del Metro en los daños, pero muchos vecinos consideran insuficientes las compensaciones ofrecidas, que no siempre alcanzan el valor real de las viviendas perdidas.

El Gobierno de Ayuso asegura que, esta vez, la reapertura será definitiva. Se ha inyectado más de 13.000 toneladas de mortero y hormigón en el subsuelo, consolidando túneles y drenando aguas subterráneas. Además, se han instalado sistemas de auscultación permanente para detectar cualquier movimiento y se han reforzado las estaciones más afectadas.

La Comunidad insiste en que el servicio se recuperará “con todas las garantías” de seguridad y que los usuarios podrán volver a utilizar la línea con normalidad. Sin embargo, el seguimiento de las obras y los planes de compensación a los vecinos continuarán en paralelo, porque la reapertura no pone fin a las reclamaciones vecinales ni al debate político sobre la gestión de este proyecto.