Condenan a nueve años de inhabilitación a la exdelegada del Gobierno y a la exvicepresidenta de Ceuta por la devolución ilegal de menores marroquíes

La Audiencia Provincial de Cádiz, desplazada a Ceuta, ha condenado este jueves a la exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos (PSOE), y a la exvicepresidenta primera del Ejecutivo local, Mabel Deu (PP), a nueva años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos en cualquier administración.

El tribunal las considera responsables de un delito de prevaricación administrativa por la devolución de 55 menores marroquíes no acompañados a mediados de agosto de 2021.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, subraya que ambas autoridades infringieron la Ley de Extranjería y la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, y además, las inhabilita durante nueve años para el derecho del sufragio pasivo.

El fallo también les retira los honores vinculados a sus antiguos cargos y les impone el pago de las costas judiciales a partes iguales. La Fiscalía había solicitado inicialmente 12 años de inhabilitación, mientras que la acusación particular, representada por la Red Española de Inmigración y la asociación L`Escola, reclamaba hasta 15 años.

Una crisis sin precedentes

El origen de los hechos se remonta al 17 y 18 de mayo de 2021, cuando se produjo una entrada masiva e irregular en Ceuta de unos 15.000 migrantes, de los cuales cerca de 1.200 afirmaron ser menores de edad.

Según la resolución, “ante las dificultades para gestionar la extraordinaria situación creada y la precariedad de medios y recursos asistenciales para atender de forma adecuada al elevado número de menores”, la entonces vicepresidenta ceutí decidió emprender actuaciones para agilizar la repatriación.

El 24 de mayo de 2021, Deu remitió una misiva a la Delegación del Gobierno en la que sugería aplicar el acuerdo bilateral hispano-marroquí de 2007 para proceder al retorno. Un acuerdo que contemplaba garantías que no se cumplieron: procedimientos individualizados, intervención de la Fiscalía, información a Marruecos en un plazo de un mes y una comisión de seguimientos.

Los magistrados concluyen que Deu y Mateos, “de común acuerdo y sin ajustarse conscientemente a procedimiento legal alguno”, practicaron las devoluciones “sin seguir lo establecido en el acuerdo marco de 2007, ni alguna otra norma del ordenamiento jurídico vigente”.

La orden: un email sin firma

Uno de los puntos más controvertidos del juicio fue el origen de la orden de repatriar. El entonces jefe de gabinete de la Delegación, Juan Hernández, declaró que la instrucción vino directamente del Ministerio del Interior.

“Nos lo dice el secretario de Estado, que es juez; previa orden del ministro del interior, que es juez, y por voluntad del presidente del Gobierno, que dijo que todos iban a salir”, aseguró en la sala.

El operativo se activó a partir de un escrito sin sello ni firma remitido por el secretario de Estado de Seguridad y de una llamada posterior. Sin embargo, la Fiscalía recordó que ninguna de esas instrucciones eximía de cumplir con la legislación en materia de menores.

Advertencias ignoradas

La responsable del Área de Menores en Ceuta, Toñi Palomo, testificó que advirtió a Deu por escrito de que el pacto bilateral no era aplicable y que, de vulnerar la normativa española, incurrirían en prevaricación.

Pese a ello, fue convocada a la reunión en la frontera del 11 de agosto junto a Deu, Hernández y responsables de la Policía Nacional. Según su relato, “no había autoridades, ni mesa, no nos sentamos, ni firmamos un papel, no hablaban español”, y acabó discutiendo con el representante marroquí al pedir que fueran las familias de los menores quienes acreditaran la filiación.

“Un caos, una avalancha”

El 12 de agosto del mismo año, la Ciudad Autónoma remitió un listado con 145 nombres para ser devueltos escalonadamente. Las trabajadoras de la Fundación Samu, Marta Ojeda y Nieves Lainez, describieron el proceso como un episodio traumático para los adolescentes:

“Los chavales no entendían nada, hubo fugas y autolesiones”, recordaron. Ojeda lo definió con crudeza: “Fue un caos. Una avalancha en la que era imposible contenerlos, con gritos, llantos... Desesperación pura y dura, menores autolesionándose... Desconcierto, temor… Al recordarlo se me eriza la piel”.

Consecuencias políticas

Por último, el fallo deja en entredicho la gestión conjunta de la crisis por parte de la Delegación del Gobierno (PSOE) y la Ciudad Autónoma (PP), reabriendo el debate sobre la utilización de los menores migrantes en contextos de presión fronteriza.

En el plano personal, Mabel Deu ha abandonado la política y ha retomado su labor como docente en un instituto, mientras que Salvadora Mateos se encuentra jubilada desde su destitución en octubre de 2022.