Comienza el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas con la oposición de las comunidades gobernadas por el PP

El Gobierno iniciará esta semana el reparto de menores migrantes no acompañados llegados a Canarias, Ceuta y Melilla entre las distintas comunidades autónomas. Está previsto que el Consejo de Ministros apruebe un decreto que fijará las plazas de acogida correspondientes a cada autonomía y activará el mecanismo para derivar a estos menores desde los territorios cuya capacidad de acogida esté saturada, como ocurre en Canarias y Ceuta, informa la Agencia EFE.

Este procedimiento, fruto de la reforma de la ley de extranjería aprobada tras el acuerdo con Junts y el visto bueno del Congreso en abril —tras meses de demora por la oposición del PP—, prevé que en un año se trasladen cerca de 3.000 menores a otras regiones para aliviar la presión de las zonas fronterizas. A partir de septiembre, cualquier menor extranjero no acompañado que llegue a una zona con recursos desbordados será derivado a otra comunidad en un máximo de 15 días.

El plan quedará formalmente listo el 28 de este mes, aunque la ejecución de los traslados se hará de manera individual tras evaluación de cada caso.

De forma paralela, el Gobierno también ha comenzado el traslado de un millar de menores solicitantes de asilo a los que deberá atender en recursos estatales en la península, siguiendo la orden que le dio el Tribunal Supremo.

Cuántos menores acoge cada región

El decreto que se aprobará el martes establecerá cuántas plazas de acogida debe ofrecer cada comunidad autónoma para menores migrantes. Este cálculo se hará según criterios como la población, la renta per cápita, la tasa de paro y la capacidad actual de cada territorio.

Según las estimaciones del Gobierno, las comunidades que recibirían más menores serán Andalucía (677), Madrid (647) y la Comunidad Valenciana (571). Después figuran Castilla-La Mancha (320), Galicia (317), Aragón (251), La Rioja (205), Castilla y León (197), Extremadura (159), Cantabria (156), Asturias (144), Región de Murcia (133), Navarra (118) e Islas Baleares (49).

Cataluña y País Vasco quedan fuera del reparto por el esfuerzo previo realizado en los últimos años, aunque Cataluña anunció que acogerá como mínimo a 31, al igual que en campañas anteriores, por lo que se convertirá en la comunidad autónoma con mayor número de niños, niñas y adolescentes migrantes en su sistema.

Cabe señalar que la reubicación lleva una financiación asociada de 100 millones de euros para este año.

Rechazo de las regiones gobernadas por el PP

Diez comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra este sistema, al igual que Castilla-La Mancha, gestionada por un Ejecutivo socialista.

Por su parte, la Comunidad de Madrid y Baleares han recurrido ante el Tribunal Supremo los decretos del Gobierno central, y el Ejecutivo balear ha anunciado que solicitará la suspensión provisional del reparto.

El Gobierno central, sin embargo, ha recordado que, mientras la ley siga vigente, las comunidades autónomas están obligadas a cumplirla.

Preocupación de las ONG por los derechos de la infancia

Organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, Accem o Fundación Raíces se han mostrado preocupadas por el reparto de menores migrantes, ya que temen que no se garanticen sus derechos y se reproduzcan las condiciones indignas que ya han sufrido en centros de acogida saturados, tal y como han denunciado algunas organizaciones. “El Estado español, tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas, debe garantizar que esos niños y niñas son acogidos de manera digna y que sus derechos son respetados, incluyendo también el derecho a pedir asilo y a que se detecte si tienen algún tipo de vulnerabilidad”, han señalado las ONG.

Las organizaciones también consideran que la fórmula del real decreto ley no es óptima para las cuestiones que afectan a la protección de la infancia en desamparo debido a “su posible temporalidad” en caso de que fuera anulado y porque, a su juicio, “abre una puerta peligrosa para la garantía de los derechos fundamentales” de los niños, niñas y adolescentes.

Según los datos del Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 15 de agosto de este año, un total de 22.040 personas migrantes han llegado a España por vía marítima y terrestre, 9.115 menos que las que arribaron en ese mismo periodo en 2024.

(Con información de la agencia EFE)