El curso político ha arrancado esta semana en un clima de creciente polarización, no solo a raíz de los incendios y el pulso entre Gobierno y oposición, sino también por el inicio del reparto de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla al resto de comunidades autónomas. La actividad política retoma su agenda tras un verano marcado por los episodios racistas que tuvieron lugar en Torrepacheco, Murcia, donde se registraron agresiones entre grupos de ultraderecha con la comunidad magrebí a raíz de la agresión a un vecino del pueblo, si bien pocos días después, en la localidad murciana Jumilla, el veto de PP y Vox a los actos islámicos en espacios públicos evidenció el endurecimiento de las políticas locales hacia los migrantes.
Precisamente en materia migratoria, el curso político también arranca con la incógnita sobre el futuro de la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes, que ya acumula más de un año de tramitación en el Parlamento. La regularización llegó al Congreso en forma de iniciativa legislativa popular (ILP) con el objetivo de que unas 500.000 personas extranjeras en situación administrativa irregular puedan obtener permisos de residencia y trabajo, una propuesta que reunió más de 700.000 firmas y que cuenta con el respaldo de unas 900 organizaciones sociales.
En abril de 2024, el Pleno del Congreso aprobó la toma en consideración de la iniciativa con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, y tras unos meses estancada en la fase de enmiendas, en septiembre PSOE y Sumar acordaron desbloquear su tramitación. Sin embargo, desde entonces apenas ha habido avances, pues las diferencias entre los grupos parlamentarios siguen bloqueando la tramitación.
Aunque Sumar, Podemos, Esquerra, Bildu y BNG defienden la aprobación de la regularización con un enfoque más amplio y menos condicionamientos, alineados con las reivindicaciones de los colectivos sociales, Junts, PNV y PP apuestan por incluir diferentes condicionantes e incluso plantean que el proceso se realice de forma individualizada y no de manera generalizada.
Desde la Plataforma Regularización Ya, impulsora de la iniciativa, insisten en que lo más importante en este nuevo curso político es que la ILP “no caiga en el olvido”. “Acabamos el ciclo bastante hartas por la falta de compromiso del Gobierno de llevar a cabo esta regularización, porque son muchas las personas expuestas al peligro del discurso de odio y antiinmigración de la derecha fascista, pues ya hemos visto lo que ocurrió este verano en Torrepacheco o en Jumilla”, dice a Infobae España Victoria Columba, una de las portavoces de esta plataforma ciudadana, que también denuncia otros casos de violencia institucional racista ocurridos en los últimos meses, como el del policía que asfixió hasta la muerte a un ciudadano marroquí al que acusó de robarle el móvil en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.
“Hemos ido sumando episodios y normalizando que haya gente que tiene derechos y gente que no. La verdad es que esperamos un poco más de compromiso en materia migratoria en esta nueva etapa, pero tenemos muchas dudas”, advierte Columba. La activista asegura que los colectivos sociales seguirán insistiendo en que la regularización de personas migrantes salga adelante y, en caso de que no se apruebe por vía parlamentaria, añade, “debería hacerlo el Gobierno a través de un real decreto”.
Desde la plataforma también expresan su preocupación por la negociación de competencias en materia migratoria por parte del Gobierno central, especialmente en autonomías como Cataluña, que quiere gestionar las expulsiones de migrantes y los CIE, pues consideran que “no se están garantizando los derechos de las personas migrantes” y están primando más los “intereses económicos que las necesidades de protección”.
Otras regularizaciones de migrantes en España
La propuesta de una regularización extraordinaria de personas migrantes no es una novedad en España. De hecho, a lo largo de la democracia se han llevado a cabo cinco procesos -en 1985, 1991, 1996, 2001 y 2005- bajo Gobiernos tanto del PSOE como del PP. La última regularización, promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, permitió que más de 570.000 personas accedieran a la residencia legal en un contexto de respaldo político amplio y aceptación social.
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