El viento y el calor han alimentado los incendios, pero las administraciones “siguen sin hacer los deberes”: “Sale más caro apagarlos que prevenirlos”

Víctor Resco es catedrático de Ingeniería forestal de la Universidad de Lleida y tiene claro que el principal problema en la gestión de los incendios forestales en España no es de carácter económico: “La extinción sale más cara que la prevención”. Tampoco se trata de un problema científico ni técnico, “sino político”, ya que las administraciones “siguen sin hacer los deberes”. Porque aunque en muchas ocasiones los incendios resultan incontrolables incluso cuando existen medidas de prevención, debido a las altas temperaturas, los fuertes vientos o la propia orografía del terreno, por lo general existe una “falta de inversión en gestión forestal” por parte de las autoridades, “un abandono rural” visible en montes, campos y bosques, donde se acumula la vegetación seca que funciona como combustible, además de que los recursos para prevenir y combatir el fuego “resultan insuficientes”.

“Sabemos qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Pero esto es un problema político, ideológico. Y por ideológico no quiero decir de un partido u otro, sino de todos. Porque no solo hay un abandono del monte, que es muy importante, sino que también hay una forma mal entendida de cómo proteger la naturaleza”, dice Resco en conversación con Infobae España.

En ese sentido, el docente explica que la intensidad del fuego en áreas protegidas puede ser mayor que en el resto porque puede verse favorecida por la continuidad del paisaje y una mayor cantidad de combustible que aumenta la severidad de las llamas.

El experto explica que los incendios forestales suelen comenzar en áreas transitadas, pero al alcanzar espacios protegidos, las llamas arden con un 20% más de intensidad y severidad que en otras zonas. “El hecho de declarar una zona natural como espacio protegido, como ha ocurrido en el incendio de Tres Cantos en Madrid o en el de Las Médulas en el Bierzo, “no va a protegerlo del incendio”, e incluso a veces agrava el problema, al “dificultar el desarrollo de estas labores de prevención”, añade. De hecho, la Declaración de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza establece que infraestructuras como los cortafuegos, carreteras o líneas eléctricas no cumplen generalmente los requisitos para recibir esta figura de protección.

Resco recuerda que, según estudios científicos, quienes viven cerca de áreas protegidas tienen una probabilidad nueve veces mayor de verse afectados por incendios que quienes residen junto a bosques no protegidos. En muchos casos, al crecer la vegetación de forma abundante en esas zonas protegidas, aumenta el material inflamable y eso hace que los incendios sean más intensos y graves. Por eso hace hincapié en la necesidad de que los gobiernos “impulsen la bioeconomía, fortalezcan el desarrollo rural y adapten las leyes a la realidad local”, ya que las normativas actuales, critica, provienen de contextos europeos que “no responden a nuestras necesidades”.

Se podría repetir el catastrófico escenario de 2022

En 2024 se quemaron 35.603 hectáreas, casi la mitad que en 2023, cuando ardieron 71.296, cifras muy alejadas de las de 2022, que sumó 200.815 y es con diferencia el peor año en superficie forestal quemada en la última década. Aun así, Resco advirtió el año pasado en una entrevista con este medio que esa reducción no era necesariamente positiva, ya que las administraciones seguían sin adoptar medidas efectivas para reducir el impacto de los incendios. También alertó que, si se repetían las condiciones meteorológicas del verano de 2022, que fue extremadamente cálido, como está sucediendo este mes de agosto con la segunda ola de calor del verano, volvería a arder un número similar de hectáreas al de hace tres años. Por ahora, la evolución de los incendios coincide en parte con lo que anticipó, aunque todavía faltan más de cuatro meses para cerrar el año y conocer el balance final.

De momento, desde el 1 de enero y hasta el 3 de agosto, según los últimos datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), la superficie forestal quemada asciende a 39.155 hectáreas. Por otro lado, el número de grandes incendios, los que superan las 500 hectáreas quemadas, ya suman 14, una cifra que supera los 16 que se registraron durante todo el 2023 y los 12 de 2024, mientras que la media del último decenio se sitúa en 13.

En los últimos días, los fuegos, algunos de ellos intencionados, han causado dos muertos y han quemado miles de hectáreas en diferentes regiones, especialmente en Castilla y León, Galicia y Madrid, donde también han sido desalojadas miles de personas y muchas de ellas aún no saben cuándo podrán regresar a sus hogares ni con qué se encontrarán cuando lo hagan.

Este miércoles la ola de calor dará un ligero respiro, pero la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado que se superarán los 35 grados en la mayor parte de la mitad sur de la Península, en las depresiones del noreste y en zonas de Canarias y de Baleares y se alcanzarán los 40 grados en las depresiones de la vertiente sur atlántica, por lo que el riesgo de incendio sigue siendo elevado.

En el caso de Castilla y León, la Junta ha declarado la prolongación de alerta por incremento de riesgo meteorológico de incendios forestales hasta el próximo día 18 en todo su territorio.