
“Después de toda una vida trabajando. Sin baja por maternidad, sin seguro médico, sin paro, sin ningún derecho. Y con un nivel de exigencia profesional idéntico al de cualquier otro autónomo”. Con estas palabras, recogidas por El Diario de Madrid, Marta Gómez Álvarez, decana del Colegio de Abogados de Ourense, describe la situación que viven miles de letrados atrapados en el sistema mutualista.
Su advertencia es clara: “Después de 42 años trabajando, me quedarán 319 euros de pensión”. Una cifra que que ilustra, según ella, el colapso de un modelo avalado por el Estado pero que deja a sus cotizantes sin jubilación digna.
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Un cambio de sistema que dejó indefensos a muchos
La raíz del conflicto está en la evolución de la Mutualidad de la Abogacía, alternativa legal al RETA que ha gestionado durante décadas las aportaciones de miles de abogados. Gómez Álvarez, que cotizó exclusivamente a la mutualidad durante 18 años, descubrió que el rendimiento total acumulado era de apenas 950 euros. “Cuando descubrí lo que me esperaba tras 20 años cotizando, me llevé la sorpresa de mi vida”, dice para el medio citado.
En 2005, la mutualidad pasó de un modelo de capitalización colectiva a uno individual. Gómez Álvarez contrató una prestación definida de 600 euros mensuales, pero las aportaciones de varios meses “desaparecieron sin previo aviso”. Afirma en la misma entrevista: “Lo que había aportado desde febrero hasta noviembre desapareció. Me pasaron literalmente a fondo cero. Nadie nos dijo que desaparecía la prestación definida”.
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Cotizaciones que “no existen” para la Seguridad Social
Tras dos décadas cotizando legalmente, comprobó que la Seguridad Social solo le reconocía 30 días: “Después de 20 años pagando legalmente, entras a la sede electrónica de la Seguridad Social y ves que tienes solo 30 días cotizados. Los 20 años anteriores no computan para nada. No existen para el Estado”, lamenta en sus declaraciones para El diario de Madrid.
Denuncia también que, cuando se produjo el cambio de sistema en 2005, algunos miembros de juntas de gobierno pudieron mantenerse en el plan antiguo con prestación definida, mientras al resto no se les informó. Además, en su entrevista critica la relación entre la mutualidad y el Consejo General de la Abogacía: “La Mutualidad de la Abogacía y el Consejo General están conectados por puertas giratorias… Es el mismo ecosistema de poder, que actúa como un muro institucional”.
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Sobre el sistema de votación, afirma que “mi marido, que no es abogado, tiene un seguro de vida y puede votar igual que yo, que llevo 20 años cotizando. Los empleados de los colegios y de la mutualidad también votan”. En lo económico, denuncia que los intereses prometidos nunca se aplican y que el patrimonio acumulado no revierte en los mutualistas: “Yo llegué a pagar el doble durante años… y sigue bajando”, dice para el medio nombrado.
Gómez Álvarez concluye que la responsabilidad última es del Estado: “No estamos fuera de la ley. Hemos estado cotizando legalmente, pagando impuestos, contribuyendo al sistema. Y ahora se nos dice que esos años no cuentan… No queremos privilegios. Solo exigimos ser tratados como cualquier otro trabajador de este país”.
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