Desarticulan una red de trata con fines de explotación sexual en Gandía: el control sobre las víctimas era absoluto

Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos para su explotación sexual en pisos ubicados en Gandía (Valencia). Se han identificado a un total de 38 mujeres explotadas, de las que seis han sido liberadas, según han informado este miércoles ambos cuerpos de seguridad en un comunicado, mientras que han sido detenidas siete personas.

Las víctimas, en su mayoría de origen colombiano, eran captadas en su país de origen para venir a España mediante la falsa promesa de obtener grandes beneficios ejerciendo la prostitución, cuando en realidad adquirían una deuda que debían saldar prostituyéndose “sin descanso, 24 horas, siete días a la semana, sin poder negarse a clientes ni poder abandonar el piso sin vigilancia”.

Durante los registros se incautaron más de 15.000 euros en efectivo, 11 vehículos, 14 teléfonos móviles y diversas sustancias estupefacientes (cocaína y tusi), además de 250 dosis de potenciadores sexuales y otras sustancias anabolizantes, material de inyección y documentación probatoria relacionada con los delitos.

El caso se remonta a 2024, cuando la desarticulación de una red de explotación sexual en Málaga permitió a los investigadores detectar un patrón de intercambio de víctimas entre organizaciones criminales. Una de estas redes, identificada en Gandía, se convirtió en el siguiente objetivo tras la declaración de una mujer que denunció haber sido víctima de trata y explotación sexual en esa localidad. La colaboración entre las fuerzas de seguridad permitió trazar el funcionamiento interno de la organización, compuesta por individuos de origen búlgaro y colombiano, que operaba con una estructura transnacional y métodos de captación y control altamente organizados.

El proceso de captación comenzaba en Colombia, donde colaboradoras de la red localizaban a mujeres jóvenes, de entre 18 y 25 años, en situaciones de vulnerabilidad económica. El líder de la organización contactaba con las potenciales víctimas mediante videollamadas, prometiéndoles ingresos elevados a cambio de ejercer la prostitución en España, si bien las condiciones reales implicaban una explotación extrema.

Una vez que las mujeres aceptaban la oferta, la organización se encargaba de costear los billetes de avión y otros gastos necesarios para el viaje a España. Antes de partir, las víctimas recibían instrucciones precisas para simular su entrada como turistas y evitar ser detectadas en los controles del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Al llegar, miembros de la red las recogían y trasladaban directamente al piso prostíbulo de Gandía, donde comenzaba su explotación. En los pocos casos que no existía deuda, la red imponía un reparto de beneficios del 50%.

Las obligaban a consumir droga

La explotación, según han informado las autoridades, también incluía la coacción para consumir drogas como cocaína o tusi cuando los clientes lo requerían. El objetivo era mantenerlas activas durante más tiempo, además de satisfacer las demandas de los clientes y maximizar los ingresos de la organización.

La investigación policial reveló asimismo que la red no solo se dedicaba a la explotación sexual, sino también al blanqueo de capitales. Utilizaban monederos virtuales para transferir fondos ilícitos a otros países, como Bulgaria, donde adquirían bienes muebles e inmuebles. Además, varios miembros figuraban como trabajadores autónomos en actividades aparentemente legales, como talleres mecánicos, con el propósito de legitimar el dinero procedente de la prostitución.

Punto de tránsito y destino en Europa

España se mantiene entre los principales puntos de tránsito y destino en Europa para las víctimas de trata de personas, en su mayoría explotadas sexualmente. El fenómeno está ligado a la migración, la falta de recursos económicos y las dificultades para acceder al mercado, entre otros factores, según informa la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp), donde recuerdan que la trata constituye una grave violación de derechos humanos.

Eurostat registró en su último informe de víctimas de trata detectadas en Europa en 2023 cerca de 10.800 personas, de las que un 63% eran mujeres y niñas explotadas sexualmente.