Nuevo caso de explotación sexual en España. Una organización que creaba prostíbulos clandestinos ha caído, dejando un total de 37 detenidos. 162 mujeres han sido liberadas de ser forzadas a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero. El grupo criminal se extendía por varias provincias españolas y las víctimas llegaban principalmente desde Sudamérica.
La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarrollado esta operación de forma conjunta. La investigación policial comenzó tras la denuncia presentada por tres personas que afirmaron haber sido explotadas sexualmente por varios individuos en distintas localidades de España.
La red criminal tenía su base en las tres provincias de la Comunidad Valenciana y había empezado a extenderse a otros territorios como Barcelona, Málaga, Murcia y Tarragona. De los 37 detenidos, 22 se encontraban en Valencia y nueve de ellos han entrado en prisión provisional. Se han llevado a cabo casi 40 registros por toda la península, con 141.000 euros en efectivo y tres vehículos interceptados.
La organización criminal
La investigación permitió determinar que la organización delictiva se encontraba dividida en tres posiciones jerárquicas bien definidas. En lo más alto figuraban los cabecillas, vinculados por lazos familiares y personales, dueños o arrendatarios de los inmuebles y quienes gestionaban la mayor parte de las ganancias derivadas de sus actividades.
El segundo estrato incluía a individuos de máxima confianza. Eran los responsables de supervisar los establecimientos involucrados, gestionar el cobro de las ganancias y coordinar a quienes ejercían funciones de control interno. En el tercer nivel se encontraban las encargadas responsables de vigilar a las víctimas, los conductores o personas dedicadas a la distribución de sustancias ilegales.
Por otro lado, la Agencia Tributaria impulsó una investigación sobre el patrimonio de la organización, tras encontrar indicios de posibles delitos de blanqueo de dinero. Se logró identificar a las personas que controlaban las empresas pantalla utilizadas para camuflar los ingresos ilícitos.
La investigación patrimonial continúa activa, analizando movimientos bancarios y documentos incautados, entre los que figuran libretas contables y dispositivos electrónicos con registros financieros. Se están investigando 60 cuentas bancarias de los presuntos responsables busca asegurar su eventual decomiso.
Condiciones inhumanas de las víctimas
Al horror de ser obligadas a mantener relaciones sexuales, en este tipo de casos suele sumarse unas condiciones pésimas de calidad de vida o higiene de las víctimas. Disponían únicamente de un margen de dos horas al día, durante la mañana, para salir de los inmuebles, y tenían la obligación de estar a disposición de la organización en todo momento.
Los responsables mantenían un control permanente sobre los locales y las víctimas, a través de un sistema de videovigilancia. Los delincuentes se quedaba con el 50% del dinero generado, mientras que la otra mitad correspondía a las mujeres. Además, a las víctimas se les imponían multas por incumplir estas estrictas normas.
La organización adquiría o alquilaba viviendas unifamiliares o locales comerciales, a menudo mediante sociedades pantalla, ocultando lo servicios sexuales con supuestos centros de masajes. Reformaban los inmuebles y las víctimas dormían en condiciones insalubres y con muy poco espacio. Las encargadas vigilaban continuamente, gestionaban cobros y les suministraban drogas bajo demanda.
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