La Policía Nacional de España detuvo a cinco personas y desarticuló una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres colombianas en varios pisos ubicados en seis regiones del país ibérico.
Las víctimas eran engañadas en Colombia con falsas promesas de empleo y obligadas a pagar deudas que llegaban hasta los 8.000 euros (aproximadamente 38 millones de pesos), que debían saldar ejerciendo la prostitución.
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La operación, que comenzó en septiembre de 2024 tras la denuncia de una de las víctimas, permitió liberar a 18 mujeres. Los capturados fueron arrestados en Bilbao y Gijón, y dos de ellos están en prisión preventiva.
Además, se allanaron siete inmuebles y se ordenó el cierre judicial de seis viviendas utilizadas por la red para sus actividades ilegales.
Según la investigación, la organización criminal captaba a mujeres en Colombia ofreciéndoles trabajos bien remunerados o mejores condiciones económicas en España.
Para facilitar su ingreso, les compraban los tiquetes aéreos y les entregaban dinero para evadir controles migratorios, haciéndolas pasar por turistas.
Ya en territorio español, les quitaban los pasaportes y les informaban de una supuesta deuda que oscilaba entre 3.000 y 4.500 euros, aunque en algunos casos llegaba hasta los 8.000 euros, que debían pagar con servicios sexuales.
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Las mujeres, en situación de alta vulnerabilidad, tenían que estar disponibles las 24 horas del día, sin posibilidad de negarse a atender clientes.
Además, la red les imponía una rotación quincenal entre diferentes pisos, dificultando su estabilidad y aumentando su dependencia. La explotación incluía agresiones físicas si se negaban a trabajar, incluso por motivos de salud, y las obligaban a consumir drogas para mantener el ritmo de trabajo, una práctica que también usaban para atraer clientes.
La organización utilizaba a las víctimas para lavar el dinero proveniente de la explotación sexual, obligándolas a abrir cuentas bancarias a su nombre, las cuales eran manejadas para mover los recursos ilícitos.
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Durante los allanamientos, la Policía de España incautó más de 12.000 euros en efectivo, teléfonos celulares y documentos relacionados con la red, y bloqueó varias cuentas bancarias vinculadas al grupo criminal.
La investigación continúa abierta para identificar a más integrantes de esta red y localizar a otras posibles víctimas.
La institución de ese país destacó la complejidad de la estructura, que operaba en varias ciudades y regiones con distintas ramas autónomas, lo que dificultaba su detección y seguimiento.
Desarticulan red internacional que transmitía en vivo abusos sexuales contra menores en América Latina y Europa
El 16 de junio de 2025, autoridades de Francia y Colombia, con apoyo de agencias estadounidenses, desarticularon una red criminal dedicada al abuso sexual infantil transmitido en vivo por Internet.
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Esta operación conjunta detuvo a los principales responsables de una organización que operaba un esquema sofisticado, en el que patrocinadores de países desarrollados financiaban agresiones a menores en regiones vulnerables a cambio de transmisiones en tiempo real.
La investigación, que duró varios meses, reveló que los financistas, ubicados principalmente en Europa y América del Norte, transferían fondos a intermediarios en América Latina, quienes organizaban y facilitaban los abusos.
Según la Fiscalía de París, estos pagos se realizaban para ver en directo violaciones y agresiones a menores, que se transmitían por plataformas digitales cifradas, dificultando su rastreo.
Un punto clave fue el seguimiento de “moneyrunners”, intermediarios financieros que facilitaban el flujo de dinero entre continentes.
El principal sospechoso, detenido en Lille (Francia), es Richard Gilbert, de 55 años, acusado de financiar abusos en Colombia y de delitos como trata de personas e instigación a violación de menores.
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En Colombia, las autoridades arrestaron a tres personas vinculadas con la logística del delito, incluyendo familiares de víctimas y técnicos de las transmisiones.
El presidente Gustavo Petro destacó la importancia de la cooperación internacional para proteger a menores vulnerables, quienes ya reciben atención psicológica y social.
La investigación sigue abierta para identificar posibles ramificaciones en otros países y vínculos con otros delitos.
El caso pone en evidencia la urgencia de fortalecer la cooperación global, la regulación de plataformas digitales y el desarrollo de herramientas para combatir el abuso sexual infantil en línea, un fenómeno complejo que representa uno de los mayores desafíos del crimen digital transnacional.
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