“Su familia suplicaba que no los casaran”: Francia debate prohibir el matrimonio para las personas en situación irregular

Los matrimonios de conveniencia son un tema delicado debido a que es muy difícil de esclarecer exactamente su naturaleza. Bajo esta premisa, la Asamblea Nacional de Francia está debatiendo un proyecto de ley para fortalecer los poderes de los registradores civiles y la fiscalía en la lucha contra los matrimonios simulados o concertados.

Actualmente, la ley francesa exige que los alcaldes entrevisten a los futuros cónyuges para verificar la autenticidad del matrimonio, sin embargo no hay una ley que les permita cancelarlo debido a que el matrimonio se considera un derecho universal.

Un reciente caso ha hecho saltar las alarmas en Francia, motivo por el que muchas personas han exigido que se creen más herramientas para poder evitar este tipo de matrimonios que se hacen únicamente para que un extranjero obtenga los papeles.

Según informa Franceinfo, Marlène Mourier, alcaldesa de Bourg-les-Valence, se opuso a la unión del matrimonio debido a diferentes irregularidades. La más clara de ellas es que ambas partes admitieron que el motivo principal para contraer matrimonio era para que el hombre pudiese obtener la nacionalidad.

“Cuando mi asistente entrevistó a los futuros novios, el propio hombre dijo que la razón principal del matrimonio eran los papeles. Desde entonces, ya no hubo ninguna duda y me negué a casarlos”, explicó la alcaldesa al medio francés.

“Su familia suplicaba que no los casaran”

Este no es el primer caso que presencia la alcaldesa en el que sospecha que hay un matrimonio de conveniencia. A lo largo de su mandato ha visto cinco casos más, pero destaca uno de ellos como el más llamativo.

Hace unos años un francés de 76 años se casó con una senegalesa de 30 años. En un principio le pareció sospechoso, pero su confirmación final fue cuando la familia de la africana intervino. “Su familia me suplicaba que no los casara, sin embargo no tuve más remedio”, confiesa la alcaldesa.

En el caso de que un alcalde se niegue a casar a dos personas, este se enfrenta a penas muy duras: desde multas de 75.000 euros hasta cinco años de cárcel. La alcaldesa señala que deberían tener más herramientas para poder oponerse a casos tan claros en los que se busca la nacionalidad.

“El alcalde no debería convertirse en investigador”

No todos los alcaldes están de acuerdo con esta postura. “El matrimonio es un derecho universal e inalienable. El alcalde no debería convertirse en investigador; esa no es en absoluto su función”, explica Thierry Bosch, teniente de alcalde de la ciudad francesa Bourg-en-Bresse.

Para él, la evaluación del consentimiento y las decisiones de oponerse al matrimonio deben seguir siendo responsabilidad del fiscal y no de los alcaldes. En el caso de que ellos tuviesen la potestad, los matrimonios podrían verse afectados por la mera intuición de los alcaldes, que no están cualificados para llevar a cabo esa labor.

El proyecto de ley busca redefinir el rol de los alcaldes en el control de matrimonios, generando un debate crucial sobre el equilibrio entre la lucha contra el fraude y la preservación de los derechos fundamentales. Su aprobación podría transformar significativamente el proceso y las responsabilidades en la unión civil.