
El Parlamento de Andalucía envió al Congreso de los Diputados una ley que persigue implementarse más allá de Despeñaperros. En concreto, la norma establece la gratuidad de los productos ópticos y de salud visual para los menores y, en el caso de los mayores de edad, la financiación según la renta. “La ley genera un derecho universal a la salud visual para los menores de edad, teniendo en cuenta que el desarrollo educativo e infantil está muy relacionado con la salud visual”, sostiene a Infobae España la diputada de Adelante Andalucía en el parlamento autonómico, Maribel Mora.
Su formación, con solo dos representantes en la cámara andaluza, impulsó la ley, y después de meses de negociaciones —fundamentalmente con el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla (PP), cuyo partido tiene mayoría absoluta—, logró que la ley se aprobara por unanimidad el pasado miércoles. Este paso permitió el envío de la norma al Congreso, donde se espera que sus señorías den el visto bueno en unos meses. “Esperemos que esté en vigor en 2025″, prevé Mora.
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La diputada de la formación fundada por Teresa Rodríguez y José María González Kichi, entre otros, confía en que su tramitación en el Congreso sea rápida porque la propuesta ha cosechado una inédita unanimidad. “Entendemos que habrá interés de los grupos que están en Madrid de agilizarlo”, añade. Para establecer este pronóstico, Mora se apoya también en que el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, les trasladó en una reunión mantenida hace unos meses “su voluntad de que se tramite de manera rápida”.

La representante de Adelante Andalucía cree que ha habido dos factores que han inclinado la balanza hacia su aprobación. Por un lado, los resultados recogidos en la Encuesta Europea de Salud del año 2020, que pusieron de manifiesto que el 61% de la población utiliza algún producto de salud visual, especialmente gafas y lentillas.
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En dicha encuesta se refleja que existen algunos condicionantes sobre el uso de los productos ópticos y salud visual. Así, existe un “claro sesgo de clase”, que estaría relacionado con el precio de los productos ópticos y de salud visual, además de otros factores sociales, como “la existencia de hasta 12 puntos de diferencia entre el porcentaje de uso de gafas y lentillas entre las categorías profesionales de ‘trabajadores no cualificados’ y ‘directores y gerentes’, en favor de los segundos”.
Asimismo, de la encuesta se puede extraer un “sesgo territorial que indudablemente estaría relacionado, junto a otras variables, con el sesgo económico”. En Andalucía, el porcentaje de personas que usan gafas o lentillas es de un 54,89%, seis puntos por debajo de la media estatal, y es la comunidad autónoma con menor índice en ese sentido. “Y no es porque los andaluces veamos mejor”, incide Mora. “El componente territorial y de clase hace que todo lo que implica la salud visual en Andalucía está especialmente siendo vulnerada por la situación de pobreza”, sintetiza la diputada.
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Casi 200 euros por unas gafas
El otro factor es que la financiación de estas prestaciones no recaerá en esta región, “machacada por el sistema de financiación que existe en el Estado”, sino que deberá ser asumida por el Sistema Nacional de Salud. Según las estimaciones que hace la formación, el coste anual de la medida sería de 261,64 millones de euros, de los que 50,15 millones habría que transferirlos a Andalucía. “Es una cantidad muy asumible dentro de lo que es el presupuesto millonario que suele manejar el Ministerio de Sanidad”, dice Mora.
Teniendo en cuenta que el coste medio de las gafas es de 197,35 euros, la población de menores de edad con problemas visuales no resueltos es del 31%, según los datos ofrecidos por este partido, de carácter andalucista. Aunque existen productos de salud visual incluidos en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, dentro de la prestación ortoprotésica, la norma señala que es “necesario contemplar una nueva prestación que los englobe, habida cuenta de la demanda y diferencias por razones de índole socioeconómica que sufre la población a la hora de acceder a estos productos”.
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Por tanto, se hace necesario incluir esta prestación de “forma gratuita para menores de edad y con aportaciones, en función de su situación socioeconómica, para las personas mayores de edad, incorporando así medidas que permitan reducir la brecha social que, con relación a la pobreza visual, sufre actualmente España y que garanticen la igualdad de acceso a este nuevo derecho de los ciudadanos que se consagra con la publicación de la presente ley”, resume la ley.
El partido reivindica que “el andalucismo defiende derechos universales y para todos”. Mora destaca además que esta ley acaba con una laguna existente, ya que “se le ha dado a la salud visual una entidad diferente”. En este sentido, subraya su importancia en Andalucía. “Estamos muy contentos de ampliar un derecho”, añade, para luego pedir al resto de grupos que contribuyan a impulsar la norma en el Congreso después de que Andalucía pusiera la primera piedra gracias al trabajo de su formación: “Nosotros hemos hecho aquí las gestiones oportunas para que sea así”.
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