El novio de Díaz Ayuso pide 4 años de prisión e inhabilitar al fiscal general por revelación de secretos

También reclama que se le imponga una multa de más de 100.00 euros y una indemnización de 300.000 por el daño sufrido

La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador (Diego Radamés - Europa Press)
La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador (Diego Radamés - Europa Press)
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Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al Tribunal Supremo que envíe a juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y que le condene a cuatro años de prisión y que le inhabilite por un delito de revelación de secretos.

Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que también reclama que se suspenda de empleo y sueldo a García Ortiz por tres años, así como la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado. Asimismo, solicita que se le imponga una multa de 108.000 euros.

En el caso de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez --procesada junto a García Ortiz--, el novio de Díaz Ayuso pide tres años de prisión, suspensión de empleo de dos años y multa de 36.000 euros, así como la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo que ocupa.

“Hechos delictivos”

González Amador considera que ambos protagonizaron “hechos delictivos” que le causaron un “continuado e incesante daño en la intimidad, la protección de datos, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el honor de imposible restitución”. Por ello, solicita que los dos acusados le “indemnicen los perjuicios morales causados” en una cuantía de 300.000 euros.

Al hilo, sostiene que García Ortiz y Rodríguez “son responsables civiles directos y subsidiarios”: él como autor del delito de revelación de secretos y ella como cooperadora necesaria de dicho delito, “correspondiendo al primero una cuota de 3/5 y a la segunda una cuota de 2/5”.

El escrito de acusación se apoya también en que “García Ortiz posee bajo su disposición por haberse apropiado de él y no haberlo devuelto” el teléfono móvil “que usaba entre los días 7 y 14 de marzo de 2024”. Para el abogado, si no lo ha entregado, pudiendo contener pruebas de su inocencia, es porque “evidentemente” en realidad albergaría “el registro detallado de su actividad delictiva”.

Seis años de cárcel

Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), otra de las acusaciones, ha solicitado que sea condenado a 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación por un delito de prevaricación en concurso con uno continuado de revelación de secretos.

Así consta en el escrito de acusación presentado por la APIF, que ejerce la acusación popular representada por los letrados Juan Antonio Frago, Verónica Suárez, Álvaro Bernad Sánchez y Napoleón Cánovas, y al que ha tenido acceso Europa Press.

En el mismo se dirige a García Ortiz como autor de dichos delitos y a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a la que señala como cooperadora necesaria de los mismos delitos y para la que reclama 4 años de prisión y otros 12 años de inhabilitación.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido que su permanencia en el puesto es "absolutamente normal" ya que "no puede ser" que la mentira "derrote a un fiscal general".

Acusa a ambos de una revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la presunta filtración de un correo electrónico clave, entre su letrado y la Fiscalía para negociar un acuerdo de conformidad.

La APIF afirma que los dos “se prevalieron de su condición de fiscales de máxima autoridad para perseguir objetivos puramente privados y políticos”. “En concreto, utilizaron los mecanismos que tenían a su disposición para conseguir irregularmente y revelar ilícitamente datos confidenciales de un particular anónimo con la única meta de ‘ganar un relato’. Es evidente que un actuar semejante ha degradado de forma absoluta la percepción social de la Fiscalía como organismo constitucional”, critica.

(Noticia elaborada por Europa Press)

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