“Necesitan soluciones urgentes”: la importancia de “despolitizar” el reparto de los menores migrantes no acompañados ante la saturación de los servicios

El objetivo de la Conferencia Sectorial extraordinaria de Infancia y Adolescencia celebrada este lunes entre el Gobierno y las comunidades autónomas era llegar a un acuerdo sobre los términos en los que se llevará a cabo el reparto de menores migrantes no acompañados desde zonas tensionadas como Canarias o Ceuta, pero tras cuatro horas de reunión, fue imposible pactar. Aunque esta vez, a pesar del rechazo de las regiones presididas por el PP al decreto que modifica los criterios de distribución de los niños, niñas y adolescentes migrantes y “ante la ausencia de propuestas”, el Ejecutivo decidió seguir adelante con su plan y dar un plazo de 10 días a las regiones -hasta el 15 de mayo- para que aporten toda la información sobre el número de menores acogidos en la actualidad.

“Hemos visto cómo el acuerdo voluntario no ha funcionado en los últimos años, en los que menos de la mitad de los niños han sido acogidos; a partir de esta realidad planteamos la modificación del artículo 35 [de la Ley de Extranjería] que es la manera estructural de acoger a estos niños con garantías y con unos criterios de viabilidad a sus proyectos de vida y en eso estamos”, indicó la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tras la conferencia sectorial. Fue el pasado mes de marzo cuando PSOE y Junts per Catalunya llegaron a un acuerdo para modificar el artículo 35 de esa ley, una reforma que establece baremos para determinar la distribución de los menores, teniendo en cuenta factores como la renta y el desempleo de cada región, así como las inversiones previas para acoger a estos niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, la implementación de la reforma no está resultando sencilla.

Desde Unicef, organización que lamenta que no se llegara a resultados concretos en la conferencia sectorial, recuerdan que las soluciones para la infancia migrante “no pueden esperar más” y por ello han propuesto la creación de una unidad técnica especializada en infancia que se despliegue durante las próximas semanas en Canarias, Ceuta y las comunidades autónomas que lo requieran “para que profesionales expertos pueda evaluar el interés superior de los menores, identificar sus necesidades y ayudar a que se les escuche”. El objetivo de esa unidad, aclara la ONG, es que se puedan tomar “las decisiones más oportunas” en cada caso, por lo que instan a todas las partes a que trabajen para llegar a un consenso.

“La situación de muchos menores en Ceuta y Canarias, sobre todo por el elevado número que hay, es crítica y de emergencia. El sistema de protección y todos los sistemas relacionados con servicios básicos para estos niños y niñas están completamente colapsados y, cuando esto ocurre, se producen dificultades y vulneraciones muy claras de sus derechos”, comenta Sara Collantes, especialista en migraciones de Unicef, en conversación con Infobae España, que asegura que “no hay ningún tipo de trato individualizado” ni se puede supervisar de forma adecuada qué está ocurriendo en esos centros.

“Necesitan soluciones urgentes”

Tras una experiencia migratoria que suele ser traumática, muchos de estos menores que llegan a España sin su familia tienen necesidades de apoyo psicológico, recuerda Collantes, además de que enfrentan problemas de escolarización, debido a la falta de documentos, dificultades idiomáticas y la falta de acceso programación de integración. “Son problemas que se suelen dar cada vez que hay una saturación como la actual, por eso necesitan soluciones de forma urgente”, añade Collantes, y en ese sentido, el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas ayudaría a aliviar la situación de Canarias, cuyo Gobierno tutela actualmente a más de 5.000 niños, niñas y adolescentes.

“Se trata de herramientas que pueden ayudar a dar una respuesta urgente, siempre y cuando haya colaboración, cooperación y coordinación entre las comunidades autónomas y el Estado”, insiste Collantes. Por ello, desde Unicef confían en que se lleve a cabo la implementación urgente de los traslados, así como el reparto económico de los fondos por parte del Ejecutivo central con la mayor celeridad posible.

“Hay que responder con agilidad y apelamos a que se ponga el interés superior de los niños en el centro y apartemos el resto de intereses para poder acordar una medida eficaz y urgente”, sostiene la especialista en migraciones.

También la ONG Accem reclama una mayor agilidad en la implementación del decreto aprobado en marzo por el Gobierno, ya que debido a esa saturación de los servicios, “no existen las condiciones para que haya una acogida digna en la que se pongan en el centro los problemas, las necesidades que tienen estos niños”. Estos menores, recuerda la organización, son además “doblemente vulnerables”, porque son personas migrantes que se enfrentan a un proceso migratorio muy duro, haciendo uso de vías irregulares por falta de vías legales y seguras y lo hacen siendo menores, siendo niños y niñas".

Ambas organizaciones aseguran que España, un país de 48 millones de habitantes, tiene capacidad más que suficiente para acoger a los cerca de 4.400 menores migrantes que el Gobierno pretende trasladar a las diferentes autonomías, y que en la mayoría de casos se ven obligados a huir de sus países a causa de la violencia, los conflictos o la pobreza extrema, pese al riesgo que corren al echarse al mar en embarcaciones precarias. “España tiene la capacidad de dar respuesta a las necesidades de protección de infancia que tienen estos chicos y chicas, si hay voluntad política y si despolitizamos con urgencia este asunto”, concluye Collantes.