La UCO no encuentra “información de interés” en los datos aportados por Google y Whatsapp del fiscal general

Por ello, el magistrado Ángel Luis Hurtado ha acordado hoy levantar el secreto que pesaba sobre las dos piezas separadas

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz (Mateo Lanzuela - Europa Press)
El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz (Mateo Lanzuela - Europa Press)
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El magistrado Ángel Luis Hurtado, instructor de la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado por presunto delito de revelación de secretos, ha acordado hoy levantar el secreto que pesaba sobre las dos piezas separadas que abrió la semana pasada para el análisis pericial del material remitido en las comisiones rogatorias recibidas de Irlanda y Estados Unidos, referentes a cuentas del investigado en Google y Whatsapp, respectivamente.

La decisión se adopta al haber concluido la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tras analizar el material, que en la información aportada por Irlanda, en relación a los datos de Google, no se aporta ningún correo nuevo de interés para la presente causa, y respecto de la información remitida por Estados Unidos, en relación con los datos de Whatsapp, no existe ninguna información inédita de interés para la investigación.

Ante el resultado negativo del análisis pericial de la UCO, el juez señala que las razones para acordar el secreto de las dos piezas separadas han desaparecido, por lo que se alza el mismo y se acuerda dar copia del informe a las partes.

Datos de Irlanda y Estados Unidos

Fue en octubre del año pasado cuando el Alto Tribunal decidió investir al fiscal general del Estado, después de que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le denunciara para conocer si este filtró a la prensa un correo electrónico enviado al ministerio público, después de que el novio de la presidenta reconociera haber cometido varios delitos fiscales.

El pasado 20 de enero, el Tribunal Supremo autorizó una serie de diligencias, entre las que destacaba la emisión de comisiones rogatorias a los proveedores de servicios de mensajería WhatsApp y Google y recuperar así la información enviada y recibida por los dos teléfonos del fiscal general entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, fechas en las que se filtró el correo del abogado de González Amador y además ofrecía un pacto a la Fiscalía para que este se librara de la cárcel. El objetivo era obtener datos sobre las comunicaciones de los usuarios asociados a dos números de teléfono específicos y una cuenta de correo electrónico, solicitando información como mensajes, registros de comunicaciones, copias de seguridad y archivos multimedia asociados a las cuentas.

Correo enviado por el fiscal Salto al abogado de González Amador el 12 de marzo.
Correo enviado por el fiscal Salto al abogado de González Amador el 12 de marzo

Estas solicitudes internacionales fueron dirigidas tanto a Irlanda, donde se encuentra Meta (responsable de WhatsApp), como a Estados Unidos. “Con fecha 10 de marzo de 2025, se recibió comunicación de la Autoridad de ejecución en Irlanda poniendo de manifiesto que Meta Platforms Ireland Limited está gestionada desde EEUU, en consecuencia, se libró la correspondiente Comisión Rogatoria a dicho Estado en la misma fecha”, señala el documento.

Dos carpetas zip

Como puntualizó el instructor en el auto que solicitaba esta información, la respuesta se conoció el 23 de abril, mediante una documentación en la que que se remitían dos carpetas en formato zip, a la que se acompañaban dos escritos, uno de ellos en inglés.

El fiscal general declara ante el Supremo: Claves y la presunta filtración.

Finalmente, el magistrado Hurtado acordó proceder con un análisis pericial sobre la información obtenida. Además, se establecía que los resultados y avances del análisis pericial debían ser informados al instructor del caso cada cinco días. Este análisis se concentró en el periodo comprendido entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, y se llevó a cabo por miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Además, también se solicitó que los documentos recibidos que estén en inglés se tradujeran al español.

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