El Tribunal de Cuentas ha acordado elevar a la Sección de Enjuiciamiento la propuesta de nombrar un delegado o delegada instructor para investigar la compra de un ático de 6,3 millones de euros adquirido por la empresa pública Planifica Madrid, según un auto del organismo. La resolución da curso a siete denuncias presentadas entre agosto y octubre contra una operación inmobiliaria vinculada al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El expediente se inició a partir de denuncias de varios particulares, el grupo parlamentario Más Madrid y una diputada regional, a las que se sumaron después otros tres denunciantes. Todos señalaron que Planifica Madrid, propiedad íntegra de la Comunidad de Madrid, compró en abril de 2026 una vivienda-ático en la calle General Martínez Campos, con 485 metros cuadrados, de los que 199 corresponden a una terraza.
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De las siete personas que denunciaron, solo tres mantuvieron la acción pública de responsabilidad contable, entre ellas el grupo Más Madrid. El resto prefirió quedar como meros denunciantes y fue apartado del procedimiento.
De febrero a julio
El Ministerio Fiscal se pronunció dos veces, el 14 y el 27 de octubre, a favor de nombrar un instructor para investigar los hechos. Según el auto, el Ministerio Fiscal consideró que las alegaciones de la Comunidad de Madrid y Planifica no desvirtúan, por el momento, las irregularidades denunciadas. Frente a esta postura, la Comunidad de Madrid y Planifica pidieron el archivo del caso, al considerar que la compra forma parte de la actividad ordinaria de la empresa pública y que el inmueble sigue en su patrimonio, sin que exista un saldo injustificado.
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El contrato de arras se firmó el 27 de febrero de 2026, con un pago inicial de 630.000 euros, y la escritura de compraventa se formalizó el 14 de abril, con el desembolso del resto, 5.670.000 euros. Según las denuncias, en ese momento no existía un encargo formal de la Comunidad de Madrid ni una memoria que justificara la necesidad de la compra. Ese documento apareció recién el 2 de julio, casi tres meses después, y alegaba la necesidad de contar con un inmueble institucional para alojamiento ocasional de autoridades mientras duraban las obras en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.
El contrato de arrendamiento entre Planifica y la Comunidad de Madrid se firmó el 28 de julio, pero se resolvió de mutuo acuerdo el 15 de septiembre, sin que el inmueble llegara a usarse. Antes de esa fecha, el consejero de Presidencia, que preside también Planifica, había anunciado la venta del ático junto a otro inmueble de la calle Gran Vía para destinar lo recaudado a la reconstrucción tras los incendios forestales que afectaron a la región. La primera licitación, abierta el 7 de agosto con un precio de salida de 6.694.201 euros, quedó desierta por falta de ofertas.
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Un “presunto alcance a los fondos públicos”
Las denuncias apuntan también a una posible diferencia entre el precio pagado y el valor de mercado. Una primera tasación de la empresa Gesvalt, del 13 de febrero, fijó el valor del inmueble en 6.242.884,19 euros, por debajo de los 6,3 millones abonados. La Comunidad de Madrid y Planifica aportaron una segunda tasación de la misma empresa, del 15 de octubre, que eleva el valor a 6.320.341,26 euros al incluir parte de la terraza cerrada como superficie útil, lo que descartaría el sobreprecio. Los denunciantes replican que ese cerramiento, realizado entre 2007 y 2010, pudo contravenir las normas urbanísticas de Madrid, lo que reduciría el valor real del inmueble. Según sus cálculos, el perjuicio a los fondos públicos ascendería a un mínimo de 437.058,46 euros.
En su resolución, el Tribunal de Cuentas recuerda que el archivo de un expediente solo procede cuando los hechos denunciados no muestran, de forma clara, indicios de daño a los fondos públicos. El auto concluye que existen dudas razonables sobre si los estatutos de Planifica, que limitan sus operaciones a usos administrativos de la Comunidad de Madrid, amparaban la compra de una vivienda, y sobre si la inversión de 6,3 millones de euros tuvo una justificación legal en el momento en que se realizó. “En los hechos denunciados existen indicios de que haya podido producirse un presunto alcance a los fondos públicos”, señala el documento, que aclara que esta valoración no adelanta si existieron finalmente irregularidades.
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La Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas deberá designar ahora al delegado o delegada instructor que llevará adelante la investigación. Contra esta resolución cabe presentar recurso de reposición en un plazo de cinco días.
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